El juez imputa al guardián contra la corrupción del PP

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado este martes al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada en la causa en la que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid y le citó a declarar el próximo 27 de marzo. El presidente del PP, Pablo Casado, colocó el pasado julio a Prada al frente de la Oficina del Cargo Popular, un área del partido creada para combatir la corrupción en la formación. La dirección popular se acogió a sus estatutos y aseguró que solo actuará contra él si le abren juicio oral porque «no ocupa cargo público».

El juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondían a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. Se llegaron a pagar 91,7 millones, aunque solo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal.

Según De la Mata, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, «la sociedad Campus de la Justicia no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo», y presentaba «un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil». Todos los puestos de trabajo, prosigue el auto, «se cubrieron con personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados».

Cargo orgánico

Ante esta imputación, la cúpula del PP recordó que Prada «no ocupa ningún cargo público» y se remitió a los estatutos del partido, que especifican que «hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación para garantizar todos sus derechos».

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Según informó el PP en su día, las funciones de la Oficina del Cargo Popular son supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, y aprobar el formulario del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio.

Además, gestiona los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos; vela por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; y da cuenta al comité de derechos y garantías de cualquier anomalía o irregularidad.