Dolors Bassa: "El 1-O nunca fue un acto para la independencia"

La 'exconsellera' de Treball, Afers Socials y Família Dolors Bassa sorprendió este miércoles al tribunal que juzga el 'procés' con una nueva versión del independentismo sobre la actuación del Govern tras ser anulada la ley del 1-O por el Tribunal Constitucional (TC). Sostuvo que desde ese momento no se adoptó medida alguna que la cumplimentara, aunque el referéndum se realizó el 1 de octubre, como estaba previsto, por no ser delito desde el 2005 y considerarse "un acto más dentro de la legislatura, nunca un acto concluyente para la independencia".

La acusada explicó que de otro modo la independencia habría tenido que declararse el 3 de octubre, pero no se dio el paso, porque siempre se trató de un acto para lograr a través del "diálogo, la negociación y el pacto" la consulta del sentir catalán. Para reafirmar sus palabras aseguró: "La prueba es que estamos aquí y no hay independencia. Siempre se planteó la independencia como algo pactado".

Justificó la ley de transitoriedad a la república catalana con que si finalmente "se llegaba a un pacto" con el Gobierno central para celebrar un referéndum debían"tener algo preparado". La ley del referéndum no se cumplimentó con medida alguna desde su suspensión por el Constitucional. De ahí que se suspendiera la sindicatura electoral, que debía contabilizar los votos del 1-O, y que no se realizara gasto alguno.

Si no se suspendió, dijo, porque su celebración no era delito y se remitió a las normativas jurídicas internacionales y a expertos en Derecho, que "decían que un referéndum tenía encajen la Constitución si había voluntad política", así como a que "un 80% de la población lo demandaba". Consideró "un conflicto competencial jurídico transitorio" su desavenencias con el Constitucional. 

Bassa, que se negó a contestar a la acusación de Vox, por "respeto a las mujeres de España y tolerancia cero con la violencia de género", coincidió con su antecesor en los interrogatorios, Josep Rull, en admitir que recibió seis requerimientos del alto tribunal y en tratar de compararlo con los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno central de sus sentencias. 

Sin garantía, la DUI

Según su versión, la primera vez en que cayó en la cuenta de que se podía declarar la independencia fue con el intercambio de cartas que se produjo entre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante la posiblidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 26 de octubre Puigdemont anunció que convocaría elecciones, pero como hubo "tensiones", pidió garantías de que no se aplicaría el 155. Como no las consiguió instó al Parlament a "hacer lo que considerara más conveniente" con la pacto firmado por los partidos en favor de la independencia.

Centros cívicos

De ella dependían los centros cívicos y el fiscal Fidel Cadena se centró en ellos y en cómo ella asumió las funciones de sus directores la semana antes del 1-O. "Venía un fin de semana y empezaron a entrar en los centros cívicos peticiones para hacer actividades muy diversas. Los centros cívicos son para la participación ciudadana. No nos podíamos negar. Los directores tenían cierta inquietud por si pasaba algo en esas actividades, por lo que asumí sus competencias, pero no cese a nadie ni se firmó ningún trabajo. No tenía nada que ver con el 1-O", aseguró, aunque sí precisó que la orden era que las actividades acabaran antes de las 6 de la mañana de ese día, en cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. 

"Parece que a veces hubo algunos problemas con Unipost que en ocasiones mandaba facturas que no eran", respondió Bassa al ser presentada en relación a una factura preforma encontrada en la empresa que realizó las papeletas del 1-O y, en concreto, una por 197.492,04 euros librada a su departamento.

Mil formas de evitar el 1-O

La exconsellera señaló que durante al concentración del 20 de septiembre frente a la 'Conselleria' de Economía había muchas personas protestando y se dieron hasta claveles a la guardia civil. Y por ello nunca pensó que el 1-O hubiera incidentes violentos. "Se me ocurren mil maneras de evitar el referéndum sin atacar a la gente que había allí. Como desmerecer los resultados o retirar las urnas cuando ya se hubiera votado", aseguró.

A preguntas de su abogado Bassa equiparó la huelga del 3 de octubre y la 8 de noviembre de 2017, para afirmar que en esta última la ministra Fátima Báñez firmó los servicios mínimos por estar ella ya en la cárcel.