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PARLAMENT

Calvet revela que Valls firmó un decreto de precontratación de los VTC en Francia

El 'conseller' defiende los 15 minutos de antelacion del decreto regulador pese al dictamen del Consell de Garanties

Carga contra las empresas de VTC por chantajear al Govern y dejar "en la estacada" a sus trabajadores

Fidel Masreal Júlia Regué

Damià Calvet y Quim Torra, este martes antes de la reunión del Consell Executiu.

Damià Calvet y Quim Torra, este martes antes de la reunión del Consell Executiu. / ALBERT BERTRAN

El 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha revelado en el Parlament que el entonces ministro del Interior en Francia, y ahora candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, firmó una regulación francesa por decreto para que los servicios de VTC se acogieran a una precontratación, como pretende ahora regular por el Govern ante la protesta de Ciutadans (Cs) y del propio Valls.

Calvet ha defendido el decreto del Ejecutivo en el Parlament -que ha sido convalidado en el hemiciclo con el aval de todos grupos excepto Cs y PPC- y ha querido dejar en evidencia la contradicción de Valls: "El candidato estrella de Ciutadans, que nos da lecciones sobre qué hacer en este tema, el mismo señor Valls, cuando pudo hacer algo hizo lo que quiere regular el Govern. O no sabía lo que hacía cuando firmaba la ley de Francia o no sabía lo que hacía cuando firmaba el artículo de 'La Vanguardia'", ha espetado. Desde su escaño, el diputado de la CUP, Vidal Aragonés, ha hecho un gesto afirmando que en ambos casos no lo sabía.

Defensa del decreto

Mientras unos 300 conductores de VTC se concentraban a las puertas del Parlament para alertar que cerca de 3.000 personas serán despedidas, Calvet ha llevado a cabo una dura intervención contra estas empresas a las que ha acusado de chantaje abierto contra el Govern. De hecho ha leído cartas enviadas por una de estas empresas a cargos de la Generalitat y funcionarios exigiéndoles que no lleven a cabo el decreto de la precontratación o de lo contrario se llevarán a cabo acciones legales por la responsabilidad "civil, disciplinaria, contable, de todo tipo".

El 'conseller' ha acusado a estas compañías de "dejar en la estacada" a sus trabajadores, al decidir en 24 horas el cese de su actividad. "Utilizan el futuro y la angustia de los trabajadores para desregular los servicios de movilidad", ha denunciado, recordando que grandes ciudades como Nueva York, Londres, París o Berlín han fijado condiciones para este tipo de servicios, que "tras enfrentarse a las administraciones se ha tenido que adaptar". 

"No hemos sucumbido al chantaje de los taxis con su ocupación de la vía público ni tampoco al sector de las VTC", ha asegurado en otro momento de su intervención, seguida atentamente desde el hemiciclo por representantes del sector del taxi y de las VTC.

La precontratación y el Consell de Garanties

Calvet ha discrepado del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que considera que la precontratación de 15 minutos fijada por el decreto del Govern supone "una restricción no razonable de éste, según los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad".

El ‘conseller’ ha replicado que "el informe previo del gabinete jurídico de la Generalitat avala la adecuación y proporcionalidad de esta medida y este si es vinculante".

Asimismo, ha insistido en que aunque el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries advierte sobre la responsabilidad patrimonial "partiendo de la premisa de que el decreto recorta las posibilidades de negocio de las VTC" y se ha escudado en que "no es indemnizable que algunas VTC dejen de hacer lo que no pueden hacer". "No son competidores, sino complementos", ha espetado en relación a su convivencia con los taxis.

Cs intenta vetar el debate

Al inicio del debate, Carlos Carrizosa ha pedido la palabra para recordar el veredicto del Consell de Garanties Estatutàries y tratar de vetar el debate del decreto en el Parlament. Pero el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, después de valorarlo con los miembros de la Mesa, ha seguido adelante.

La portavoz adjunta de Cs, Marina Bravo, ha cargado contra el Govern por desoír al Consell de Garanties Estatuàries, ya que a su juicio el decreto "genera inseguridad jurídica" algo que ven "increíble, peligroso e irresponsable". "Este decreto perjudica usuarios, viola la competencia y perjudica innovación tecnológica. Nos devuelve al pasado", ha sentenciado.

Los populares también han subrayado las "dudas sobre la constitucionalidad" de esta iniciativa y han pedido que se registre como proyecto de ley. El diputado Santi Rodríguez ha asegurado que la normativa "no beneficia a nadie".

PSC, 'comuns' y CUP han dado su apoyo al Govern pese a sus discrepancias, aunque han insistido en que hay regular este sector, como ha sucedido en otras capitales europeas.

El delegado sindical de las VTC ha denunciado que el Parlament haya "mermado el derecho de la ciudadanía a elegir su medio de transporte". "La guerra no se ha acabado, nos queda la vía jurídica y la razón", ha añadido, ya que a su juicio el Govern "ha cedido una ves más al chantaje del taxi".