Un agente compara la "tensión" del 'procés' con el "conflicto vasco"

A primera hora parecía que el juicio del 'procés' dedicaría la sesión a cifras, a los más de 22.000 euros que, según un testigo, era lo que los acusados habían calculado que debían tener "desde la declaración de independencia hasta que tuviesen una capacidad administrativa propia". Pero cuando de guardias civiles como testigos se trata nunca se sabe con certeza los derroteros por los que trascurrirá la vista, y al final, todo condujo a la "tensión", al "odio" y al "desprecio" que sintieron en las protestas que vivieron contra sus distintas actuaciones.

Uno de los agentes que participaron en la actuación de la nave de Bigues y Riells (Vallès Oriental), en la que se intervinieron casi 10 millones de papeletas electorales, llevó la descripción de su percepción al extremo. Explicó que entendía que el letrado de la administración de justicia (antes, secretario judicial) tuviera "miedo" y pidiera algo para cubrirse la cara. "Es que era para tenerlo -añadió-. Yo no he vivido el conflicto vasco, gracias a Dios, pero compañeros míos me dijeron que en sus principios se asemejaban bastante". El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le impidió seguir, pero el testigo aún añadió que la gente les gritaba "os mataremos", que "parecía" que les estaban "quitando algo de su familia".

"Lo que vi en las caras fue el reflejo del odio", había dicho ya un subteniente que participó en el dispositivo que el 19 de septiembre se personó en la nave de Unipost de Terrassa, donde se intervinieron 43.000 sobres electorales.

Hasta en el 1-O

Y un sargento primero introdujo esa misma sensación en el 1-O. Declaró que, tras actuar en Sant Andreu de la Barca, no sufrió daño físico, pero sí "moral", porque aún no sabe si le "insultaron por cumplir una orden judicial o por ser guardia civil". "Me ha quedado cómo me miraron, pero a mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido y hasta el día de hoy no entiendo que esas personas del pueblo se comportaran como delincuentes", señaló tras describir la resistencia que encontró su unidad en el centro de atención primaria al que acudió para requisar urnas y papeletas.

También hubo un teniente que negó que el día del referéndum ilegal hubiera "pacifismo por ningún lado" y que no olvidará "nunca las muestras de odio y desprecio" que recibió y que le han hecho plantearse el traslado. "Metafóricamente puedo decir que se masticaba odio. No sé cómo esa gente podía vivir con tanto odio", aseguró antes de explicar que había denunciado el instituto en el que estudia su hijo por hacerle protestar contra las Fuerzas de Seguridad, pese a que el crío quiere "seguir sus pasos". Negó haber visto un uso de la fuerza que no fuera "proporcionado, congruente y oportuno", y que los agentes utilizaran las defensas "sorpresivamente", porque solo se produjo en respuesta de ataques, dijo. A la pregunta de las defensa sobre sus compañeros imputados, admitió que creía que había uno. 

La última agente relató cómo el pueblo de Sant Martí de Sesgueioles les engañó. Se concentró ante el lugar que se suponía que era el centro de votación e impidió hasta con barricadas que entraran los guardias civiles hasta que estos derribaron una puerta lateral con un ariete. Dentro solo había una urna del 9-N.

22.000 millones

Para entonces ya casi se habían olvidado las explicaciones del cabo de la Guardia Civil que participó en el registro del despacho del que era vicepresidente de Patrimoni, Francesc Sutrias, y analizó los correos de Lluis Salvadó, entonces secretario de Hacienda, sobre cómo se preparó una Agencia Tributaria Catalana, que "no tenía sentido sin la independencia".

Según uno de los documentos intervenidos, se necesitaban 4.500 millones del sector público catalán, 6.000 millones de ayuntamientos, más 1.300 de impuestos propios, así como un crédito por 11.000 millones que calculaban pedir a China. "Todo ese dinero es el que necesitaban para soportar desde la declaración de independencia hasta que tuviesen una capacidad administrativa propia que les permitiese" vivir, aseguró el testigo. 

Explicó que registro del despacho de Salvadó "fue espectacular en cuanto a documentación", porque entre sus papeles había sobre "aduanas, catastro..." Según el testigo, "había una preocupación muy grande sobre financiación; sobre cómo podía sobrevivir económicamente hablando" cuando se produjese la independencia y durante la transición.

Y pese a que "se detectó que la Agencia Tributaria catalana no estaba preparada para actuar el día después de la independencia", sí contaba que "tenían preparado un sistema informático que diseñó IBM y encontramos una factura de 240.000 euros", relató ante el tribunal.

También señaló que se habían encontrado facturas al extranjero del actual vicepresidente catalán, Pere Aragonés, cuya función era más buscar "financiación internacional", mientras que la función de Salvadó se encaminaba a la gestión de impuestos internos, aunque fue a este al que se encontró un correo electrónico que hablaba de pedir financiación a China por 11.000 millones de euros. 

Como ejemplo de los viajes de Aragonés citó uno a Eslovenia en el que se planteaba que cuando ese país adquirió la independencia su policía se enfrento al ejército yugoslavo, lo que estaba acotado con un comentario que decía que "Yugoslavia era una federación en colapso y España no; es un país mucho más poderoso".

Pasar por pareja

Después declararon varios agentes que participaron en registros. Uno de ellos participó en el registro del domicilio de Sutrias, en Rubí. Aunque se distinguió de sus compañeros en que no describió una gran tensión, en la que destacó el buen trabajo de los mossos, explicó que para abandonar la vivienda tanto él como la letrada de la administración de justicia se hicieron pasar "por pareja" que vivía en el bloque y así eludir la protesta que se había producido en la calle. En el de su despacho, en cambio,  el cabo que participó explicó que la secretaria judicial venía de Exteriors y estaba visiblemente nerviosa, y hubo que darle un vaso de agua cuando llegó.

"Lo que vi en las caras fue el reflejo del odio", dijo el subteniente que participó en el dispositivo que el 19 de septiembre de 2017 se personó en la nave de Unipost de Terrassa, donde el Juzgado número 3 de Terrassa autorizó la retirada de material electoral, que el testigo contó cómo ya estaba preparada y organizada para repartir todo el material electoral encargado para el 1-O. Mientras que otro compañero que estuvo en la nave de Bigues y Riells, en la que se intervinieron casi de 10 millones de papeletas electorales, comparó el odio que vio en los manifestantes con "los principios del conflicto vasco", según le habían comentado sus compañeros más veteranos.

El subteniente explicó cómo salieron por una calle que él calificó de "trampa" o "ratonera", en la que estuvieron muy cerca de los concentrados. Él no vio que se tiraran escombros a la calle, pero explicó que "quitaban las tapas de las zanjas" de obra, para las furgonetas cayeran y estuvo a punto. "Los mososs se estaban empleando para que no llegase a ocurrir eso", dijo.

"Gritaban lo típico: fascista, fuera las fuerzas de ocupación". Luego añadió que "tiraban claveles a los coches", aunque previamente había destacado los golpes que recibieron los vehículos en la línea de la declararación prestada a principios de semana por otro guardia, que explicó en detalle cómo tuvo que salir el secretario judicial en un vehículo, mientras le llamaban "traidor".

El siguiente testigo, un cabo primero, que también participó en ese registro añadió que la concentración no había sido espontánea, porque él vio cómo "llegó un político" que luego ha identificado como el portavoz del PDECat de Terrassa. Ahondó en la protesta que se produjo mientras trabajaban y que calificó de "tumultuaria". Pero discrepó de su compañero al cifrar "en dos o tres vehículos" los que cayeron en la zanja de las obras. A preguntas de la defensa matizó que fueron los primeros, que para cuando pasó la furgoneta en la que él viajaba el testigo la guardia urbana ya la había cubierto con tablones.

El sargento primero que intervino en Sant Andreu explicó que ya sabían "que muchos compañeros habían tenido muchas dificultades a la hora de hacer cumplir la orden del TSJC, pero no te hacías a la idea". Lo que más le dolió fueron "las miradas" y que les "escupieran varias veces".

Por su parte, el sargento primero que registró el domicilio de José Manuel Gómez, que era jefe de riesgos del Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (CESICAT), que fue arrestado el 20 de septiembre, explicó al tribunal que cinco días después tanto él como el resto de detenidos fueron citados por el jefe del gabinete de Jordi Turull, Alexis Sierra. Según el testigo, este les advirtió de que debían entrar por la puerta de atrás y que pasarían a buscarles. El guardia, que se había  ha explicado que supieron que el encuentro se había producido pero no su contenido. El abogado Jordi Pina le preguntó si ignoraba si esa reunión había sido publicada por los medios y a ella se invitaba a todos los funcionarios que habían sido arrestados.