El Tribunal de Cuentas ultima su informe sobre la acción exterior de Catalunya

El Tribunal de Cuentas está ultimando la fiscalización sobre la acción exterior de la Generalitat de Catalunya entre 2011 y 2017, un informe que podría someter a votación el Pleno de la institución este mismo jueves, según fuentes del fiscalizador.

Fue la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas la que, a finales de 2017, pidió al órgano que preside María José de la Fuente que fiscalizara el dinero dedicado en los últimos años por la Generalitat a su acción en el extranjero.

Lo hizo a instancias del PP, que presentó una iniciativa en este sentido, que fue apoyada por PSOE y Ciudadanos, y en la que solicitaba al fiscalizador que determinara qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a las denominadas 'embajadas' catalanas y al Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó en diciembre de 2017 bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

En su iniciativa, los 'populares' alertaban de que en los últimos años, coincidiendo con la intención de internacionalizar "la causa secesionista", se había detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat. En concreto, apuntaba, Catalunya llegó a contar con unas setenta oficinas repartidas por todo el mundo, muchas de las cuales fueron cerradas por el Gobierno central en el primer mes de aplicación del artículo 155.

Para los 'populares' resultaba "más que justificado" que, ante la situación de apoyo financiero prestado por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos y "ante la situación de escasez de recursos", el Tribunal de Cuentas fiscalizara los fondos destinados a la acción exterior catalana para determinar si se han utilizado "conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".

Este jueves o finales de abril

El tribunal está dando los últimos retoques a esa fiscalización y podría ser aprobada bien este jueves o ya en el siguiente Pleno de la institución que tendrá lugar a finales de abril, bien en plena campaña electoral o justo después de las elecciones generales del día 28.

En el caso de que en esa fiscalización el Tribunal de Cuentas observe algún indicio de responsabilidad contable, podría incorporar estos datos a la investigación que tiene abierta por el presunto desvío millonario de recursos económicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido abrir causa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros exmiembros del Govern por la utilización de fondos públicos para la celebración de esa votación ilegal.

Informar a la Fiscalía

Así las cosas, de observar algún indicio de responsabilidad contable por la acción exterior y su posible vinculación con la organización del referéndum, estos datos podría incorporarse a la investigación ya en marcha o bien dar lugar a otro procedimiento específico.

Si además de posible responsabilidad contable, el fiscalizador apreciase algún indicio de posible responsabilidad penal, el órgano que preside María Jesús de la Fuente debería dar traslado de su fiscalización a la Fiscalía General del Estado.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo ya está juzgando por malversación a los exconsellers del Govern de Puigdemont, con lo que no es previsible que la fiscalización del Tribunal de Cuentas aporte nuevos datos sobre este extremo que den lugar a la deducción de nuevos testimonios o pesquisas.