POLÉMICA PREELECTORAL

El Gobierno avisa de que los Mossos deberán retirar los lazos amarillos

El Ejecutivo remite a la JEC pruebas de la presencia de estos símbolos en edificios de la Generalitat

Artadi deja claro que el Govern no "interferirá" llegado el caso en el trabajo de la policía catalana

Pancarta en apoyo a los presos y el lazo amarillo, en el balcón del Palau de la Generalitat.

Pancarta en apoyo a los presos y el lazo amarillo, en el balcón del Palau de la Generalitat. / RICARD CUGAT

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El Gobierno se pone a disposición de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la presencia de los lazos amarillos en edificios del Ejecutivo catalán. La Moncloa podría recurrir por sí misma a la Fiscalía para que actúe, pero considera que en un momento como este, a las puertas de las generales, conviene que el organismo encargado de velar por los comicios dé los pasos que considere oportunos, una actitud que también le permite tomar distancia de una polémica que puede tener efectos en las urnas. Así que el Gobierno envió este martes a la JEC fotografías de varios edificios públicos donde los símbolos independentistas seguían colgados, explicando que es este ente quien pilota el proceso, pudiendo remitir los hechos al ministerio público o bien ordenar a los cuerpos de seguridad la retirada de los lazos. En este último caso, subrayó la Moncloa, serían los Mossos d’Esquadra los encargados de llevar a cabo el trabajo.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, se había adelantado horas antes a esta posibilidad. El Ejecutivo catalán, señaló, no iba a tratar de impedir a la policía autonómica cumpliera con esta orden. "Los Mossos harán lo que tengan que hacer, sin interferencias", dijo Artadi.

El pasado lunes, la JEC dio un nuevo plazo al 'president', Quim Torra, para que retirara los símbolos que piden la libertad de los dirigentes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo, avisándole de "las responsabilidades administrativas" si persistía en el incumplimiento. El organismo también alertaba de un posible delito de desobediencia. El artículo 410 del código penal prevé "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" para las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen "abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales".

La JEC se reunirá previsiblemente el miércoles, o el jueves a más tardar, para estudiar la documentación aportada por la Delegación del Gobierno en Catalunya, que dirige Teresa Cunillera. Básicamente, se trata de imágenes en las que aparecen los lazos amarillos en el Palau de la Generalitat, ocho 'conselleries' (Governació, Cultura, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, Interior, Economia, Agricultura y Salut) y las sedes de varios servicios territoriales del Govern en Girona, Lleida y Tarragona. Lo cual, explicó el Ejecutivo central, no significa que en otros edificios autonómicos se esté cumpliendo con el mandato de la JEC. "Los edificios públicos dependientes de la Generalitat son cientos. Por eso la Delegación ha tomado, siguiendo las instrucciones de la Junta, una muestra representativa. A partir de este momento, queda a la espera de lo que necesite la JEC, si requiriese una ampliación de la presente información", señalaron fuentes de la Moncloa.

Prudencia en la Moncloa

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El Gobierno se esfuerza en ser muy prudente en toda esta controversia. "Esto no es voluntario: hay un mandato de la Junta Electoral y lo que cabe es la ejecución de estos acuerdos", dijo el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, descartando acudir a la Fiscalía.

Los socialistas temen las consecuencias electorales que puede traer consigo este nuevo conflicto. Consideran que, si se enquista, solo beneficiará al independentismo y a las derechas, perjudicando sus expectativas. En el PSOE y el PSC confían esta vez en lograr el apoyo de una parte de los simpatizantes tradicionales de la antigua Convergència, descontentos con la "deriva radical" de Carles Puigdemont, que verían en Pedro Sánchez la única opción para resolver, o al menos mitigar, el conflicto catalán. Pero el choque por los lazos, explican fuentes socialistas, puede alimentar los "extremos", impidiendo ese trasvase de votos y fortaleciendo por el camino al PP, Cs y Vox en toda España, como ocurrió en diciembre en Andalucía.