JUICIO DEL 'PROCÉS'

El jefe de la investigación del 'procés': "Desde el 20-S el clima fue insurreccional"

El jefe de la investigación del 1-O describe un "un clima insurreccional" entre el 20S y el 155

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Ángeles Vázquez

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Era una de las declaraciones más esperadas y no ha defraudado. El teniente coronel Daniel Baena, jefe de la Policía Judicial al frente de toda la investigación del 'procés', dio el titular nada más comenzar las cinco horas y media de declaración que prestó ante el tribunal del 'procés'. Y fue de esos que es difícil que puedan ser sustituidos por otros, porque sostuvo, y con una insistencia que enervó a las defensas, que en Catalunya se vivió un "clima claramente insurreccional" entre el 19 y el 20 de septiembre de 2017, con los registros de Unipost y los arrestos de la operación Anubis, y la aplicación del 155 el 28 de octubre, un día después de la declaración unilateral de independencia.

El testigo, que negó ser el perfil de Twitter "Tácito", muy crítico con el independentismo y que las defensas le atribuyen, explicó que se produjo "un antes y un después" tras la operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, porque hasta entonces sus investigaciones contra los preparativos del 1-O se entendían de "poca entidad para impedir el referéndum". El cambio se produjo al intervenir "todas las cartas que se iban a enviar al electorado" y cuando el operativo del día 20 se evita que "fuera conocido con antelación", no comunicándoselo a los Mossos hasta 10 minutos antes, porque en otro caso "las pruebas habrían sido dificilmente obtenibles". Además, aseguró que estaba autorizado a utilizar la fuerza si la integridad de la comisión judicial hubiese estado en peligro, con la entrada de manifestantes en la conselleria.

Ahí "se incrementaron las movilizaciones" y por "el número de acciones y la tensión" que se produjeron el clima se transformó en "claramente insurreccional". Como "constatación" de sus palabras citó 88 acciones contra la Guardia Civil, de las que solo dos fueron anteriores al 20-S y otras dos posteriores a la aplicación del 155. Pese a su contundencia, a preguntas de la defensa de Joaquim Forn, Javier Melero, admitió que no hubo detención alguna debida a ese clima. Cuando Ana Bernaola, en nombre del presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, volvió a insistir en ello, el testigo ya estaba preparado y dijo que en ciertos momentos "el mal provocado puede ser mayor que el que se trata de evitar". Previamente ya había explicado: "Aquellos días, los policías con un mínimo de responsabilidad, sabíamos que cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable. Afortunadamente no fue así, pero es incuestionable que teníamos aquella sensación".

"No condicionará a la Sala"

A fuerza de repetir lo de "periodo insurreccional", Melero se dirigió a la Sala para que se pronunciara sobre si era conveniente. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, respondió que el testigo hablaba de lo que vio con independencia de su mayor o menor acierto sobre la terminología. "El concepto insurreccional no es jurídico y a la Sala no le va a condicionar", dijo. Y Marina Roig se quejó de que Baena hablara de "escraches" contra casas cuartel y la fiscala de "asedios"; el testigo terminó asimilando ambos términos y cifró en 47 los sufridos contra viviendas de guardias. Solo calificó de escraches los sufridos por esposas e hijos de guardias, que añadió que habían sido denunciados. Los 193 cortes de carretera que cifró fueron durante el 155. 

El teniente coronel, que comenzó a investigar el proceso indepentista en el 2015 por orden del entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, uno de los fiscales de la causa contra los líderes del 'procés', aseguró que él nunca ha investigado "programas políticos"o ha ido "buscando sediciosos", sino que ha investigado "a personas que hacen cosas", que pueden ser delito, como destinar dinero público a actividades prohibidas por el Constitucional. Luego añadió que "las investigaciones no son generales, sino que se investigan objetos concretos, como contratos". 

Confirmar lo investigado

A través de las distintas diligencias en las que ha actuado (por orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la causa que siguió contra aforados por desoír al Tribunal Constitucional, del Juzgado 13, que empezó por las declaraciones de Santi Vidal sobre la Agencia Tributaria Catalana, de la Audiencia Nacional y hasta para impedir la consulta), Baena llegó a la conclusión de que "el referéndum era la piedra angular sobre la que pivotaba todo el proceso, la condición sine qua non para poner al Estado en situación de conflicto". Y ahí situó el documento Enfocats y la agenda moleskine, intervenidos en el domicilio del exnúmero dos de Economia Josep Maria Jové, que para el jefe de la Guardia no fueron un inicio más, sino "la ratificación de la investigación" iniciada en 2016. Añadió que se quedaron "ciegos de comprobar" cómo coincidían los hechos con lo reflejado en los documentos, como el nombramiento de Carmen Forcadell al frente del Parlament y la presencia de Marcel Mauri en Òmnium Cultural.

Cuando la abogada Ana Bernaola, en representación de Sànchez, trató "de someter a juicio el atestado", porque eran los que habían llevado a prisión a su cliente, Marchena le señaló que estaba desarrollando "un esfuerzo estéril". "Le aseguro que en la sentencia que se dictará la valoración de indicios que se hace en la fase más incipiente del procedimiento no tiene la más mínima relevancia. Este juicio empieza con los escritos de acusación y el atestado no vinculará al tribunal salvo en los hechos", insistió Marchena.

El interrogatorio de Baena se prolongó cinco horas y media, porque el teniente coronel, como máximo responsable de la investigación, conocía todos los informes elaborados en los distintos juzgados, desde lo relativo a las estructuras de Estado necesarias para declarar la independencia hasta las páginas web que fueron clausuradas. De ahí que la fiscala le preguntara sobre los documentos intervenidos en el despacho del exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó en relación con esas estructuras o el CTTI. Pero todo llegó a un punto de detalle, que Baena tuvo que explicar que él gestionaba la investigación y delegaba en su equipo. A preguntas de Melero dijo que la Agencia Catalana Tributaria excedía lo previsto en el Estatut y que no se había clausurado porque la investigación que se abrió en su contra sigue abierta.

Cuando le llegó el turno a la defensa, Andreu Van den Eynde se centró precisamente en la similitud entre los distintos procedimientos abiertos, para tratar de acreditar una simultaneidad que ponga en duda el resultado de todas ellas. El testigo respondió con un "no" a la pregunta de si los acusados habían hecho algún llamamiento a la violencia y con un "sí", a que por lo que sabe si hacen lema del civismo. 

Baena explicó que "tenía autorización" del juez del 13 para "usar la fuerza si la comisión judicial" era atacada o veía de que su integridad física se ponía en riesgo durante el registro de la Conselleria de Economia. No llegó a hacer falta, explicó, porque los concentrados no llegaron a acceder al edificio, pese a que los tenientes al frente del dispositivo declararon este lunes ante el tribunal que lo intentaron por la noche. "Lo que ocurrió el 20 de septiembre rebasó la excepcionalidad" que ya implicaba que hubiera unidades de GRS, precisó luego a preguntas de la abogada del Estado.

Facturas impagadas

Respecto a la campaña publicitaria de Civisme, relativa a las vías del tren, declaró que sus subordinados le indicaron que las empresas adjudicatarias renunciaron por estar relacionado con el referéndum y que los anuncios se publicaron a través de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Y en cuanto a Unipost explicó que se emitieron facturas que fueron sustituidas en segundos por otras" proforma", que son las que no figuran en el balance, pero sí aparecen en la contabilidad y en cualquier momento pueden reactivarse para ser cobradas. La empresa intentó cobrarlas en dos ocasiones.