30 mar 2020

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JUICIO DEL 'PROCÉS'

El tribunal del 'procés' suma al juicio decidir sobre actos electorales

La JEC pasa al Supremo la petición de Sànchez pese a tener hasta un informe contrario de Prisiones

La Sala prevé sesiones de martes a jueves y también debe pronunciarse sobre la última petición de libertad

Ángeles Vázquez

El presidente del tribunal del juicio al ’procés’, Manuel Marchena. 

El presidente del tribunal del juicio al ’procés’, Manuel Marchena. 

Si el Tribunal Supremo albergaba alguna esperanza de que la Junta Electoral Central (JEC) compartiera de algún modo su responsabilidad en relación con las decisiones que afectan a los líderes del 'procés' que se encuentran en prisión y concurren a las próximas elecciones, ya ha podido comprobar que no será así. Serán los siete magistrados que les juzgan, con Manuel Marchena a la cabeza, quienes tendrán que pronunciarse no solo sobre su última petición de ser excarcelados, sino también sobre cualquier celebración de actos electorales que planteen.

Eso es lo que se concluye después de que el órgano que supervisa los comicios le haya pasado la pelota ante peticiones tan inusuales como celebrar un debate en la cárcel madrileña de Soto del Real de los número 1 de la lista por Barcelona, planteado por Junts per Catalunya, o "actos de campaña" allí y en la cárcel de Alcalá-Meco, solicitados por Esquerra.

La junta electoral ha rehusado pronunciarse pese a disponer de informes contrarios de Instituciones Penitenciarias tanto por la alteración que supone de las normas del centro penitenciario como por tratarse de actos muy diferentes a los que protagonizó Podemos durante la campaña de las andaluzas, con los que la formación morada quiso recabar el voto de los presos, no intentó captarlo en el exterior por estar presos.

Juicio y autos

Ante esta situación el tribunal que preside Manuel Marchena tendrá que sacar tiempo extra para poder compaginar un juicio, que se celebra en jornadas de mañana y tarde al menos de martes a jueves, con el estudio de la ley orgánica de régimen electoral (LOREG) para poder pronunciarse sobre los actos en el interior de las cárceles en las que están ingresados nueve de los acusados, los hombres en Soto y las mujeres en Alcalá. Y ello pese a que al menos uno de ellos, el debate propuesto por el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, en el caso de aceptarse, será difícilmente aceptado por el resto de candidatos. 

Además, nada más proclamarse sus candidaturas, sobre la mesa de la Sala figura la última petición de libertad de los candidatos a las generales: Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, al Congreso por Junts per Cat, y Oriol Junqueras, por ERC. Raül Romeva concurre al Senado por esta formación. Del futuro que tenga su solicitud dependerá que los otros siete acusados se animen a acompañar de una u otra forma a Joaquim Forn, que se cuenta con que opte a la alcaldía de Barcelona.

Cuando menos es curioso que uno de los principales argumentos de las defensas para solicitar la excarcelación sea “el ritmo constante de sesiones en horarios tan prolongados” que “resulta agotador para los acusados" y afecta “a su capacidad de atención y a la de sus propios letrados”, un argumento que los miembros del tribunal van a entender muy bien porque comparten esas jornadas.

En ellas el presidente Marchena es quien más difícil tiene distraerse, sobre todo, si no quiere ser pillado en algún renuncio ahora que las partes han cogido la costumbre de llamar su atención para quejarse de lo que hace la bancada contraria cuando cree que reitera preguntas o las acompaña de valoraciones.

Ninguno de los escritos en los que se solicita la atenuación de la prisión por el derecho de defensa y el de participación política en igualdad de condiciones que el resto de candidatos plantea un plazo de resolución, pero en la mente de todos está el comienzo de la campaña electoral para las generales del 28 de abril: la noche del próximo jueves.