Casado promete relegar el uso del catalán a lengua opcional

Pablo Casado no aterriza en Catalunya sin propuestas electorales bajo el brazo. Cuando se estrenó en la dirección convocó su primera reunión del comité ejecutivo en Barcelona y anunció una iniciativa parlamentaria para incorporar los delitos de "sedición impropia" y de "convocatoria ilegal de referéndums" en el Código Penal. En un segundo encuentro, esta vez un cónclave del PPC, reclamó impetuoso la aplicación de un 155 "más extenso y con competencias suficientes" para intervenir la educación, los medios de comunicación públicos y los Mossos d’Esquadra. En numerosas comparecencias públicas hurgó en su determinación a ilegalizar los CDR vía ley de partidos, y propuso recuperar la ley de símbolos de 1981 para vetar los lazos amarillos en el espacio público. Este jueves, ofreció otro tomo. De visita en el Mobile World Congress (MWC), presentó una "ley de lenguas" que relega el catalán a un uso opcional y eleva el castellano a vehicular.

En plena precamapaña, el líder del PP aseguró que esta iniciativa ya está redactada en su programa electoral de forma expansiva a todo el Estado, por lo que, si llega a la Moncloa, las lenguas cooficiales pasarían a ser "un mérito pero no un requisito excluyente".

Casado proclamó la necesidad de regular el castellano en base al artículo 3 de la Constitución -"que establece que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"- en cuatro ámbitos: el administrativo, el empleo público, la enseñanza y la señalización.

Según su plan, se debería usar de forma obligatoria en todas las comunicaciones públicas de la administración y "ningún español va a poder ser sancionado si no se le comunica en la lengua común de todos los españoles sin detrimento de que también se le comunique en otra". Las ofertas de empleo público serían patrocinadas y concurridas en esta lengua porque, dijo, "no es justo que una persona de Granada no pueda optar a un puesto de trabajo en Tarragona, pero sí a la inversa". Y en las aulas de los centros educativos se obligaría al uso del castellano como vehicular "sin perjuicio" de que vaya acompañado de la lengua cooficial "si así lo decide la Comunidad Autónoma en cuestión". Las vías urbanas e interurbanas deberían ser rotuladas siguiendo la misma pauta, dejando la puerta abierta a una duplicidad en la lengua cooficial. 

El dirigente popular defendió que su idea "consagra la igualdad de oportunidades y la competitividad entre los españoles". Y siguiendo su voluntad de forjarse como "dique de contención" contra el independentismo, reconvirtió su exposición en un dardo contra los secesionistas, obviando que la inmersión lingüística cosecha consensos mucho más amplios en Catalunya. "Las lenguas cooficiales siempre son una riqueza pero el nacionalismo las ha aprovechado, no por amor a ellas, sino como una barrera identitaria para llevar a cabo su proyecto", espetó en declaraciones a los periodistas.

"Inconstitucional"

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Desde otro escenario, el hemiciclo del Parlament de Catalunya, Ciutadans también cargó contra el Govern a cuenta de la inmersión lingüística. La diputada que lleva la voz cantante de los naranjas en la comisión de Educació, Sonia Sierra, acusó al Ejecutivo de Quim Torra de persistir en un "sistema monolingüe", al tiempo que se "relega" el castellano y el inglés en las escuelas catalanas.

El 'conseller' de Educació, Josep Bargalló, aprovechó su réplica para responder tanto al PP como a Ciutadans. Declaró la propuesta de Casado "inconstitucional" y contraria al Estatut de Autonomía de Catalunya, y sacó pecho del modelo lingüístico en la enseñanza que defiende el Govern, al que describió como "transversal y mayoritario" en la sociedad catalana. Confrontó su prototipo con el de los naranjas, vanaglorió el suyo porque "no segrega por motivos de lengua" y terminó censurando que "mientras su modelo lingüístico sea mayoritario en la Cámara, será el que sacarán adelante", argumentando que recibe el aval de un ancho abanico de partidos como ERC, JxCat, el PSC, los 'comuns' y la CUP.