PETICIÓN DE INFORMACIÓN
La fiscalía investiga si Buch prestó un escolta de Puigdemont
La acusación pública sostiene que la contratación "discrecional" de un agente podrá ser malversación de fondos
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat
La Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya ha abierto una investigación por el nombramiento del actual 'conseller' de Interior Miguel Buch de un mosso d'esquadra como personal eventual del departamento y que estaría ejerciendo funciones de protección y escolta en Bélgica del expresidente de la Generalalitat, Carles Puigdemont. La decisión de la fiscalía parte de una denuncia previa presentada por el grupo parlamentario de Ciutadans.
Según el decreto de apertura de diligencias, la decisión de suministrar un servicio de escolta, con cargo al erario público, en "favor de una persona contra la que consta dictado un auto de procesamiento firme" y una orden de busca y captura podría constituir los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. El agente fue contratado por la Conselleria d'Interior el 25 de julio del 2018 como "asesor en materia de sistemas de seguridad", con una retribución bruta anual de unos 60.000 euros.
Petición de información
La fiscalía ha ordenado a los Mossos que investiguen esa contratación y, sobre todo, que aclaren si el agente Lluis E. M. ha desarrollado actividades que puedan entenderse como propia de protección de Puigdemont. Así solicita a la policía de la Generalitat que informe las "concretas fechas y territorios" en la que se han realizado esta actividad de escolta y si se hizo con "el conocimiento y/o aquiescencia de la autoridades o funcionarios" de Interior. También reclama datos sobre la retribución percibida por el mosso en cuestión y su situación administrativa.
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