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JUICIO DEL 'PROCÉS'

Rull admite que "teorizaron" sobre infrastructuras que nunca crearon

El 'exconseller', tras seis requirimientos del alto tribunal: "Si nos cierran puertas, abrimos otras"

"No sabía dónde estaban las urnas, pero tenía una confianza profunda en mi país", aseguró

Ángeles Vázquez / J. G. Albalat

Rull apela a la democracia ante la falta de legitimidad moral del TC. / EFE

El 'exconseller' de Territori Josep Rull admitió ante el tribunal del 'procés' que el independentismo siempre "había planteado tener el control íntegro de todas las infraestructuras" del Estado, como contar con una agencia nacional de inteligencia, un sistema judicial y hasta una política propia de defensa, pero no se hicieron o no le consta que se hicieran. Su explicación ante las preguntas de la exfiscala general del Estado Consuelo Madrigal se limitó a reconocer que "siempre se teoriza en relación con estos elementos".

Previamente ya había dicho que había votado sí a la declaración unilateral de independencia, que situó "estrictamente en términos políticos". Explicó que "fue una propuesta formal, solemne, pero una declaración de voluntad política en los términos en los que el legislador despenalizó en 1995" el delito de rebelión "cuando no se produce violencia", porque su intención era que el Estado no les apartase del "ámbito político y pacífico" en el que querían mantenerse. 

En una línea similar a la de los acusados que le precedieron en el uso de la palabra, explicó que "el sistema tiene que buscar los mecanismos para canalizar la voluntad de la gente", porque "dentro de la Constitución española, si hay voluntad política, puede celebrarse" un referéndum. "Si nos cierran puertas, abrimos otras", se justificó.

"Hay una permanente utilización del Tribunal Constitucional por el Estado que se ha dejado instrumentalizar", defendió Rull para negarle "autoridad moral" y justificar que había sido advertido "al menos en seis ocasiones" por el alto tribunal, por ejemplo cuando los presupuestos catalanes incluyeron una partida de más de 6,7 millones de euros para la celebración de un referéndum.

“En cualquier presupuesto hay una referencia a procesos electorales, con una partida específica. Cuando yo votaba aquella ley estaba amparado en mi derecho de inviolabilidad parlamentaria y no tenía conciencia de estar cometiendo una desobediencia. Se priorizó una cierta cautela ante el escenario de un referéndum pactado”, señaló.

Buscar el equilibrio

Como Jordi Turull se amparó en la ponderación para justificar su actuación. "Buscábamos el equilibrio del imperio de la ley y el principio democrático", algo que después ejemplificó con un triángulo, cuyos lados se componían por "el imperio de la ley, el principio democrático y el de legalidad", lo que motivó que Madrigal le reprochara que hiciera más caso al Constitucional canadiense que al español. Eso sí, negó que la convocatoria del 1-O se acelerara para adelantarse a su anulación por el TC. "Lo hice en conciencia por el mandato emanado de un parlamento democrático y legítimo y ese decreto expresaba la voluntad canalizada en las urnas a traves de unas elecciones", se escudó.

Según Rull, no hubo "gasto alguno" en el referéndum, pero se negó a responder a la fiscalía por la firma del acuerdo firmado por todo el Govern para colegiar los gastos. "Las finanzas de la Generalitat estaban absolutamente controladas", lo que junto al rigor de los funcionarios catalanes hacía "imposible desviar un solo euro".

"Confianza en mi país"

Y en cuanto a las urnas y papeletas dijo que estarba "convencido de que las habría, porque fue una iniciativa extraordinaria que comprometió a mucha gente y la fuerza de la esperanza es increíble". "Yo no sabía dónde se habían construido ni dónde estaban, pero era una confianza profunda en mi país, donde hay un volumen de ciudadanos comprometidos en esta causa de libertad", sostuvo. 

A la pregunta de si no temió por esas personas, respondió: "Jamás me habría imaginado que las fuerzas y cuerpos de Seguridad hubieran utilizado un nivel de violencia como el que se desplegó contra gente pacífica. Teníamos el precedente del 9-N y no ocurrió absolutamente nada". El 20 de septiembre, añadió, no vio "turba ni tumulto", sino una manifestación pacífica "contra unas detenciones que la gente tiene derecho a considerar arbitrarias". 

Responsabilidad de 'consellers'

En este sentido, ahondó con que "no se utilizó un euro público y si hubiese algún tipo de duda", al respecto la habrían asumido "los consellers", porque ellos pusieron su "última firma" debido al control del Gobierno que "dejaba a la Generalitat como una mera gestoría".

Según Rull, cuando la interventora general catalana dejó de enviar cuentas en septiembre al Ministerio de Hacienda se trató de una "denuncia política, porque los mecanismos de control se hacían con normalidad". "En cualquier democracia cuando discrepas lo planteas en términos políticos y no puede ser perseguido ni denunciado", sostuvo.

Tras defender el papel de los alcaldes en el 1-O,  que definió como "miles de horas de esperanza" que querían "articular", Rull argumentó que "las personas que observaban se quedaron escandalizados con la violencia" utilizada por las fuerzas y cuerpos del Estado. En cuanto al referéndum sotuvo que se mantuvo "firme, inalterable" su "condición democrática y pacífica" y rechazó "algún episodio singular cometido por una o dos personas de forma puntual, pero no por toda la gente”.

Manifestación y no turba

En cuanto a la concentración del 20 de septiembre frente a la consejería de Economía, Rull dijo que lo que vio fue "una manifestación cívica y pacífica". La fiscala le preguntó si sabía que la comisión judicial de "estuvo retenida 14 horas" y si "oyó lo que gritaba la gente". El 'exconseller' dijo que "canciones, gritos... Era una movilización a favor de la libertad y la democracia, protestando por unas detenciones que mucha gente tiene derecho a considerar arbitrarias y en democracia hay derecho para protestar lo que se considera injusto".

Rull admitió el "problema de percepción" que tiene con la fiscalía en relación  con el derecho de reunión,  manifestación y la libertad ideológica, dijo. "Ustedes escriben 'tumulto, turba, masa, instrumento coactivo' para mí es derecho de manifestación", dijo. El episodio volvió a repetirse con el acoso sufrido por los agentes en ciertos hoteles: la fiscala lo llamó "escraches" y Rull dijo no compartir el término, aunque condena todos, así como todo fuerza de violencia.

Añadió que en un momento determinado el fiscal general del Estado dijo: "No nos obliguen a ir más allá de la ley", con la que dio a entender que pese a que la fiscalía es garante de la legalidad ello estuviese relacionada con el uso de una "violencia desbocada".

Respecto al ferry Moby Dada, más conocido como Piolín, al que negó el atraco en Palamós, Rull se explayó. Primero señaló que solicitaba permiso para reparar camarotes y para ese puerto la joya de la corona son los cruceros, por lo que habría sido una responsabilidad por su parte haber dicho que sí, aunque luego lo pidió como barco hotel y después el Gobierno lo incorporó como barco de Estado, momento en el que se trasladó a Barcelona. "Alojada, yo me atrevería a decir hacinada durante tanto tiempo", explicó Rull, tenían que salir a hacer ejercicio y eso explicó que puso en peligro la actividad de carga del puerto de Barcelona y que más de centenar de coches no pudieron embarcar rumbo a su destino. 

Catalán como amenaza

Previamente Rull había lamentado ante el tribunal del 'procés' que no haya habilitado la consecueción simultánea para que él pueda declarar en catalán, ya que considera que con la utilización de intérpretes se pierde la "plenitud" de su testimonio. Sostuvo que "con demasiada frecuencia" tiene "la sensación de que la lengua catalana se ve como una amenaza o un problema", extremo que fue rápidamente negado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena. 

Para Rull, "el derecho a poder utilizar la lengua materna es fundamental y con la traducción consecutiva desaparece el principio de oralidad y desaparece el derecho a declarar en plenitud", en un asunto que "no es menor" porque la fiscalía le pide 16 años de cárcel, la abogacía, 11 y 74, la acusación que ejerce Vox, a la que se negó a contestar por "respeto a las personas que sufren racismo y transfobia".