Un comisario jefe dice que los Mossos espiaron a 200 coches policiales

De la decena de testigos que compareció este martes ante el tribunal del 'procés' destacó el primero. El comisario Juan Manuel Quintela, jefe de la Brigada de Información de Catalunya, nada más llegar a la sala de vistas contribuyó a apuntalar dos de los pilares en los que la fiscalía apoya su acusación: denunció los ataques contra la Policía Nacional, que "no han cesado hasta el día de hoy", aunque antes tuvieran "más intensidad", y fue muy crítico con la actuación de los Mossos, a los que acusó de haberse encontrado con hasta 271 comunicaciones informando de su posición y de haber sometido a vigilancia a más de 200 de sus vehículos.

Quintela dijo "sentirlo mucho", pero había jurado decir "verdad", por lo que no podía ocultar que la Policía de la Generalitat tuvo una actitud "pasiva, y en algunos casos de obstaculización; no de colaboración" para evitar el referéndum, pese a que la mayor responsabilidad recaía sobre sus hombros. Según sus explicaciones, la Policía Nacional debía actuar a requerimiento de los Mossos, lo que se intentó cumplir hasta el 1-O. 

"Estábamos en un clima de desconfianza que iba 'in crescendo' y lo que vimos el 1-O fue lo que determinó a nuestros responsables a sustituir las funciones de los Mossos", dijo para más tarde ahondar en que "se aguantó hasta el último momento para que todo discurriera con normalidad y no tener que intervenir". 

Prerrevolucionario

Y todo ello en "una situación generalizada de desobediencia, en un ambiente casi prerrevolucionario que hacía muy peligroso sacar a la gente a la calle, sabiendo que la policía iba a intervenir, como así fue", respondió a las defensas. Para entonces ya hacía rato que había explicado que en septiembre "hubo muchos incidentes" en los que la Policía Nacional fue "objeto de ataques en diferente medida" que luego cifró en 80, entre "ataques" a comisarías, a cuarteles y a sedes de partidos políticos. Solo con el PSC o a ayuntamientos gobernados por este partido elevó la cifra con 37 más. 

Cuando el fiscal Javier Zaragoza trató de decir que si eso suponía "una situación de tensión extrema", el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le recomendó reservarlo para su informe de conclusiones, práctica que luego extrapoló también a las ocho horas de vídeos grabados por los agentes con las cámaras de sus cascos.

Actuación mesurada

Según Quintela, que admitió estar imputado como máximo responsable policial del operativo que intervino carteles del 1-O en la sede de la CUP, de no haber sido tan "contenida y mesurada" a actuación policial que se desarrolló el día del referéndum habría habido muchos más heridos, ya que en los 12 centros en los que actuaron se toparon con "una resistencia muy activa".

"En los colegios nos encontramos con gente que intentaba evitar nuestra entrada. Había una organización. Siempre que llegábamos a los centros, nuestras unidades hacían un requerimiento, se leía el auto del TSJC, se avisaba de que se iba a producir una intervención y siempre salía un responsable que decía que daba igual, porque no iban a entregarnos el material. Otra gente que se ocupaba de la resistencia informaba de nuestra llegada", detalló al tribunal.

Siete de los 72 agentes que resultaron heridos lo fueron en el Ramón Llull, donde "costó entrar, pero mucho más salir"."Nuestros efectivos fueron perseguidos cientos de metros y lamentablemente tuvieron que lanzar pelotas de goma y uno de ellas causó lesiones a uno de los manifestantes hostiles", que "estuvo en primera fila" y "causó cinco lesiones directas a funcionarios policiales", aseguró para defender la polémica actuación policial del 1-O.

Registro de la CUP

El testigo explicó que pidió una orden judicial para poder entrar y requisar material propagandístico del 1-O en la sede de la CUP el 20 de septiembre. Señaló que en un vehículo se vieron salir palés con carteles y mientras esperaban la orden "comenzaron a llegar militantes y simpatizantes con una actitud hostil que iba amedrentando a los agentes" y se llevaron unidades del orden público para salvaguardar el orden.

"Se hizo una actuación escrupulosa, sin empleo de fuerza, eso fue lo que permitió a los militantes entrar y salir del local y organizar una fiesta. Cuando nuestras unidades van a la sede fueron acometidas violentamente por los concentrados, y para retirarse tienen que hacer disparos de salvas, recibieron lanzamiento de objetos. Fue un día muy complicado", añadió.

Según explicó, la pauta de los mossos se publicitó por lo que los organizadores del 1-O sabían cómo actuar para evitar, pero no conocía su plan. "Si tú estás informando a lo contrarios de lo que vas a hacer, estás dando una información adecuada para evitar esas medidas, lo que no tiene ningún sentido", precisó en referencia en que si los colegios se iban a cerrar a las seis, lo que se hizo fue mantenerlos abiertos "con chocolatadas, fiestas del pijama..." De ahí que cuando llegaron el binomio de mossos, los colegios ya estaban ocupadas y se constituyeron las mesas y se empezó la votación.

El comisario explicó que "el referéndum fue organizado por la propia administración de la Generalitat, por la presidencia y las consellerias; a ello se sumaron las entidades soberanistas con un papel fundamental y luego los Comités en Defensa del Referéndum (CDR). Todo ese conglomerado es el que organizó la votación y la convocatoria de llvar a la gente a los colegios". Cuando la acusación que ejerce Vox insitió, Marchena le recomendó no pedir al testigo valoraciones sobre autoría.

Pasiva y de obstaculización

"Siento mucho tener que decir esto, pero he jurado decir verdad", se justificó el testigo al afirmar que "la actuación de los Mossos fue pasiva, y en algunos casos de obstaculización. No de colaborar". Añadió que estaba "seguro de que en los Mossos hay mucha gente que hubiese querido colaborar", pero no fue así. Más tarde nombró una conversación con el comisario de los Mossos <strong>Manel Castellví</strong>, en la que le dijo que para que todo fuera bien, tenía que decirle a su consejero (en referencia a Joaquim Forn) que hiciera lo tenía que hacer, y se mostró convencido que los tres cuerpos compartían su preocupación por lo que ocurriría. 

Previamente, él había descrito un caso concreto de un agente que con los brazos en cruz pidió que se dejara votar en un centro para pasar a ahondar en actuaciones más graves como los seguimientos de los que habían sido objeto los agentes de policía, y que así consta en uno de mensajes intervenidos en el centro de control del cuerpo autonómico donde aparece ese comunicado que fue respondido con informaciones de nuestras unidades. Según dijo, había habido 271 comunicados informando en Barcelona de su ubicación y de sus 229 vehículos, se detectó vigilancias sobre más de 200.

Aseguró que las comunicaciones se transmitían con la clave 21, que no era un canal abierto, sino por teléfono. Agregó que hubo 178 requerimientos de orden público de los binomios y no se escucharon. "Quisieron estos funcionarios cumplir y no tuvieron apoyo de sus compañeros", precisó. Otro caso que citó fue en un centro en el que los mossos trataban de impedir la votación y cuando llegaron sus compañeros antidisturbios los retiraron e hicieron el saludo reglamentario a los concentrados, con lo que la votación siguió adelante. 

El testigo explicó que debían actuar a petición de los Mossos, pero antes de las 9 y poco solo tenían dos requerimientos. Luego les pasaron un listado de 233 centros de votación en los que pedían refuerzos, pero actuarían en 12 o 13, precisó. "Llegó muchísimo después de que los centros se hubieran abierto y el referéndum hubiera empezado con normalidad, y después de que nosotros hubiéramos empezado a actuar por orden de nuestras autoridades ante la inacción de los Mossos".