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JUICIO DEL 'PROCÉS'

El fiscal pide investigar al responsable de Difusió por mentir al tribunal

El ministerio público pide por primera vez deducir testimonio contra un testigo, lo que se decidirá en sentencia

El exsecretario del Diplocat niega que desde el organismo se pagara a observadores

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

El responsable de Difusió Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, durante su testificación en el juicio del ’procés’.

El responsable de Difusió Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, durante su testificación en el juicio del ’procés’. / ACN

Era cuestión de tiempo que la fiscalía pidiera al tribunal del 'procés' deducir testimonio (abrir una investigación) contra un testigo por faltar a la verdad. Sobre todo ante casos como los protagonizados por los que creían convencer a alguien de que fueron contactados por un "tal Toni", del que ignoraban todo, hasta cuánto les pagaría por trabajos relacionados con el 1-O. Ellos se libraron, pero Jaume Mestre, que sigue siendo responsable de Difusió de la Generalitat, no ha tenido tanta suerte y se ha convertido en el primer testigo contra el que el ministerio público ha pedido al tribunal que actúe.

El cargo del Govern parecía empeñado en contestar a todas las preguntas del fiscal Jaime Moreno con monosílabos, como si tratara de dar el menor número de datos posible, y sus "no recuerdo" se veían algo forzados, lo que llevó al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a advirtirle de que la deducción de testimonio por falso testimonio no solo se produce cuando un testigo miente, sino también cuando trata de sustraer a la Sala "datos relevantes" para el esclarecimiento de los hechos. La decisión se conocerá en la sentencia que se dicte.

Sus explicaciones sobre cómo se ocupa de la difusión de las campañas publicitarias de la Generalitat, salvo la de Civisme, no fueron suficientes. Y más cuando, aunque quedara desierta, él mismo admitió que vio "en los medios" el anuncio de la vía del tren con la referencia al derecho a decidir, gracias a la Corporació Catalana de Mijtans Audivisuals. Eso sí negó cualquier relación con las facturas por 184.000 y 93.100 euros que la entidad pública pasó al Departamento de Presidència. Su directora, Nùria Llorach, que se negó a declarar ante la Sala por estar imputada, le identificó en instrucción como la persona que se lo encargó.

Nadie cobró

Para entonces Mestre ya había dicho que ninguna de las empresas de publicidad que participaron en las campañas del Registro de Catalanes en el Exterior y en Civisme cobró por su trabajo, después de que quien era director general d'Atenció Ciutadana y Difusió, Ignasi Genovès, dijera que esas facturas "no se podían pagar".

Estudi Dada renunció a 10.829 euros. Focus, a 158.344 porque los medios le decían que era "una campaña política" que no entraba en la tarifa de la de la Generalitat. "¿NothingAD y Cardumen perdonaron 80.000 euros?", preguntó el fiscal. "Puede ser", respondió el testigo. Moreno volvió a insistir: "¿Es normal que les condonen las facturas?". "No", admitió Mestre. 

Ningún pago 

Y si el laconismo fue el estilo de Mestre, su sucesor en el estrado optó por la versión opuesta: apabullar con datos al tribunal. Tal fue su locuacidad, que Marchena le llegó a recordar su condición de imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, para que no se perjudicara a sí mismo, porque una cosa es responder con detalle, "con algún ejemplo", y otra "que lea toda la memoria".

Alberto Royo, secretario del Diplocat hasta octubre del 2017, negó que desde este organismo de promoción de Catalunya en el extranjero se pagaran gastos de observadores internacionales para el 1-O. Admitió que el 87% de sus ingresos provienen de la Generalitat, pero negó que sea un Ministerio del Esterior, aunque su máximo sea el presidente de la Generalitat. Precisó que su objetivo es "la diplomacia pública" y "dar a conocer los activos de Catalunya, como aspectos económicos, paisaje, deportes”.

El pago de 40.591 euros a través de una tarjeta del organismo lo enmarcó Royo en un programa de visitantes internacionales: un grupo de diputados extranjeros que estuvieron en Catalunya del 29 de septiembre al 2 de octubre. "Una actividad muy habitual y que se hace cada mes", recalcó, que "se realizó a petición de varios diputados catalanes que seguían la situación catalana. Ellos querían estar esos días en Catalunya para saber qué pasaba”. 

En cuanto a la otra partida sospechosa, de 54.030 euros, que fue devuelta, dijo que fue una transferencia a una empresa británica para que Wim Kok, exprimer ministro de Holanda, participara en un estudio académico sobre la situación de Catalunya sin relación con el 1-O. “Diplocat no estuvo implicado en ningún referéndum y nos dedicamos a hacer nuestro trabajo que era dar a conocer Catalunya en el exterior”, incidió.