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JUICIO DEL PROCÉS

Un hotelero que alojó policías del 1-O declara que recibió llamadas amenazantes

El práctico del puerto de Palamós sostiene que no había impedimiento para que 'El Piolín" atracara,pese a lo dicho por Rull

Los responsables publicitarios y otros profesionales han asegurado que renunciaron a cobrar por su trabajo

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

El magistrado Manuel Marchena, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, en el Tribunal Supremo.

El magistrado Manuel Marchena, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, en el Tribunal Supremo. / EFE / BALLESTEROS

El responsable del hotel Travé de Figueres ha admitido este miércoles en el juicio del 'procés' que recibió numerosas llamadas amenazantes durante el periodo que estuvieron alojados en su negocio un centenar policías nacionales trasladados en septiembre del 2017 a Catalunya por el 1-O. "Hubo numerosas llamadas, hasta el punto de que se tuvo que desconectar el teléfono. Eran para hacer presión, para que los agentes se fueran, con insultos, amenazas y anunciando que nos iban a hacer boicot". Ha recordado que huba en la puerta dos manifestaciones "pacíficas".

El director del hotel Gaudí de Reus ha explicado, por su parte,  que alojaró durante cinco días a un grupo de 110 policías nacionales y que en la puerta se produjeron concentraciones y que, por la noche, vio gente que hacía fotos. Ha negado, en cambio, que recibiera presiones para que los agentes abandonaran el establecimiento. "Se les acabó la reserva y se fueron", ha concretado.

El atraque del buque

El capitán de la Marina mercante y práctico del puerto de Palamós, Pedro Bull, ha afirmado que no había ningún impedimento para que el barco 'Moby Dada', conocido como El Piolín y donde se iban aloja policías, fondeara en sus instalaciones, en contra de los declarado por el exconseller Josep Rull, que señaló que no era recomendable que el buque amarrara allí porque comprometía la operativa del puerto.  La embarcación, ante la falta de autorización por parte de Ports de Catalunya, recaló en el puerto de Barcelona.  "Era viable que se alojara en Palamós", ha insistido, para añadir que había dos muelles "totalmente" desocupados.

Bull remitió una carta al juez instructor Pablo Llarena por su indignación al leer una entrevista, precisamente,  de Rull en la que, a su entender, implicaba a un funcionario en la negativa a que el barco atracara en Palamós. Sin embargo, a preguntas de la defensa del exconseller, ha indicado que las declaraciones de Rull eran "correctas".

El informático

El informático Vicente Nos ha explicado al tribunal que le contactó un conocido, Quin Franquesa, para plantearle la idea de elaborar un proyecto de voto electrónico para los residentes en el extranjero para el 1-O.  Este testigo ha aludido a que el 16 de agosto del 2017 tuvo una reunión en el Palau de Pedralbes de Barcelona en las que participó, entre otras personas, el que era presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y la diputada de ERC Marta Rovira. En ese encuentro expusieron su proyecto que, al final, no se realizó porque no se recibió ningún adelanto económico para empezar a trabajar. El coste era de 400.000 a 500.000 euros. La propuesta les llegó, según ha concretado, por el también Xavier Vendrell. 

Franquesa, por su parte, ha  precisado que les comentaron que todo "era legal" y que este sistema estaría amparado por una ley que iba a aprobar el Parlament. Ha aclarado que no iba a pagar la Generalitat, sino una tercera persona de la que desconoce su identidad.  Él y Vicente Nos se reunieron con técnicos del Centre de Telecomunicacion dependiente del Gobierno catalán, que no dieron el visto bueno al proyecto. "No cobramos nada", ha insistido. "Como vimos que el Tribunal Constitucional seguramente lo iba a bloquear y la parte técnica no estaba definida, nos echamos para atrás (...) El timing era casi imposible, porque en 15 días no puedes desarrollar un sistema de voto electrónico", ha  subrayado.

La página web

La diseñadora gráfica Teressa Guix ha explicado que hizo una factura en mayo del 2017 por un contrato menor con la Generalitat, para la que ya estaba trabajando, para la web 'pactepelreferendum.cat'., que "no era la del referéndum".  Tres meses después, en julio hizo una factura negativa para no cobrar ese trabajo, porque le citaron en la Guardia Civil y pensó que “por prudencia" era mejor no percibir esa remuneración, que ascendía a 2.700 euros. Según esta diseñadora gráfica, entregó ese proyecto de web en la Conselleria de Presidència. Le contactó, según su versión, el responsable de contenidos digitales de la Generalitat, Roc Fernández. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha reprendido a la testigo por contestar a las preguntas de la fiscalía con un “no recuerdo”. 

La directora de Focus, Olga Solanas, ha detallado que su empresa se encargó de la compra de espacios publicitarios para la campaña de registro de catalanes en extranjeros. Ha indicado que estos trabajos no fueron cobrados. "Cuando dimos órdenes de compra, algún medio nos dijo que era una campaña política y por tanto iba a tarifa. Yo como empresa no iba a asumir pasarme del pliego de condiciones que eran dos millones", ha recalcado. Ferran Burriel, director de NotingAD, que fueron los creativos de esa campaña, ha relatado que renunciaron a cobra  80.000 euros por su trabajo.

La presidenta de la Corporació Catalana de Medios Audiovisuales, Nuria LLorach, ha optado por no contestar a las preguntas a figurar como imputada en el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-0. El director del Punt Avui, Xavier Xirgo, ha relatado que se publicó el anuncio de la campaña Civisme (se ve unas vías del tren y está vinculado al referéndum) y que se hizo de forma gratuita.La imagen se cogió de las redes sociales, ha subrayado. En cambio, sí emitió una factura por publicidad sobre el registro de catalanes residentes en el exterior.