JUICIO DEL 'PROCÉS'

Un excargo de Montoro admite que el control de la Generalitat no pudo ser absoluto

El exsubsecretario declara que la información remitida por la Generalitat fue a veces "inexacta"

Entre las denuncias remitidas a fiscalía resalta las facturas de la campaña Civisme

Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda desde noviembre de 2016 a junio de 2018, detalló ante el tribunal del ‘procés’ cómo se fue incrementando el control de las cuentas de Catalunya. / VÍDEO: EFE

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Ángeles Vázquez

El subsecretario de Hacienda entre noviembre de 2016 y junio de 2018, Felipe Martínez Rico, detalló este martes ante el tribunal del ‘procés’ cómo se fue incrementando el control de las cuentas de Catalunya para evitar que dinero público se destinara al 1-O, en función del empeoramiento de su calificación hasta la de bono basura, de la aparición de partidas relacionadas con actos prohibidos con el Tribunal Constitucional y las declaraciones de los dirigentes de la Generalitat.

Pero ese control, como es lógico, no garantiza que no se haya podido cometer el delito de malversación que se imputa a los acusados. En una declaración muy técnica, Martínez Rico respondió a la pregunta directa que en este sentido le dirigió la fiscal Consuelo Madrigal. "El sistema de certificación llega hasta donde llega. La realidad es mucho más compleja. Una contratación irregular contraria a las pautas del sector público es irregular y por tanto quedaría al margen del control", puntualizó el testigo.

Cuando se entendió que la información facilitada por la Generalitat "no era completa o exacta se tomaron medidas: se denunció a fiscalía", dijo en la misma línea que habían mantenido ante el tribunal tanto el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que cifró en siete las denuncias enviadas.

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A preguntas de la fiscalía, el testigo detalló algunas de esas veces que Hacienda se dirigió al ministerio público. Una fue al detectar irregularidades en los expedientes y pagos del Diplocat a observadores internacionales por el referéndum ilegal, otra por el acuerdo del Govern de finales de agosto de 2017 en el que se asumía el compromiso de gasto y por la campaña de publicidad de Civisme, para la que se modificó en 3,5 millones del gasto de contingencia. 

Respecto a estos anuncios de las vías del tren, recordó que la campaña había quedado desierta, después de que las empresas concesionarias renunciaran a ella al manifestar los medios que debían publicarla que se salía de tarifa por su contenido político. Pero Hacienda comprobó que había dos facturas impagadas emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los anuncios del 1-O, de 93.179 y 184.624 euros. La Generalitat no las abonó,  según la directora de servicios del departamento de Presidència en esa fecha, Teresa Prohias, porque no constaba el expediente, pero el ente público todavía las reclama.