El Gobierno no garantiza la exhumación de Franco antes de las generales

El Gobierno ha reconocido que la exhumación de los restos de Francisco Franco se podría prolongar más allá de las elecciones generales del 28 de abril. "Hemos llegado al final del procedimiento administrativo", ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celáa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y ese procedimento "ha sido más largo de lo que este Gobierno imaginó al principio", ha reconocido.

En su comparecencia, la portavoz del Ejecutivo ha admitido que no está en condiciones de garantizar la ejecución antes de los comicios del decreto de exhumación, que ya ha cumplido una semana de vigencia, y que se encuentra en la fase de espera de respuesta de la familia del dictador para elegir lugar de reinhumación.

La ministra ha subrayado en tres ocasiones que el procedimiento seguido por el Gobierno "ha sido absolutamente garantista", y ha comentado que las víctimas del franquismo no gozaron nunca de "tantas garantías" como disfruta la familia del general. 

Reconocidos derechos de exhumación

Los restos de Franco no son los únicos en objeto de litigio para salir del Valle de los Caídos. Patrimonio Nacional, organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno, tiene ya reconocidos 16 derechos de exhumación en el Valle a 13 familias de diversos puntos de España.

Hay además cinco peticiones pendientes, que se han de resolver en sucesivas reuniones del consejo de administración de Patrimonio Nacional. Este organismo junta una vez al mes a 13 altos cargos, bajo presidencia de Alfredo Pérez de Armiñán.

Entre las últimas peticiones aceptadas están las de las familias de un grupo de siete republicanos de Pajares de Adaja (Ávila), fusilados en 1936 y arrojados a un pozo en la carretera de Aldeaseca, en la misma provincia. En marzo de 1959, una semana antes de la inauguración del Valle de los Caídos, sus cuerpos fueron sacados de allí y trasladados al monumento franquista. En estos días, las familias abulenses están pasando por el trámite de la toma de muestras para posteriores análisis de ADN.

Entre los fusilados de Pajares estaba Valerico Canales, padre de Fausto, destacado activista de la Memoria Histórica, de los primeros en reclamar el derecho de exhumación. Canales busca a su padre y también a su tío Victorino, al que se llevaron al frente en una de las levas franquistas de la Guerra Civil y cayó en Brunete (Madrid) el 8 de enero de 1937. Sus huesos fueron sacados del cementerio militar de Griñón (en la misma provincia) y llevados también al Valle en 1959.

A Canales le fue reconocido el derecho de exhumación de su tío bajo el Gobierno Rajoy, el 31 de mayo de 2018, un día antes de la moción de censura, y aún tuvo que interponer un recurso de alzada para obtener el derecho a recuperar los restos de su padre, que no están en la misma caja ni en la misma cripta de la basílica del Valle de los Caídos.

Estudios para futuras exhumaciones

Todas las peticiones administrativas argumentan con el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial, que abrió la puerta legal para la exhumación de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, fusilados en Zaragoza.

Tienen también reconocido el derecho de exhumación por vía judicial los familiares barceloneses del soriano Pedro Gil Calonge, y la familia del malagueño Juan González Moreno. Otras tres familias de Calatayud (Zaragoza), Madrid y Asturias integran el grupo de las primeras aceptaciones.

Después de las primeras catas que hizo el pasado verano en la cripta del Santo Sepulcro de la basílica escurialense para buscar a las víctimas con sentencia judicial, el Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, dependiente del Consejo de Investigaciones Científicas, está realizando un estudio completo en todas las criptas de cara a un futuro programa más amplio de exhumaciones.

Bloqueo de subvención a los frailes

En la misma comparecencia, la ministra portavoz  ha comentado la noticia publicada por EL PERIODICO EL PERIODICO sobre la retirada de la subvención al convento benedictino del Valle de los Caídos. Celaá ha justificado la medida "por razones obvias", ya que esta institución "no cumple los requisitos establecidos en la ley" para hacerse acreedora a dicha ayuda pública, que asciende a 340.000 euros anuales. 

La portavoz del Gobierno ha avisado de que "tendría un daño reputacional de magnitud significativa" para la Iglesia "someterse a los deseos del prior" del Valle de los Caídos, que hasta el momento se ha negado a la exhumación.

Además, se ha mostrado convencida de que "la Iglesia no se opondrá" al empeño del Gobierno de "no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública" pues entiende que "es facultad del poder civil y que efectivamente habrá de seguir las instrucciones del poder civil", ha asegurado.

Acatamiento más que apoyo

El prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera, precisó este jueves que la comunidad benedictina acatará la decisión de los tribunales y no del Gobierno sobre la exhumación de los restos de Franco.

"La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil  autoridad civilque en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", explicó Cantera en declaraciones a Europa Press.

Así se pronunció después de que se conociese que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, remitió el pasado 14 de febrero una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que afirmaba que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone".

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Monseñor Luis Argüello, admitió este viernes en una entrevista en COPE recogida por Europa Press que la Iglesia no se opondrá a la exhumación de Franco si se cumplen las condiciones necesarias para ello, pero precisó que una "una cosa es no oponerse y otra decir que lo apoya".