La encrucijada 'cupaire'

La órbita anticapitalista se arruga ante el cisma interno para evitar que el embrollo termine en una escisión. La determinación de Poble Lliure, partido político desde el 2017, de concurrir a las elecciones generales del 28-A al margen del acuerdo forjado en el consejo político de la CUP, ha oficializado un pleito en el que nadie quiere resultar damnificado pero que pone a la organización en un brete.

La disyuntiva parte de un choque de análisis. Mientras unos niegan cualquier desacatamiento, porque arguyen que pueden tomar este camino ya que no compiten contra la CUP y su decisión "no entra en contradicción con los estatutos", otros abanderan "deslealtad" para exigir que se tomen medidas contundentes. Pero más allá de eventuales sanciones, la encrucijada de la CUP pasa por decidir si se decanta por pedir públicamente el voto por esta candidatura o si mantienen su tradicional apuesta por la abstención.

Ambas organizaciones han acrecentado los contactos para tratar de abordar una salida pacífica, conscientes de que los tiempos les ahogan. Poble Lliure cierra a toda prisa los flecos de su acuerdo con Som Alternativa, Pirates de Catalunya, Bloc Sobiranista Català y Constituents por la Ruptura porque el plazo para presentar coaliciones finaliza el viernes, aunque también podrían registrar directamente una nueva marca en la que ya trabajan para alargar el plazo hasta el día 25.

En paralelo, hasta el sábado 23, las asambleas territoriales observarán bajo lupa su maniobra, a partir de un documento que elaborará el secretariado nacional. Según fuentes ‘cupaires’, la dirección dibujará una "cronología de los hechos" y evitará entrar en el fondo de la cuestión.

Voces de la CUP contrarias a la intrepidez de Poble Lliure aseguran que el desenlace podría pasar por la expulsión de este partido de los órganos de decisión compartidos, la suspensión de militancia de sus afiliados o incluso la prohibición de mantener el carnet de las dos organizaciones en el bolsillo. Se acogen a los artículos 5 y 6 de los estatutos para señalar que "toda persona de la CUP está obligada a respectar y no actuar públicamente contra estos y los acuerdos que emanen de los órganos de decisión entre asambleas", como podría ser el consejo político del pasado domingo, por lo que contravenir esta orden supondría un "incumplimiento" a sancionar. Poble Lliure, por su parte, insiste en que "no han roto" sino que han "dado un paso adelante como partido político autónomo que también participa en la CUP".

Con la voluntad de no levantar más polvareda, la cúpula no trasladará el caso, al menos por el momento, a la comisión de garantías, órgano encargado de resolver incumplimientos, aunque cualquier militante o asamblea podría registrarlo de ‘motu proprio’. Si así fuera, se agolparía la documentación, se escucharía a todas las partes y, en el plazo máximo de un mes, se emitiría un fallo. Hasta entonces, espadas en alto.