CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno califica de "insensatez" el viaje de Arrimadas a Waterloo
Juan Ruiz Sierra
Periodista
Juan Ruiz Sierra
Lo primero que hizo este viernes en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, fue cargar contra la oposición. Sobre todo contra Ciudadanos, por el viaje de su líder en Catalunya, Inés Arrimadas, a la localidad belga de Waterloo, donde reside Carles Puigdemont, huido de la Justicia. Pero Celaá también criticó a Podemos, en quien depositó parte de la responsabilidad de los desahucios que se llevaron a cabo en Madrid, al votar los morados en contra del reciente decreto de vivienda. Y por supuesto, al PP, por sus "insidias", y al independentismo, debido a las "falsedades" de su "relato". Pura precampaña.
Antes incluso de detallar los asuntos que había abordado el Gobierno en su reunión semanal, sin mediar ninguna pregunta, la portavoz y ministra de Educación dijo: "Ahora que el Tribunal Supremo está haciendo su tarea, no es sensato ir a Waterloo para insistir en una política de confrontación que solo beneficia a los más radicales. Que quienes defienden la acción de la Justicia española ayuden a internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo es una insensatez. El Gobierno va a seguir defendiendo el orden constitucional. Diálogo y ley, como dijimos desde el primer día".
Los ataques al viaje de Arrimadas, que el domingo acudirá a Waterloo acompañada de otros diputados de Cs para recordarle a Puigdemont que "la república no existe y que no es presidente de nada", no llegaron solo del Gobierno. El PP, donde los últimos movimientos de los naranjas provocan cierta incomprensión, empleó argumentos parecidos a los del Ejecutivo para arremeter contra el desplazamiento a Bélgica. "Está legitimando a un prófugo de la Justicia, dándole categoría de interlocutor. Es una barbaridad, un despropósito", señaló el líder de los conservadores en Catalunya, Alejando Fernández.
La "quimera" independentista
Ahora que se ha visto forzado a adelantar elecciones después de que ERC y el PDECat votaran en contra de los Presupuestos, al igual que el PP y Cs, el Gobierno quiere situarse claramente frente al independentismo y la derecha, que insiste en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Las fuerzas independentistas no han conseguido ninguna de sus exigencias anticonstitucionales. Y el resto de fuerzas saben que no se puede aspirar a una aplicación punitiva de la ley frente a quienes no piensan igual. No se puede aplicar una ley de forma ilegal, ni la justicia de forma injusta", explicó Celaá, para quien la huelga del pasado jueves en Catalunyahuelga, convocada por el separatismo y secundada por la Generalitat, fue un fracaso, porque "no pudieron parar" la comunidad autónoma. En este sentido, la ministra pidió a "las autoridades catalanas" que "salgan de la quimera". Pero la puerta del diálogo sigue abierta. "Hay que trabajar en política, dentro de la ley y la Constitución", concluyó la portavoz del Ejecutivo.
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