El fiscal busca la violencia

La violencia, o la ausencia de ella, centró los interrogatorios de la sexta jornada del juicio del ‘procés’. La fiscalía aprovechó la declaración de Jordi Sànchez, máximo responsable de la ANC durante los hechos del 2017, para poner por fin el foco en el delito de rebelión. El acusado defendió que las movilizaciones, sobre todo la del 20 de septiembre frente a la sede de Vicepresidència, fueron pacíficas, aunque quedó claro que las percepciones sobre las manifestaciones de aquellos días están muy alejadas.

El día comenzó con el interrogatorio a Santi Vila, cuya intervención se esperaba con expectación antes de que empezaran las sesiones. Pero, visto que la mayoría de ‘exconsellers’ se han añadido durante la vista a sus tesis sobre el 1-O y la DUI –en resumen, que fueron poco más que movilizaciones de carácter político y que no tuvieron ningún valor legal-, lo más notorio que se le escuchó fue que sus gestiones para negociar una salida con el Gobierno español del PP y con el PSOE estaban avaladas por Carles Puigdemont. El interés de la jornada se centró en ver cómo abordaban las acusaciones y las defensas el cargo de rebelión. La fiscalía pide para los exmiembros del Govern hasta 25 años de cárcel –en el caso de Oriol Junqueras- por ese delito, y 17 para los ‘Jordis’ y para Carme Forcadell.

En las sentencias se verá qué visión se impone, si la de los altercados violentos que dificultaron los registros de la comitiva judicial o la de la legítima protesta en la que no se produjo “ni un solo lanzamiento de objetos” contra los guardia civiles que participaron en la operación. Consciente de las dudas que está suscitando su labor hasta el momento, la acusación puso este jueves más empeño en demostrar que hay motivos para que nueve de los acusados lleven muchos meses en prisión preventiva, y que hay base para imputarles una rebelión. El fiscal Javier Zaragoza, el más incisivo hasta el momento, insistió mucho en los vehículos de la Guardia Civil destrozados por los manifestantes durante el 20 de septiembre; Sànchez condenó esos actos, pero dijo que no son representativos de la actitud general de los miles de concentrados. Y que, en cualquier caso, nadie intentó impedir que los agentes llevaran a cabo la tarea que les había encargado el juez.

El rifirrafe entre el fiscal y Sànchez a cuenta de los coches, el pasillo que hicieron voluntarios de la ANC para que saliera la comitiva judicial del edificio y los intentos de los líderes de las asociaciones independentistas de enviar a su casa a los manifestantes se extendió durante muchos minutos. “En ningún momento se apreció tensión, fue una jornada festiva”, se defendió Sànchez, que está llamado a tener un papel clave en la Crida que está poniendo en marcha Puigdemont. Mientras declaraba, en Catalunya los CDR intentaban con poco éxito paralizar Catalunya durante una jornada de huelga general de evidente cariz independentista.

Relatos irreconciliables

Los relatos sobre lo que sucedió entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre son irreconciliables, y se volvió a demostrar cuando el fiscal preguntó sobre el papel de la ANC durante los días previos al referéndum. El fiscal trató de implicar a Sànchez y la asociación que dirige en los intentos de boicotear la acción de la Policía y la Guardia Civil durante esa jornada; lo hizo incluso mediante un correo electrónico enviado a Sànchez en el que se le proponía bloquear con vehículos las calles adyacentes a los centros de votación. “Ni siquiera lo leí”, contestó el acusado, que llegó a comparar el caso con el de los wasaps de Ignacio Cosidó que salpicaron al presidente del tribunal que le juzga, Manuel Marchena. Después, la defensa buscó transmitir la imagen del 1-O que ha calado en la mayoría del independentismo con la proyección del vídeo de la patada voladora de un agente en un colegio electoral.