JUICIO DEL 'PROCÉS'

Un guardia civil declara que Torra fue a la nave del material electoral del 1-O

La Guardia Civil sitúa a Quim Torra en la nave donde se intervinieron 10 millones de papeletas

La Guardia Civil sitúa a Quim Torra en la nave donde se intervinieron 10 millones de papeletas. /

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El brigada de la Guardia Civil que dirigió el registro de la nave de Bigues i Riells en la que se intervinieron 10 millones de papeletas y 16.000 sobres con material electoral para el 1-O declaró este miércoles ante el tribunal del 'procés' que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue visto en los días previos al 20 de septiembre. Además, explicó que ese día el dispositivo policial estuvo rodeado durante horas sin poder abandonar el edificio hasta que llega una patrulla de los Mossos que hablan con "el joven" que parece organizar la protesta "totalmente hostil" y él se dirige a los 200-300 concentrados y les dice: "Ya está. Ya hemos cumplido. No vamos a darles lo que buscan: imágenes de violencia y enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra". [Sigue el juicio del 'procés' en directo.]

Antes del registro del 20 de septiembre, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O, el testigo explicó que "por las vigilancias que se hicieron sobre las naves, se vieron una serie de personas entre los que estaban pues el señor Sutrias [director de Patrimonio], Mercedes [técnica adscrita a la Dirección General de Servicios de Vicepresidencia] y el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra" que "entraba y salían con alguna caja".

Según su versión, hasta la intervención de la pareja de los Mossos, solo había podido salir de la nave el letrado de Administración de la Justicia (antes, secretario judicial) en un vehículo al que se deja pasar después de que los agentes de policía local convencieran a los concentrados de que "no había material electoral, sino solo el secretario judicial". "Fue una situación tensa y el letrado pidió una prenda para cubrirse la cara. Hubo gritos y golpes y patadas en el capó", precisó.

Cuando horas después fueron a salir las furgonetas con el material, pese a la intervención del joven que parecía organizar la protesta, aún un par de señores de 60 años se vuelven a tirar contra los vehículos. El ambiente es "totalmente hostil", ahonda el testigo, que dice que contra ellos  "se lanzan botes de refresco, botellas de agua y se golpean los vehículos con palos de bandera". El joven tuvo que volver a mediar.

La sesión concluyó con uno de los guardias civiles que participó en los registros de la Conselleria de Economía. Contó que acabaron hacia las 9 de la noche, pero no pudieron salir hasta entre las 3 y las 4 de la madrugada. Señaló que oyó "gritos, cánticos y mucho alboroto", pero él estaba centrado en el registro y hasta que no acabó no subió a la azotea, cuando presenció algo que no había visto en sus 18 años de experiencia. Su superior les dijo que tuvieran paciencia, protegieran los efectos del registro y que ya saldrían.

Papel de los Mossos

El guardia civil también participó en el análisis de los correos electrónicos mantenidos entre el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, y de diversa documentación como el documento Enfocats y la moleskine del que era número dos de Interior, Josep Maria Jové, lo que volvió a protagonizar rifirrafes entre el presidente del tribunal, Manuel Marchena, y los abogados de Vox y de la defensa.

Más tarde, a preguntas de la abogada del Estado, un comandante señaló que había "una unidad de acción entre los responsables del cuerpo y el mayor", y como ejemplo de ello puso un correo del 26 de septiembre en el que por primera vez se habló de "los principios de actuación" del cuerpo, haciendo referencia a lo ya hablado, sobre "convivencia ciudadana".

Pese a la dificultad de separar conocimiento de valoraciones a la hora de hablar de informes, el comandante fue explicando que en los correos aparece uno del comisario Manel Castellví del 29 y el 30 de septiembre en el que "se hace mención a que ya había locales que se iban a hacer servir como centros de votación, que ya estaban ocupados, y que había un llamamiento de ANC y Òmnium para que se fuera a custodiar centro del votación. Incluso que la CUP había dicho que las Fuerzas de Seguridad iban a encontrar muros humanos y que no descartaba acciones combativas".

En los audios del centro de las comunicaciones mantenidas entre los mossos, el comandante afirma que tenían la prioridad de informar sobre el movimiento de los agentes de policía y guardia civil, así como de que en las primeras filas de los centros se colocarían niños y personas de edad avanzada. Lo que dijo no haber oído es que trasladaran material eelctoral en coches patrulla.

Competencias plenas

Por su parte, el brigada llegó a explicar que en un correo electrónico del comisario de delincuencia económica a Trapero dice que el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó propuso que en un escenario futuro los Mossos asumieran "competencias plenas" en la policía y hasta en aduanas. 

A Salvadó, señala, también se le interviene un documento de 215 "en el que se define qué pasos a seguir para tener un Estado propio: seguridad social y todos sus ámbitos", entre ellos "la defensa y se empieza a mencionar que los Mossos van a realizar un papel importante, para el que se tiene que adaptar la organización actual para asumir, como con ciberseguridad y una agencia de inteligencia catalana".

Añadió que en la Moleskine de Jové aparece una reunión de junio de 2016, a la que asisten Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira y Raúl Romeva, en la que plantean que "el Estado español no está respondiendo y deciden optar por vía unilateral. Dicen que habrá que tener especial cuidado con la intervención general del estado, la administración local y los Mossos". 

De enero de 2017, añadió, hay otro documento, que se puede ver en la web de la Asociació de Municipis per la Independència (AMI), con las consecuencias que puede tener para los Mossos su actuación, pese a deber acatar la Constitución y a jueces y fiscales.

Contratos para el 1-O

El siguiente agente que declara ante el tribunal participó en el registro de la Conselleria de Treball y explica que la comisión judicial abandona a través del aparcamiento que es anexo a otro para eludir la concentración que había en la puerta del edificio. Él también analiza 14 del millar de correos que recibe o envía la ‘exconsellera’ Dolors Bassa. En los que envía a UGT y CCOO para transmitir que los trabajadores tienen que ausentarse del trabajo para ejercer su derecho a voto.

El mail incluía "la ley de referéndum, de la ley de convocatoria de referéndum, de unas normas complementarias" y hasta se refería de "un acuerdo logrado por el Govern en el que se autorizaba a los departamentos que hicieron los trámites y las contrataciones necesarias para el 1-O". En otro correo, Bassa "felicita" a los secretarios generales y directores de departamento de Treball "por la respuesta de indignación creada por lo que define como un acto injusto de la fiscalía", en referencia a los registros del 20 de septiembre.

Otro testigo se centra en los correos de Meritxell Borrás, entre ellos, uno en el que se baraja utilizar el registro de españoles en el exterior como "proyecto piloto" de censo para utilizarlo el 1-O.

22 de 3.800 correos

Los guardias civiles que analizaron los 3.800 correos que tenía en su bandeja de entrada Jordi Sànchez, de los que se analizan 22. Entre ellos varios que provocaron polémica durante la declaración del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, que señaló que ignoraba quién era el remitente. En él se proponía poner vehículos en las entradas de los colegios, como los payeses aparcaban sus tractores.

En otro animaba a concentrarse frente a la Conselleria de Economia y en otro figuraba un informe jurídico sobre los cambios legislativos necesarios para que los Mossos d’Esquadra queden asegurados durante el 'procés' sin acatar órdenes de jueces y fiscales. El agente siguiente precisa que el remitente era Pere Grau, secretario de la ANC, realiza un informe sobre las consecuencias jurídicas en las que pueden incurrir. Y también aquellos en los que Puigdemont le cita a reuniones junto con Jordi Cuixart y Forn, entre otras personas.

El primer testigo destacó otro animaba a potenciar el registro de catalanes en el exterior para "poderse votar en un referendum que se pueda celebrar en el mes de septiembre", precisó. En otro se hablaba de escenarios posibles, en el que se advertía de la "violencia de extrema derecha y de brazos armados independentistas".

El agente que examina los correos del exvicepresidente Oriol Junqueras se centra en los mensajes que le envía el 'exconseller' Jordi Turull pidiendo en los que solicita una aportación extraordinaria de más de 3 millones de euros para la campaña Civisme, en la que se veían las vías del tren.