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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Eulàlia Reguant y Antonio Baños recogen la sanción por no declarar ante VOX y se reiteran en la decisión de no responder a sus preguntas

Insisten en que no responderán a las preguntas de un partido machista, fascista y xenófobo

Reguant ha denunciado que el Tribunal supremo normalice a VOX "y vire más hacia la derecha" aceptándolo como acusación popular

Europa Press

Eulàlia Reguant y Antonio Baños a la salida del TSJC  / EUROPA PRESS

La concejal de la CUP de Barcelona y exdiputada en el Parlament Eulàlia Reguant y el exdiputado del partido en el Parlament Antonio Baños han recogido este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la sanción de 2.500 euros impuesta a cada uno por el Tribunal Supremo por negarse a responder a las preguntas de Vox, la acusación popular, en el juicio por el proceso soberanista el pasado 27 de febrero.

En declaraciones a los medios tras recoger la notificación del Supremo, a las puertas del Palau de Justícia en Barcelona, Reguant ha expresado que tienen cinco días para recurrir la multa, que todavía no es firme, y que estudiarán si lo hacen. “Nos ratificamos en la decisión tomada de no contestar a un partido de extrema derecha” y "llevaremos hasta las últimas consecuencias esta objeción de conciencia y este compromiso ético", ha afirmado Reguant. Ha insistido en que no responderán a las preguntas de "un partido machista, fascista y xenófobo" y que se negarán todas las veces que sea necesario porque creen que la ética y consideran que el compromiso antifascista debe estar por encima de lo que diga un tribunal.

Asimismo, la concejal ha criticado que el Supremo haya aceptado a VOX como acusación popular en el juicio a los líderes independentistas, normalizándolo. Reguant ha considerado que este hecho "ha provocado que el Tribunal Supremo todavía vire más hacia la extrema derecha, si es posible".

El letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del TSJC les había citado a las 10 horas para notificarles el acuerdo de 28 de febrero del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, en la que se les requiere el pago de la sanción gobernativa, según el TSJC.

El acuerdo es en base al artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que prevé que cuando un testigo se niega a prestar declaración en un juicio al que ha sido citado se le imponga una multa de entre 200 y 5.000 euros y que, en caso de persistir en su conducta, se le abra un procedimiento penal por obstrucción a la Justicia y desobediencia grave a la autoridad.

Según informó el Supremo el día de los hechos, el 27 de febrero, en caso de que los dos testigos insistan en no querer declarar se deducirá testimonio de su comportamiento por un delito de desobediencia grave, lo que consiste en remitir a un juzgado ordinario de Madrid las actas de la sesión y será este juez el que decida si abre una investigación.

El mismo día que tenían que declarar en el supremo, y antes que Reguant y Baños recibieran ninguna comunicación oficial, la CUP inició una campaña para recaudar los fondos necesarios para sufragar los costes de la sanción. En pocas horas ya se había conseguido la cantidad necesaria, llegando a los 25.000 euros en menos de 24 horas.