1.339 familias catalanas están en lista de espera por emergencia habitacional

La PAH y la APE critican incumplimiento de las cesiones de viviendas de los bancos

El conseller de Territorio y Sostenibilidad del Govern, Damià Calvet, ha confiado este jueves en que el nuevo decreto que desarrolla herramientas de la Ley catalana de pobreza energética y habitacional dará al Govern "mucha más capacidad" para reducir la actual mesa de emergencia de la vivienda en Catalunya, que asciende a 1.339 familias.

En una atención a los medios tras reunirse junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, con las entidades promotoras de la ley, Calvet ha apuntado a que medidas como la contención de los precios del alquiler del mercado libre y la expropiación de pisos vacíos ayudarán a ampliar el parque público, y ha afirmado que le gustaría que a finales de 2019 se haya rebajado "sustancialmente" la lista de espera.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatori Desc han criticado que todavía no se han cumplido al completo las cesiones de pisos que anunciaron entidades bancarias que no se están cumpliendo, sobre lo que ven falta de "un plan claro" del Govern para hacerlos cumplir, mientras que se dan 55 desahucios diarios.

Según las entidades, de los 1.800 pisos que anunció BBVA para la Generalitat, faltan 600 para ceder --de los que han visitado 150--, y no se han alcanzado los 50 de CaixaBank para el Ayuntamiento de Barcelona, mientras que fuentes de la Conselleria de Territorio han añadido que de las 530 viviendas acordadas con Bankia, han recibido 277.

Calvet ha admitido que los convenios no han llegado al total de la cifra de viviendas conveniadas, por motivos variados que afirma que pueden entender --como dilaciones por razones judiciales--, y ha garantizado la máxima exigencia desde el Govern: "Esperamos llegar efectivamente a las cifras convenidas porque es una responsabilidad social corporativa de estas entidades"

En la reunión, Govern ha transmitido a las entidades el compromiso de difundir la ley en una campaña de comunicación a municipios, grandes propietarios y juzgados, que "tienen que conocer punto por punto y saber cómo aplicar muy rápidamente" el decreto que la desarrolla, y ha añadido que no descartan llevarla a la ciudadanía.

Calvet ha celebrado que la nueva normativa permite expropiar pisos vacíos a bancos y fondos de inversión, como último recurso tras imponer multas a pisos vacíos y proponer acuerdos mutuos, y ha añadido que el Govern ha adquirido por tanteo y retracto un total de 853 viviendas en 2018 --135 en Barcelona--, y los ayuntamientos catalanes han comprado 202 --21 en la capital--, "cifras importantes que incrementan el parque publico".

Desde la PAH, la portavoz Lucía Delgado, ha urgido a que la ciudadanía conozca los derechos que le imprime esta normativa, y ha celebrado la campaña "para que cualquier familia que se encuentre en situación de pérdida de vivienda sepa que hay una ley que la ampara", deplorando el actual ritmo de 55 desahucios diarios en Catalunya --según cifras de Govern--.

POBREZA ENERGÉTICA

Tras la reunión, la portavoz de la APE, Maria Campuzano, ha explicado a los medios que han reclamado al presidente del Govern que se reúna personalmente con las empresas eléctricas para que firmen los convenios que propone la ley y asuman la deuda de las familias vulnerables: "Los convenios son nuestra gran preocupación ahora mismo".

Entre los deberes a la Generalitat, han propuesto a Torra reunirse en un mes con, como mínimo, representantes de Endesa y Naturgy --por ser las más grandes-- para plantear acuerdos y desencallar la situación: "El problema es que el presidente ha trasladado esto a una siguiente reunión" con otros miembros del Govern en los próximos tres meses, ha lamentado.

Campuzano ha defendido la necesidad de que los que hacen "negocio con derechos básicos" sean los que asuman las deudas, como indica la ley también al atribuir a los grandes propietarios el deber de garantizar alquiler social, y ha añadido que es necesario que el Govern radiografíe la situación de esta pobreza.

Preguntado por este asunto, Calvet ha admitido que desconocen el total de familias afectadas por pobreza energética y cuál es la deuda acumulada con las empresas suministradoras, pero ha defendido avanzar hacia una concertación entre energéticas y administraciones, que incluya "quitanzas" y subvenciones.

Govern y entidades se han comprometido a una reunión específica sobre pobreza energética en los próximos tres meses en la que habrá los titulares de Empresa, Asuntos Sociales e Interior, para avanzar en la firma de los convenios, la atención a los afectados y en su detección desde Bomberos de la Generalitat.