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JUICIO AL 'PROCÉS'

"Miedo" en la sede de Economia

La secretaria judicial describe la concentración contra los registros del 20-S como un pandemónium muy alejado de la fiesta que pintaron los acusados

Pidió un helicóptero para salir, pero al final abandonó el edificio por el teatro anexo tras saltar un "murete"

Daniel G. Sastre

El presidente del tribunal del juicio al ’procés’, Manuel Marchena. 

El presidente del tribunal del juicio al ’procés’, Manuel Marchena. 

Todo es cuestión de perspectiva. También en el juicio a los líderes del ‘procés’, que en sus declaraciones de los primeros días describieron la manifestación frente al Departamento de Economia del 20 de septiembre del 2017 como poco menos que una fiesta, con actuaciones musicales y tanta normalidad en la calle que Gabriel Rufián incluso se fue a merendar tranquilamente. Desde dentro del edificio, la secretaria judicial encargada de dirigir el registro de ese día lo vio de manera muy diferente. Ayer describió un infierno de gente «aplastada contra el cristal» de la puerta, de ruido de «tumulto» y de consignas amenazantes que se filtraban hasta donde ella estaba. «Tuve miedo», dijo en el Tribunal Supremo.

Ya se sabe que el miedo es libre, pero los relatos de unos y otros, como viene sucediendo en casi cada jornada de la vista, son tan diferentes que parecen ocurridos en distintos lugares o fechas. El de Enric Millo, con «la trampa del Fairy» contra la policía como elemento más pintoresco, ha levantado ampollas entre los independentistas. El de Montserrat del Toro, la secretaria judicial, tampoco les habrá gustado, porque iba en la misma línea que el del resto de testigos de la acusación que hasta ahora han pasado por la sala: rico en detalles, lleno de ruidos y masas de gente «inquietantes», siempre alejado de la versión seráfica de las concentraciones de aquellos días que difunden las defensas.

La secretaria judicial, cuya imagen no se difundió ayer por televisión para protegerla, llegó a pedir un helicóptero para escapar del Departamento de Economia, pero al final salió por el teatro Coliseum, aledaño al edificio. Sus andanzas durante aquellas 17 horas y su evasión final a través de la azotea y saltando un «murete», son motivos de chanza para el independentismo, pero ayer ella dejó muy claro que no se lo toma a broma, e incluso explicó que poco después tuvo que coger una baja laboral. Han pasado «un año, cinco meses y 16 días» desde el registro, subrayó; y desde entonces ha recordado «cada día» lo que pasó para «fijarlo en la memoria» y explicarlo ante el juez Manuel Marchena. 

Su testimonio es clave porque sustenta la acusación de rebelión contra los Jordis. Dijo que llegó al edificio acompañada por una decena de guardias civiles para registrar varios despachos por orden del magistrado del juzgado número 13 de Barcelona, y que enseguida sintió que la situación iba a torcerse. Había un «mar de gente» en la calle que impedía la salida del edificio, afirmó, pero también cuestiones básicas como el avituallamiento: no podían ni llamar a un «pizzero» porque la multitud habría sabido que la comida era para la comitiva judicial y lo habrían puesto en peligro, aseguró. Después de las cuatro de la tarde pudieron repartirse cinco bocadillos entre todos porque una agente de los Mossos «se apiadó» de ellos.

Tres salidas

Cuando terminaron su trabajo llegó la peor parte. Una vez descartado el helicóptero, porque la azotea estaba llena de antenas y no hubiera podido aterrizar, el responsable de la Guardia Civil propuso a la secretaria judicial tres opciones para salir. La primera, que saliera sola por la puerta principal. La segunda, que lo hiciera protegida por un «pasillo de civiles». La tercera, también por un pasillo, pero esta vez formado por antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Las rechazó las tres, porque no eran «seguras» y porque en su opinión tenía que abandonar el edificio junto al resto de la comitiva judicial.

Solo le quedaba llamar al juez instructor, el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. «No hay salida. Me tienes que sacar de aquí», le dijo. «Voy a hacer lo que pueda», le respondió el magistrado. Y entonces, después de que el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero recibiera la orden de evacuarla del modo que fuera, se pergeñó la salida a través del teatro aledaño. Del Toro refirió un último inconveniente: el responsable de esa sala, que en un primer momento había dado el visto bueno a que se mezclara entre el público que estaba contemplando la función para alcanzar la calle, se arrepintió después y la dejó esperando en un camerino. Los Mossos lo convencieron en media hora y finalmente salió a la carrera hasta llegar a un coche policial camuflado.

La declaración de la secretaria judicial fue el punto más interesante de una jornada que se inició con la comparecencia del coronel Diego Pérez de los Cobos –que siguió defendiendo la actuación policial del 1-O– y concluyó con las de los representantes de medios que publicaron anuncios del referéndum, las de hoteleros que alojaron a policías y las de dos informáticos que negociaron con la Generalitat la elaboración de un sistema de votación electrónica que no se acabó concretando.

También ahí es importante la diferencia entre dentro y fuera: quien, en nombre del Govern, les ofreció 500.000 euros por crear ese programa se presentó como «Jordi», pero en realidad era Xavier Vendrell, que ni estaba dentro del Govern ni está acusado en la causa del ‘procés’. Estos días en que su aparición y la de otros miembros del ‘Estat major’ que asesoró a Carles Puidemont está siendo constante en algunas declaraciones, sorprende que no se les haya citado ni siquiera como testigos.