El TSJC admite a trámite la querella contra Torra por no quitar los lazos

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite este martes la querella presentada por la fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, al no haber acatado en su día la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos dependientes del Govern. El alto tribunal ha designado intructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos, que deberá decidir las pruebas a practicar, así como si se cita a declarar al mandatario catalán. El delito de desobediencia está castigado con penas de inhabilitación y multa.

El propio Torra firmó la notificación de la querella el martes por la tarde y mantuvo el tono desafiante que ya mostró a lo largo de los días que duró tanto la polémica, como la incertidumbre acerca de cuáles serían sus actos y hasta dónde le llevaría la desobediencia, En un mensaje en Twitter, el ‘president’ apuntó que “ante un Estado autoritario hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias.

El auto del TSJC advierte que la admisión de la querella "no asume, ni da por supuestas, en absoluto, todas las valoraciones fácticas y jurídicas" que se contiene en el escrito de la Fiscalía Superior de Catalunya. El tribunal incide que, por ahora, únicamente se ha comprobado que la acción emprendida por la acuación pública cumplen los requisitos establecidos en la ley, entre ellos la posibilidad de que los hechos puedan constituir un delito y, por lo tanto, "es susceptible y está necesitado de una investigación ulterior".

La  fiscalía presentó el  27 de marzo la querella contra Quim Torra. En ella explica que el presidente de la Generalitat incumplió "consciente, abierta y reiteradamente" las decisiones de la JEC del 11 y 18 de marzo sobre la retirada "en un plazo corto de tiempo" los símbolos partidistas, como los lazos amarillos, que se exhibían en edificios públicos de la Administración autonómica, bajo la advertencia de que de no hacerlo incurriría en responsabilidades administrativas y penales, como así ha sucedido.

Símbolos enmascarados

La querella señala que Torra, lejos de obedecer a los mandatos de la junta electoral, "mantuvo más allá" del término fijado por el organismo electoral los elementos que habían sido conminados a retirar. En algunos casos, subrayaba la fiscalía, se encubrían en forma de carteles, imágenes, fotografías y diversa simbología, vulnerando, a su entender, el deber de neutralidad y de imparcialidad de las administraciones públicas, especialmente en los procesos electorales.

El fiscal superior, Francisco Bañeres, detalla que la JEC dictó el 21 de marzo pasado un nuevo acuerdo en el que se ordenaba a los Mossos retirar esa simbología, después de constatar el "flagrante incumplimiento" por parte de Torra de las órdenes del organismo electoral y la "existencia de una voluntad clara de desobedecerlas". A la querella se adjuntaron informes elaborados por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y comunicaciones de esos mismos días de la delegada del Gobierno en Catalunya dirigidas al presidente de la junta electoral en los que se detallan las dependencias de la Generalitat que mantenían en sus fachazas "símbolos partidistas". 

Reacción opositora

Como cabía suponer, la admisión a trámite de la querella motivó la reacción de Ciudadanos, el partido que primero denunció ante la Junta Electoral Central la presencia en los edificios públicos de distintos símbolos de apoyo a los presos encarcelados. La líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, apuntó que la decisión del TJSC supone “un baño de realidad” para el ‘president’ , en particular, y el “separatismo” en general.

Una de las rivales de Arrimadas, cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona el próximo 28-A, la socialista Meritxell Batet recordó a Torra que el Govern que él dirige tendría que haber cumplido “desde el primer momento” la resolución de la JEC. Para la ministra socialista, la manera de reconocer “la autoridad y competencia” de la junta electoral era, precisamente, hacerle caso de “inmediato”. Batet insistió en que, a su parecer, los gobernantes deben de cumplir inexcusablemente “la ley”.