La primera semana del juicio a los líderes independentistas

"Agentes de orden publico había 1.000 de 8.000 de los que actauron", ha asegurado.

"Hubieran sido necesarios 90.000 efectivos para detener el referéndum, según comentó el Secretario de Estado, y tan sólo recibimos 6.000", ha asegurado Forn. 

"No hace falta ser muy listo para saber qué significa hacer un radio de seguridad de 100 metros alrededor de cada uno de los locales", ha dicho Forn.

"En ningún momento la Generalitat tuvo conocimiento de los planes de la Guardia Civil ni la Policía Nacional", ha asegurado Forn. 

Según Forn, el 1 de Octubre había 6.000 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Catalunya y ha asegurado que con el refuerzo del ministerio de interior los Mossos no tenían suficiente para hacer frente a las órdenes recibidas. 

Los gastos extraordinarios del departament d'Interior fueron aprobados en consejo de ministros. 

Trapero y Puig le hicieron llegar instrucciones de fiscalía dirigidas al cuerpo policial. "Los planes de actuación conllevaban un aumento de las horas del personal (hasta un total de 92.000), así que por eso me lo trasladaron a mi.

En esas valoraciones se esperaba que la manifestación o resistencia fuera pasiva y pacífica. 

Joaquim Forn ha asegurado que en la reunión del 13 de octubre del 2017, en la que se encontraban reunidos con la prefectura de policía y el Mayor Trapero, ya se tenía la misma previsión de riesgo que se valoró el 27 del miso mes. 

"Las isntrucciones por parte de la Secretaría de Estado fueron muy claras", ha dicho Forn. 

"Nosotros decíamos que íbamos a cumplir la legalidad, pero tampoco queríamos actuar de cualquier manera", ha especificado. 

"Los funcionarios no opusieron ningún tipo de resistencia a la aplicación del 155", ha insistido.

"Estoy convencido que la organización y la participación en un referéndum no es delito", ha insisitido. 

"No se comunicó la resolución del Parlament, no hubo ni actos administrativos ni resoluciones tras el pleno", ha justificado Forn. "No se publicaron", ha insitido. 

Forn ha reconocido que nohubo independencia. "La independencia se tenía que declarar dos días después del referéndum y no se hizo", ha dicho.

"Las directrices eran simples había que proteger a las personas y a los bienes", ha epxlicado Forn. 

"Yo no dirigía el operativo y no conozco por tanto todas las operaciones que se llevarona  cabo ese día", ha insistido Forn. "Si me pide detalles, no se los puedo dar porque no los conozco", ha zanjado. 

"Los comisarios nunca han recibido una orden mía para permitir que se hiciera el referéndum", ha especificado Forn. 

"Estoy de acuerdo políticamente en fomentar el referéndum, pero no utilicé mecanismos del departamento de Interior para llevarlo a cabo"; ha explciado. 

Rosa María Seoane, abogada del Estado, empieza a interrogar a Forn. 

Joaquim Forn termina de responder las preguntas de la Fiscalía y pasa a ahora a responder las preguntas de la abogacía del Estado. 

"La reunión del 25 de Octubre en el Palau de la Generalitat era muy importante. Pretendía decidir si se convocaban elecciones o se hacía la DUI", ha explicado Forn. 

"No participé en ningún operativo policial el día del referéndum", ha defendido el exconseller d'Interior. 

"Si hubo mala actuación, fue por parte de la Guardia Civil, desde mi punto de vista", añade Forn. 

"Los Mossos iban a cumplir las órdenes, iban a cumplir el plan que presentaron a la fiscalía y el que presentaron a la magistrada", ha insistido Forn. 

Forn reanuda su declaración e insiste en que los Mossos actuaron de la mejor manera posible. 

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho hoy que la declaración del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras al considerarse un "preso político" es de una "mezquindad inaceptable" y representa "el mayor desprecio" a la Sala del Tribunal Supremo que lo juzga. 

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha reivindicado este jueves la "vía catalana" del diálogo ante lo que ha calificado como juicio "político" en el Tribunal Supremo y el "fracaso" de la "vía española" del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha invitado a retomar la negociación con el Govern.

Esta es la crónica del interrogatorio a Joaquim Forn. Su declaración continuará tras el receso para comer con las preguntas finales de la Fiscalía. Tras ella, vendrán las de la Abogacía del Estado y las de su defensa. Forn ha manifestado que no contestará a las de Vox.

"Amar España es incompatible con acabar con su democracia. Hoy hemos vivido un mitin en el Supremo, pero la verdad prevalece. Como dijo la Fiscalía, el juicio es la constatación de la fortaleza de la democracia española y la política no es patente de corso para la ilegalidad", señala el líder del PP, Pablo Casado, en réplica a la declaración de Oriol Junqueras.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, comparece ante los medios en Madrid. Afirma que ante "un juicio político", mantienen el convencimiento de que "solo dialogando, negociando y poniendo sobre la mesas los temas se resuelven los problemas". Denuncia el "fracaso de la vía española", ante la que propone la "vía catalana, la del diálogo".

En la protesta, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado indignante la declaración de Junqueras en el Supremo porque, a su juicio, ha intentado esconcer que hace un año y medio fue el "cabecilla de un golpe a la democracia".

La declaración de los políticos independentistas en el juicio del Supremo ha provocado la suspensión de las comisiones que debían celebrarse en el Parlament. Esto ha generado una queja de Ciudadanos, cuyos diputados han protestado en la Cámara y han vuelto a pedir la "dimisión" de Roger Torrent por "cerrar el Parlament y mentir", ya que aseguran que Torrent ha defendido en varias ocasiones que la Cámara funciona de forma adecuada y que no se está viendo alterada por el calendario judicial.

El juez Marchena interrumpe la sesión hasta las 16 horas.

Forn defiende que el 19 de julio dijo que los Mossos permitirían votar durante el referéndum porque en aquel momento todavía no estaba suspendido, ni siquiera convocado.

"El informe de riesgos de seguridad en la celebración del referéndum puede ser calcado para grandes manifestaciones como las del 11 de septiembre", añade Forn.

Marchena llama al orden al fiscal y le pide que no intente conseguir la adhesión de Forn al informe.

El fiscal destaca que en un informe elaborado sobre una reunión celebrada el 28 de septiembre, a la que asistieron el propio Forn, Junqueras, Puigdemont, y la cúpula de los Mossos, se advertían de posibles riesgos de tensión y enfrentamientos. ¿De aquí no se deduce que podía haber riesgo de violencia?, pregunta Cadena. Forn lo rechaza y considera que el 1-O hubo violencia por parte de Guardia Civil y Policía Nacional.

"En ningún momento se nos planteó que habría escenarios de violencia generalizada el día del referéndum", dice sobre las reuniones de coordinación entre todos los cuerpos policiales.

El fiscal pregunta si organizaciones como la Crida (no se sabe a qué organización se refiere, puesto que en el 2017 esta organización no existía) llamaron a ocupar los colegios. El 'exconseller' defiende que la comunidad educativa fue la que decidió mantener las escuelas abiertas la madrugada del 1-O. "Que yo sepa, esto no es ilegal", destaca.

El fiscal pregunta si según las pautas de actuación previstas por los Mossos se decretó que a los colegios fuera una pareja de agentes a cada centro. ¿Le parecía suficiente?, continúa el fiscal. "Yo no participé en la elaboración del plan. Fue el único plan que se presentó a fiscalía", dice Forn, que considera que aquel día se movilizó el mayor operativo de Mossos en su historia.

Forn defiende de nuevo que los Mossos dieron cumplimiento a las órdenes de la fiscalía y la magistrada del TSJC para que evitaran la celebración del referéndum. "No se puede hablar de inactividad (...). Los días previos se levantaron más de 6.000 actas". Sostiene que gracias a esas actuaciones algunos colegios electorales no abrieron el 1-O.

El fiscal pasa ahora al 1 de octubre, día del referéndum.

El 'exconseller' dice que, según lo que le relató el mayor Trapero, la comitiva judicial salió de madrugada no porque no pudiera salir por la aglomeración de gente en el exterior, sino porque tuvieron un problema informático.

Explica que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se subieron a los coches de la Guardia Civil para evitar que subiera la tensión. "Se subieron ellos y otras personas", subraya. Y niega que se intentara echar abajo la puerta de la conselleria.

"Desde la fiscalía se construyen unos relatos un poco peliculeros. La secretaria judicial saltó un muro de un metro y medio que separa la conselleria del teatro Coliseum. Se consideró por parte de los Mossos que era la alternativa más segura. Ella misma pidió salir por otro lado", explica Forn.

Explica que aquel día habló con Jordi Sànchez "cuatro o cinco veces" para intentar reconducir la situación y disminuir cualquier tipo de tensión. El fiscal pregunta a Forn por los coches de la Guardia Civil que los manifestantes destrozaron y asegura que fueron siete. El 'exconseller' mantiene que fueron dos.

Forn dice que la manifestación del 20-S ante la Conselleria de Economia la vio como una protesta legítima y no para evitar la actuación de la Guardia Civil. "El derecho a la protesta contra las decisiones de los jueces, que yo sepa, no es anticonstitucional", señala.

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha asegurado que las palabras en el juicio del exvicepresidente de la Generalitat y líder de su partido, Oriol Junqueras, muestran "su calidad humana, dignidad y espíritu de respeto". "Podrán seguir teniéndolo en prisión o condenarlo, pero lo que no podrán es desmontar ni destruir su calidad humana, dignidad y la fortaleza que nos ha comunicado", ha afirmado en declaraciones a la prensa.

Forn ve "normal" la colaboración de la ANC y Òmnium con el Govern. Se desvincula de la hoja de ruta elaborada por los soberanistas en el 2015. Sobre 'Enfocats', documento hallado en la casa de Josep Maria Jové (que fue número dos de Junqueras en la Conselleria de Economia), asegura que ni lo conoce ni lo había visto nunca.

El 'exconseller' niega haber dado "ninguna orden política" a los Mossos, ni por su parte ni por parte de Puigdemont.

"Ninguno de los actos de los Mossos fue contrario a la Constitución", se reafirma.

Distingue entre su compromiso político para celebrar el referéndum, de sus competencias como 'conseller'. "Mi compromiso político era celebrar el referéndum", admite, pero subraya que no se hizo ninguna acción desde su departamento en favor de la consulta.

Forn explica que cuando Puigdemont le propuso ser 'conseller' de Interior, le dijo al entonces 'president' que, si bien comparía la voluntad de celebrar el referéndum, tendría que dar cumplimiento a las resoluciones. Le dije que los Mossos tenían que cumplir las órdenes judiciales y él lo aceptó".

"Se dio cumplimiento a todas las órdenes de fiscalía y al auto de la magistrada del TSJC", sostiene el 'exconseller'

El fiscal pregunta si la remodelación del Govern previo al referéndum se debió a que los que se fueron estuvieran en contra del referéndum. Forn lo niega y, de hecho, destaca que todos ellos fueron a votar el 1-O.

"Cuando se firmó el decreto de la ley del referéndum (6 de septiembre), este no estaba ni suspendido", señala Forn. Rechaza haber hecho ningún acto ejecutivo para promover el referéndum. "Otra cosa es desde el punto de vista político", matiza.

Admite las anulaciones de las leyes del Parlament para impulsar el proceso independentista por parte del Constitucional y los requerimientos que le llegaron de este tribunal para que no llevara a cabo más acciones para impulsar el 'procés'. Reconoce la autoridad del Tribunal Constitucional, aunque matiza que pone en duda algunas de sus decisiones.

Forn defiende que la comisión de estudio del proceso constituyente, en la que se fijaba la hoja de ruta a la independencia, se trataba únicamente de una comisión de estudio, que no obligaba a nada ni fijaba nada.

¿En algún momento fue detenido por sus ideas políticas?, pregunta el fiscal. Forn recuerda que en el año 1985 fue detenido por intentar entrar en el Estadi Olímpic una bandera catalana.

Empieza preguntando el fiscal Fidel Cadena.

Forn, a diferencia de Junqueras, contestará al fiscal y a la Abogacía del Estado.

Empieza el interrogatorio del 'exconseller' de Interior Joaquim Forn.

El resto de defensas no le realizan preguntas y pide la palabra Vox para mostrar su rechazo a que Junqueras se niegue a responder a las las acusaciones. El abogado y secretario general del partido, Javier Ortega Smith, pide que se permita a las acusaciones formular las preguntas, independientemente de que no quiera contestar el acusado. Marchena responde que la sala no puede prestarse a "una escena" en la que la acusación haga las preguntas y el acusado se niegue a responder. "Ni la aportación de esas preguntas ni los silencios a esas preguntas pueden ser interpretados por esta sala", añade.

"Ni es delito organizar un referéndum, ni votar en un referéndum, ni promover o defender pacíficamente la independencia. Desde este convencimiento hemos actuado. ¿Cómo va a ser un delito trabajar pacíficamente para una opción política?", continúa Junqueras en respuesta a la última pregunta de su abogado.

"La declaración de independencia fue la respuesta al mandato dado por las urnas el 27-S y el 1-O. Siempre buscando el diálogo con las instituciones españolas", continúa Junqueras.

El líder de ERC insiste en que esta cuestión debe resolverse en el ámbito político y justifica los intentos del Govern por una mediación internacional. "Cualquier solución siempre ha de ser multilateral, si queremos que sea una solución real".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de "golpista" y "cínico" a Junqueras por haber dicho que "ama" a España durante su declaración. En su cuenta de Twitter, Rivera ha escrito: ""Amo a España", dice el golpista Junqueras. Los que amamos a España no tratamos de liquidar España ni damos golpes de Estado contra nuestra democracia ni decimos que los catalanes tenemos genes distintos a los del resto de españoles, como hace usted. Cinismo puro".

El Tribunal Supremo no tiene previsto suspender el juicio del 'procés' en el caso de que haya un adelanto electoral tras el fracaso ayer en el Congreso de los Presupuestos de 2019, aunque el proceso penal pueda coincidir con plena campaña, según fuentes jurídicas citadas por la agencia Efe.

"Todo el mundo ha visto la violencia con que se comportaron algunos miembros de la Guardia Civil y de la Policía. Se ha visto cómo pegaban a la gente", añade Junqueras, que descarta de plano que se hubiese podido provocar un "estallido" en la sociedad. "Las personas se continuaron comportando según los criterios del pacifismo, del civismo y de la no violencia. Era absolutamente inimaginable una violencia policial de aquel tipo", dice.

Afirma que sí que llamaron a la gente a participar en el referéndum porque "votar no es un delito". "Yo fui a votar a mi colegio electoral habitual, no pude ejercer el derecho a voto en aquel local porque me lo impidieron los Mossos d'Esquadra, y lo que hice fue ir a otro local electoral porque había censo universal. Allí voté con normalidad", explica. "¿De qué servía cerrar locales electorales si había censo universal? Es evidente que la violencia que se ejerció contra los votantes no era para evitar que los pudieran votar, sino para generar una crispación", continúa.

Junqueras explica que en la ley de presupuestos existía una partida para procesos electorales y que "nunca" se destinó al referéndum. "No se destinó ningún fondo público al referéndum. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho la intervención, lo ha dicho el ministro Montoro y el señor Rajoy...", afirma. También rechaza cualquier utilización de fondo público para las papeletas o las urnas. "Y sobre los locales electorales, una evidencia, los locales públicos son inarrendables y es imposible calcular un supuesto lucro cesante de algo que es inarrendable", añade. "No hubo ningún gasto para el contribuyente", insiste.

Asegura que tuvo conocimiento del documento 'Enfocats' cuando se lo preguntó la jueza Lamela el día 2 de noviembre del 2017, día en que fue enviado a prisión preventiva. Y señala que nadie que conozca tenía conocimiento de este documento. "Me pareció un documento extravagante, apócrifo", afirma.

Junqueras explica que acudió el día 20 de septiembre del 2017 a la Conselleria de Economia, cuando se enteró de que la Guardia Civil estaba llevando a cabo un registro, pues el juez no le avisó ("Me debía considerar sospechoso", señala). Niega que tratara de impedir el registro. Sostiene que los manifestantes que se concentraron en los alrededores de la conselleria mantuvieron una actitud pacífica y cívica, y cree que los agentes de la Guardia Civil que custodiaban el edificio parecían tranquilos.

Se retoma el juicio.

Esta es la crónica de la declaración de Junqueras, hasta el momento. Tras el receso decretado, seguirá respondiendo a las preguntas de su abogado. El líder de ERC se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular que ejerce el partido de ultraderecha Vox.

El 'president' Quim Torra ha reproducido en su perfil de Twitter algunas de las frases pronunciadas por Junqueras durante su declaración: "El derecho a la autodeterminación es irrenunciable", "Lo seguiremos intentando", "Me considero un preso político". "¡Qué gran ejemplo y dignidad! ¡Adelante, Junqueras, fuerza y adelante! Abrazos", ha escrito Torra.

En la sala en la que permanecen los acusados durante el receso, Junqueras saluda a todo el mundo excepto a la 'consellera' de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, informa Carles Cols.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que invertirán 100.000 euros para "internacionalizar" el 'procés' y que, a través de su campaña de donativos, ya han recaudado 25.000 euros para activar la campaña en Europa, informa Júlia Regué.

Marchena hace un receso. La sesión se retomará a las 12.30. "Lástima, ahora que íbamos lanzados", dice Junqueras.

¿Cómo surgió la idea del referéndum?, pregunta Van den Eynde a su defendido. "Hubo un debate parlamentario que acabó con los presupuestos tumbados, y fruto de la pérdida de la votación había una posibilidad que era la de convocar una moción de confianza. Esta moción fue acompañada por la propuesta de un referéndum que tuvo un amplio apoyo mucho más allá de la mayoría parlamentaria. El Parlament otorgó la confianza y nadie recurrió aquella votación, que incluía la propuesta de referéndum", recuerda.

"Se persigue la disidencia política", señala Junqueras al referirse a la anulación de una comisión de estudio del Parlament. Ante la vehemencia de su discurso, el líder de ERC pide disculpas: "Si pongo demasiada pasión en mis intervenciones se tiene que entender. Llevo un año y medio sin hablar y a mí me gusta expresarme".

"Es tremendo (que las acusaciones digan que perseguir la independencia sea delito), perseguir la independencia de Catalunya es legítimo, dónde está que trabajar por la independencia de Catalunya sea un delito", se pregunta.

"Las elecciones del 27-S fueron la oportunidad de los ciudadanos para decir si estaban a favor de la independencia de Catalunya", prosigue, antes de recordar que los programas políticos de las fuerzas secesionistas no fueron impugnados por las autoridades. 

Junqueras explica que ante la imposibilidad de celebrar una consulta, tras el 9-N, se plantearon las elecciones "plebiscitarias" del 27 de septiembre del 2015.

Sobre el Consell Assessor per a la Transició Nacional, Junqueras considera que no era una "guía de actuación política" y recalca que el "80% de la sociedad catalana quiere una solución política" al conflicto. "Las urnas acostumbran a ser una solución, no la única pero sím imprescindibles para una solución. Votar no es un delito, impedir por la fuerza que se vote sí lo es", añade.

El líder de ERC considera que el Tribunal Constitucional "no puede impedir" el debate de ideas en el Parlament. "Ante la evidencia de que el independentismo se convertía en una propuesta mayoritaria en la sociedad catalana, aquello que se había considerado válido porque era minoritario, ahora empezaba a tratarse como prohibido y que se debía evitar a toda costa", interpreta Junqueras sobre el cambio del Constitucional al empezar a suspender y anular las resoluciones independentistas.

"Nosotros apelamos al principio democrático entendido como mecanismo que obliga a las instituciones públicas a dar respuesta a las reivindicaciones de buena parte de una sociedad que las reivindica de manera pacífica", continúa Junqueras en referencia a la declaración de soberanía que aprobó el Parlament en el 2013, una resolución que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Junqueras considera que la sentencia del Estatut "provocó una sensación de orfandad" en la ciudadanía catalana. Recuerda la manifestación en protesta por aquella sentencia, en la que participó el entonces 'president' José Montilla. Fue un "punto de inflexión" que provocó "un cambio muy relevante", subraya, antes de recordar que en el Parlament los diputados independentistas aumentaron de 10 a 70.

Junqueras destaca ahora que las manifestaciones a favor de la independencia de "millones de personas" han sido "siempre ejemplares, sin el más mínimo incidente". "No hay ninguna duda que la reivindicación que la sociedad trasladaba a sus representantes políticos era una pretensión muy relevante de una parte muy significativa era pacífica". "Esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel", destaca.

"Siempre se niega el diálogo. Siempre está vacía la silla de delante", continúa, y contrapone los ejemplos señalados antes de Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Canadá, donde la silla nunca estuvo vacía.

Junqueras recuerda otras ofertas de Catalunya "para lograr una solución política". "Nuestra propuesta de hallar una solución política sigue vigente", recalca.

Junqueras asegura que la voluntad siempre ha sido la de mantener el "diálogo". Recuerda que en el 2006 se intentó una reforma estatutaria, que fue validada por el 90% del Parlament, en el Congreso, el Senado, y posteriormente en un referéndum con un 74% de apoyo. "Que quede claro que yo voté 'no' porque lo veía insuficiente", subraya. Recuerda que el PP hizo una recogida de firmas "cotra Catalunya, no contra el Estatut", que se llevó el texto al Constitucional y dio resultado a una sentencia "que devastó aquel Estatut". "Se consideró inconstitucional preceptos que continúan vigentes en otros estatutos de autonomía", señala.

"Absolutamente nada de lo que hemos hecho es delito y de los delitos que se nos acusan no hemos cometido ni uno", replica ahora sobre la argumentación de las acusaciones.

A la pregunta de si han utilizado la violencia para conseguir ese objetivo, contesta: "Nunca, nunca, nunca, nunca". "Siempre hemos defendido la vía pacífica. Cualquier objetivo político noble puede ser inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguilo son indecentes", señala. "Y si hubiese cualquier tentación de no actuar de esta forma cívica, nos desvincularíamos de ese proceso, nos encontrarían enfrente, porque estamos convencidos que mucho más importante que este objetivo político son la convivencia, el bienestar, el crecimiento económico... preservaremos estos valores mucho antes que cualquier objetivo político. Pero al mismo tiempo estoy convencido que el mejor modo de preservar este conjunto de valores es hacerlo democráticamente a través de una república", añade.

"Me gustaría que nadie nos tuviera como enemigos, como mucha gente nos trata. No somos enemigos de nadie ni de nada", continúa el exvicepresidente de la Generalitat.

"Somos muchas otras cosas además de independentistas. De hecho, somos independentistas porque somos demócratas y somos republicanos, porque estamos a favor de la justicia social (...). Antes que demócratas somos buenas personas", añade.

Sobre el derecho a la autodeterminación, dice que lo entiende como que "una comunidad política pueda decidir sobre su futuro". Explica que se ha aplicado en inumerables ocasiones "en buena parte de Europa", en "democracias de tipo liberal" como Suecia, Dinamarca, Reino Unido o Canadá. Recuerda que en Canadá la justicia consideró que había que dar salida a las reinvidicaciones de los ciudadanos, de la que se derivó una ley de claridad. "Nosotros entendemos el derecho de autoterminación como la aplicación del derecho democrático" para dar respuesta a las reivindicaciones ciudadanas, señala. "Es lo que nosotros hemos intentado, lo seguimos intentado y seguiremos intentando siempre sea cual sea el resultado de este proceso", apunta.

Junqueras explica que sus principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

"ERC es un partido con 88 años de historia, que siempre ha lucahdo por las libertades, que defiende la justicia social y la igualdad de oportunidades, que defiende la independencia de Catalunya y un partido que, si me permiten la reflexión, no tiene ningún caso de corrupción", señala el líder republicano.

Recuerda que inició su vinculación con ERC "tarde", cuando le ofrecieron la posibilidad de encabezar la lista de las elecciones europeas del 2009.

"Me considero un preso político", afirma Junqueras, tras relatar los cargos políticos que ha ocupado.

Empieza a hablar Junqueras. Considera que está en una situación de indefensión porque cree que es un juicio político, por lo que anuncia que no contestará a las preguntas de las acusaciones. 

De momento, ningún acusado quiere sentarse detrás de su abogado.

Turno para el interrogatorio de Junqueras.

Marchena rechaza "estrategias dilatorias" y deniega a las defensas que argumenten sus protestas sobre su decisión sobre las cuestiones previas.

"La sala solo va a admitir preguntas sobre hechos ciertos, no sobre ideas o creencias", avisa Marchena. Sí que acepta la sala la declaración del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, porque considera que puede ser "de interés" para el ejercicio del derecho de defensa del 'exconseller' Forn.

Los miembros de ERC que han acudido hoy a Madrid se han congregado en un hotel de Madrid para seguir la declaración de Junqueras a través de una pantalla gigante.

FOTO: DAVID CASTRO

"La sala no permitirá un debate ideológico durante el turno de preguntas de la acusación particular (Vox). Se basará solo en los hechos denunciados", responde Marchena a las alegaciones presentadas por la defensa de Jordi Cuixart.

Sí admite el Supremo como nuevas pruebas un vídeo con imágenes del 1-O y los informes sobre los heridos por las cargas policiales.

"El señor Puigdemont no puede venir por la mañana como acusado y por la tarde como testigo. Seamos serios", afirma el magistrado sobre la petición de las defensas de que se aceptara la declaración como testigo del 'expresident'.

Respecto del vídeo de la entrevista de Irene Lozano a la BBC en la que hablaba de "convicted", que las defensas consideran que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que, por lo tanto, pedían incorporar al proceso, el juez lo rechaza porque estas declaraciones no han tenido lugar en el desarrollo del proceso. Además, sostiene que ninguno de los miembros del tribunal ha visto el vídeo, por lo que considera que no se verán influenciados por este.

"En esta causa no hay ningún testigo protegido", añade Marchena, que ordena a la fiscalía que identifique a un agente que no está identificado en el sumario.

Por otra parte, el juez les permite a los acusados sentarse tras sus abogados, y no en el banquillo, si quieren mantener una comunicación con sus abogados. Lo que no les consiente es el "trasiego" de notas que ha tenido lugar estos días entre procesados y letrados.

El magistrado rechaza la puesta en libertad de los acusados porque "no se han modificado los presupuestos" por los que se les impuso la prisión preventiva.

"Esta causa no puede convertirse en el continente formal en el que se recibe todo lo que se ha investigado sobre los  hechos (....) Esto provocaría un aluvión documental, si trajéramos todo lo que se está investigando en la Audiencia Nacional o el juzgado 13, que provocaría una auténtica metástasis y una merma de su derecho de defensa", señala Marchena sobre la petición de aunar todas las causas que se investigan en otros juzgados sobre el referéndum.

"Cualquiera de los procesados o acusados que quiera responder en su propia lengua materna por una cuestión emocional podrá hacerlo", afirma Marchena. El juez deja claro que esta decisión de que puedan utilizar el catalán "no está vinculada" a una hipotética indefensión. "Llevamos un año y cuatro meses de causa en castellano y no se ha hecho la más mínima mención al castellano", recuerda.

El juez, sobre la petición de un sistema de traducción simultánea, afirma que la rechaza porque "implicaría una inadmisible restricción del principio de publicidad". Es decir, que todos los que no están en la sala o fuera de ella sin auriculares no tendrían la posibilidad de acceder a la traducción. También rechaza que se puedan hacer preguntas en catalán.

Arranca el juicio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, responde en primer momento a las cuestiones previas presentadas por la defensa.

Junqueras solo responderá a las preguntas de la defensa, según fuentes de ERC.

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha vuelto a realizar unas declaraciones que, a buen seguro, provocan una nueva controversia. En una entrevista en Sky News, ha comparado el referéndum independentista con una violación: "Uso la metáfora del sexo que siempre utilizo para explicar este tema: no está prohibido al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque sino es una violación".

Al inicio de la sesión de hoy, el tribunal que preside Manuel Marchena podría anunciar 'in voce' su posición sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas el pasado martes y continuar con la vista. Si es así, los razonamientos de la sala no se conocerán hasta el momento de dictarse sentencia.

Tras la declaración de Junqueras, está previsto que sea interrogado el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, máximo responsable de los Mossos durante los hechos que se juzgan. Según el listado previsto, tras Forn comparecerán, por este orden, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell.

Junqueras está en prisión preventiva desde el 2 de noviembre del 2017, y está considerado por las acusaciones como el principal promotor del 'procés' dentro del Govern y responsable último de la preparación y ejecución del referéndum del 1-O. Por ese motivo, la Fiscalía solicita para él una pena de 25 años de prisión por un delito de rebelión agravada con malversación, mientras que la Abogacía del Estado pide que se le condene a 12 años de cárcel por sedición y malversación.

En la misma entrevista, Torrent ha considerado que la declaración de Junqueras se leerá "en los libros del futuro". Según ha explicado, el exvicepresidente sabe que su intervención "es muy trascendente" ya que es la primera vez que se le escuchará tras el tiempo que lleva en prisión preventiva. "Sabe que hoy habrá muchos focos puestos sobre lo que dirá", ha añadido.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha acudido este jueves al Supremo y ha defendido que la Cámara "no está parada", pero ha advertido de que no habrá una situación de normalidad mientras haya presos y "exiliados". En declaraciones a TV-3, Torrent ha recordado que la mayoría de los que se sientan en el banco de los acusados han sido o son diputados.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a las puertas del Supremo, ha considerado que el relato de violencia esbozado ayer por la Fiscalía es "falso". "El delito fue poner las urnas", ha afirmado antes de considerar que parece que la sentencia ya está "decidida, con una alianza entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la extrema derecha". El también adjunto a la dirección de Esquerra ha recordado que su partido cuenta con 88 años de historia y siempre ha defendido "los ideales de la igualdad, la libertad y la fraternidad del pueblo", algo que, ha añadido, "solo es posible si se decide libremente". "Los dirigentes de ERC han sufrido represión en diferentes épocas. Hoy Junqueras personifica esos valores. Hoy, defenderá sus principios, y nosotros defendemos el compromiso con nuestros ideales. Con la fuerza de centenares de miles de votos detrás, reafirmamos que el futuro de Catalunya lo decidirán sus ciudadanos, nunca el Tribunal Supremo", ha añadido Aragonès.

La plana mayor de ERC se ha concentrado a las puertas del Supremo para arropar a Junqueras en el día en que declarará en el juicio al 'procés'.

FOTO: DAVID CASTRO

El 'expresident' Carles Puigdemont aseguró anoche en Groninga, donde acudió a un coloquio en la universidad, que "le gustaría dejar la política y volver a la normalidad cuanto antes", pero advirtió que espera "una nueva euroorden, la tercera" en su contra en "las próximas semanas o mes". "A pesar de que no haya una orden de detención en mi contra ahora mismo, la Justicia española rechaza aceptarme como un testigo de lo ocurrido en Catalunya. ¿Acaso mi opinión no es importante para conocer la verdad?. Estoy dispuesto a contestar a todas las preguntas de la acusación y la defensa", aseguró.

"Vox sale a escena con todo un tópico, Montesquieu, cuando le encaja mucho más Robespierre: 'La piedad es traición'. 'Independencia a las tres'; la contracrónica de la segunda sesión del juicio, por Carles Cols.

La intervención de Vox en la sesión del miércoles estuvo marcada por su petición, rechazada por el juez Marchena, de que los acusados no pudieran lucir el lazo amarillo en la solapa.

En la sesión del miércoles, turno de las acusaciones (fiscalía, Abogacía del Estado y Vox como acusación particular), los fiscales Javier Zaragoza y Fidell Cadena contratacaron y, frente a las defensas que el día anterior calificaron el proceso de "juicio político", alegaron que este juicio es "en defensa de la democracia". Esta es la crónica de la segunda sesión, por Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat.

El juicio al 'procés' estará marcado a partir de ahora por la campaña electoral. El 'no' independentista a los Presupuestos ha llevado a Pedro Sánchez a dar por muerta la legislatura y a convocar elecciones.

Buenos días. A las 10.00 horas de este jueves empezará en el Supremo la tercera sesión del juicio al 'procés'. Lo hará con los interrogatorios a los acusados. El primero en declarar será Oriol Junqueras. El exvicepresidente de la Generalitat intervendrá en castellano y no responderá a las preguntas de la acusación popular de Vox, según ha avanzado su abogado. La incógnita está en saber si hará lo mismo con la fiscalía.

Una delegación de ERC viajará mañana a Madrid para respaldar a los acusados que empezarán a declarar. La delegación estará formada por Roger Torrent, Pere Aragonès, Alfred Bosch, Teresa Jordà, Chakir El Homrani, Ester Capella, Montserrat Benedí, Jordi Coronas, Maria Balasch, Noemí Llauradó, Oriol Amorós, Pau Morales, Diana Riba, Eva Baró, Antoni Castellà, Gemma Espigares, Irene Fornós, Gerard Gómez, Maria Assumpció Laïlla, Noemí Llauradó, Marc Sanglas, Raquel Sans y Bernat Solé.

El Supremo ha permitido a los acusados usar lazos amarillos y ha frenado así la pretensión de la acusación de Vox de prohibirlos. En ese sentido, el tribunal ha hecho suya la doctrina del TEDH sobre símboles religiosos e ideológicos. 

Pau Molins, el abogado del 'exconseller' Santi Vila, confía en que el tribunal que juzga el proceso independentista levante a su cliente del banquillo de los acusados en el Supremo porque dimitió días antes de que la declaración unilateral de independencia (DUI) el 27 de octubre del 2017. En declaraciones a los medios de comunicación tras la finalización de la segunda jornada del juicio, Molins ha recordado que en su intervención durante las cuestiones previas reclamó al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que saque de este procedimiento a Vila para que no sea juzgado en el Supremo al entender que no es el órgano competente para hacerlo, ya que no está acusado de rebelión, sino de malversación y desobediencia.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el juicio del 1-O le provoca una sensación de "fracaso de la política" y ha lamentado que si se les hubiese hecho caso no se habría llegado hasta aquí. "Los socialistas habíamos advertido durante mucho tiempo de los riesgos que vulnerar la legalidad", ha recordado.

Sabrià también ha manifstado que la declaración de Junqueras, prevista para mañana a las 10 horas, será "un canto a las libertades y una defensa de la democracia" frente al juicio "de la vergüenza".

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, también ha replicado a la argumentación de la fiscalía atribuyendo la violencia a los líderes independentistas y eximiendo de responsabilidades a la policía. "Es un nuevo intento del Estado, de la justicia politizada, de buscar un relato que todo el mundo sabe que no se ajusta a la verdad", ha señalado en declaraciones a los medios a las puertas del Supremo, donde ha asistido hoy a la segunda sesión del juicio.

El equipo jurídico del presidente de Òmnium considera que la fiscalía "falta a la verdad" cuando acusa a los votantes del 1-O de la violencia policial. "Que las concentraciones han sido siempre pacíficas no lo decimos solo nosotros, sino entidades internacionales independientes como Front Line Defenders o relatores de Naciones Unidas", aseguran los abogados citados por la ACN.

El líder del PPC, Alejandro Fernández, se ha mostrado en contra de que los partidos independentistas suspendan la actividad del Parlament cuando empiecen los interrogatorios a los acusados. A su juicio, es "absolutamente inaceptable paralizar" la actividad de la Cámara. "No podemos tener un Parlament secuestrado por una idelogía y un juicio", ha subrayado.

El 'president' Quim Torra también ha aprovechado la red social para replicar otro argumento de la fiscalía. "Como presidente de la Generalitat, tal y como prometí cuando asumí el cargo, solo me debo a las decisiones que tome el Parlament de Catalunya, donde reside la soberanía del pueblo catalán", ha escrito sobre la afirmación de Fidel Cadena negando la soberanía del pueblo catalán.

Van den Eynde se adhiere a los argumentos de los otros abogados defensores expresados ayer.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, concede a Andreu Van den Eynde cuatro minutos antes de suspender el juicio hasta mañana a las 10 horas, cuando empezarán los interrogatorios a los acusados.

"Hay un convenio de Naciones Unidas que regula los límites de la libertad de expresión cuando es incompatible con la unidad territoria, entre otros aspectos", señala el letrado. "Los acusados han venido ejerciendo sus derechos de una manera que las leyes no les permitían", concluye Fernández.

Fernández también rechaza que haya habido una vulneración del derecho a un juicio imparcial, como alegaron ayer algunas defensas.

El abogado de Vox rechaza la petición de las defensas de que el Rey declare como testigo. "La Constitución avala la inviolavilidad del Rey. Es por eso que no es pertinente su presencia en esta sala", subraya.

Fernández pide que se prohíba a Jordi Sànchez llevar el lazo amarillo. Marchena da respuesta y fija criterio basándose en el estatuto general de la abogacía, que en el artículo 37, establece que los abogados comparecerán vistiendo togas sin distintivo de ninguna clase. Por eso, la sala no tiene queja de la uniformidad de los letrados. En cuanto a la posibilidad de que lo usen los acusados, Marchena opta por hacer suya la doctrina del TEDH sobre símbolos ideológicos y no pondrá ningún obstáculo a los acusados para que lleven el lazo amarillo.

Concluye Seoane y toma la palabra el abogado de Vox, Pedro Fernández.

La abogada del Estado insiste también en que ya se ha resuelto sobre la imparcialidad del tribunal denunciada por las defensas.

Seoane defiende a Irene Lozano y asegura que cuando habló de "convicted" en un vídeo ya se había acabado la instrucción del caso y que con ella no se refería a ningún acusado en concreto. También destaca que Lozano se expresaba en una lengua no materna, en la que la secretaria de Estado de España Global no la usa "con toda la propiedad y exactitud de una lengua materna". "La intervención de Lozano en ningún caso pretendía trasladar ningún perjuicio, sino señalar la inminencia de la celebración de un juicio". "No hay ninguna vulneración a la presunción de inocencia", añade.

Mientras se desarrolla el juicio, el Congreso ha tumbado los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez para el 2019, con lo que abocan al adelanto electoral.

La abogada del Estado censura que las defensas intenten llevar esta causa al tribunal europeo caundo se trata de una cuestión de derecho interno "en su afán por internacionalizar la causa".

Seoane defiende que la Abogacía del Estado está "plenamente legitimada para ejercer como acusación particular", en contra de lo manifestado ayer por la defensa de Jordi Cuixart.

"Ayer se nos quiso trasladar (por parte de las defensas) que estamos aquí por criminalizar una serie de conductas. No es así, sino porque se han producido hechos que concatenados entre sí nos permiten subsumirlos en categorías del Código Penal. Es un juicio penal con todas las garantías", empieza la abogada.

Se retoma el juicio. Tiene la palabra la abogada del Estado Rosa María Seoane, que sustituyó a Edmundo Bal cuando este fue apartado por ser partidario de acusar a los encausados por rebelión.

Los obispos de Catalunya reclaman "magnanimidad" ante el inicio del juicio por el "procés", que consideran que "tiene una gran trascendencia para la convivencia" en esta comunidad e insisten en "el diálogo y el respeto mutuo" para solucionar la situación política catalana. Han efectuado esta petición tras reunirse durante dos días en el seminario conciliar de Tiana (Barcelona), donde, además de analizar los recientes casos de abusos a menores, por los que ayer ya pidieron perdón y se comprometieron a investigar, también trataron sobre la situación política de Catalunya.

Lea la crónica sobre la intervención de la fiscalía esta mañana en el Supremo de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat. "Esto es un juicio en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución", ha argumentado el fiscal Javier Zaragoza.

La Comisión de Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha tumbado este miércoles una propuesta de resolución de Ciudadanos que pedía al Gobierno central que rechazara posibles indultos a los presos soberanistas juzgados en el Tribunal Supremo (TS). La iniciativa ha sido rechazada por 13 votos en contra de JxCat, ERC, comuns y el PSC-Units, y ha habido siete votos a favor de Cs y PP. La propuesta instaba al Govern a trasladar al Gobierno el rechazo de la Cámara catalana a "la tramitación y concesión del indulto o cualquier otra medida que suponga un privilegio a los responsables del golpe a la democracia cometido en Catalunya", en referencia a los acusados por el Supremo.

Durante el receso, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha estado generoso en el reparto de besos y abrazos en ausencia de Torra, informa Carles Cols. 

Acaba el turno de la fiscalía. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, decreta un receso y la sesión se retomará a las 12.25 horas.

El ministerio público sostiene que se ha demostrado que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva para denegar las peticiones de libertad de los acusados. El fiscal rechaza la afirmación de las defensas de que haya pruebas a las que no han tenido acceso. "Este es el juicio del triunfo de la democracia, del Estado de derecho, de los principios de igualdad ante la ley", añade, en contraposición a lo alegado por los abogados de los encausados sobre que es un juicio a la democracia.

"En una democracia, los ciudadanos pueden no estar de acuerdo con las leyes, pero no pueden desobedecerlas, porque no es un estado de hombres, sino de leyes", argumenta el fiscal Cadena en el juicio que sigue en el Tribunal Supremo.

Los grupos independentistas catalanes estudian llevar a cabo una acción de protesta en el Parlament cuando empiecen a declarar los acusados en el juicio al 'procés', una posibilidad que podría plasmarse en que sus diputados abandonen las comisiones parlamentarias y provoquen así su suspensión. Según han avanzado este miércoles fuentes parlamentarias, las fuerzas soberanistas están barajando dicha posibilidad ante el inminente inicio de las declaraciones de los dirigentes independentistas acusados en el Tribunal Supremo. El primero de ellos en declarar será el líder de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, una vez finalicen las cuestiones previas del juicio, algo que podría ocurrir entre esta tarde y mañana.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha llamado este miércoles a oponerse a la "segunda leyenda negra" que el independentismo, según Borrell, trata de construir en el juicio contra los líderes del procés.

A juicio del fiscal, la instrucción de Pablo Llarena "ha sido excelente".

"Naturalmente que se pueden expresar todas las ideas en el ámbito parlamentario", afirma el fiscal, pero las medidas cautelares se impusieron para evitar que en la Cámara votara actos inconstitucionales.

"De lo que se trata es de perseguir comportamientos que se incardinan en preceptos tipificados en el Código Penal", continúa Cadena, que considera que el derecho penal entra cuando "no quedaba ninguna otra posibilidad".

El fiscal señala ahora que no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional y censura que las "verdades" del independentismo se van repitiendo con el objetivo de que se conviertan en una realidad. "Aquí no se enjuicia ninguna ideología política", añade.

"No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española reconocida por la Constitución", insiste. Y sobre el derecho de autodeterminación, recuerda que el TC ha dicho que existe el derecho a decidir, pero que este corresponde a todo el pueblo español. "No pueden unos pocos decidir lo que es de todos", subraya.

"Hay una serie de verdades o posverdades que no son ciertas. Todo el sustento ideológico descansa en diferentes cuestiones, como que la soberanía reside en el pueblo: no se puede sustituir la soberanía del pueblo español por ninguno de los pueblos que lo integran", afirma el fiscal.

El fiscal Fidel Cadena toma ahora la palabra para centrarse en los derechos constitucionales que, a juicio de las defensas, se vulneraron. "Tiene gracia que la Constitución que es absolutamente rechazada (por los independentistas) se recupera para fundamentar la vulneración de ciertos derechos. Tiene gracia que la Constitución sea recuperada", comienza.

"El diálogo es sin duda la base de la democracia, siempre que se produzca en el marco constitucional. El diálogo desde la imposición al marge de la legalidad no es aceptable en una sociedad democrática", afirma Javier Zaragoza, antes de recordar que Puigdemont rechazó acudir al Congreso y llevar a votación su propuesta de referéndum como hizo el lendakari Juan José Ibarretxe. A su juicio, esto se explica por la apuesta por la vía unilateral del Govern de Puigdemont. "No parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de volunta de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada que fue revertida por el Estado", concluye Zaragoza su intervención.

Respecto de la alegación de las defensas sobre el derecho de autodeterminación, el fiscal recuerda que según Naciones Unidas es aplicable a pueblos oprimidos en procesos de descolonización y que no lo es en estados con autogobierno. "El derecho a la autodeterminación es una reivindicación política legítima, pero siempre que se defienda a través de los cauces legales", subraya.

Zaragoza rechaza que se pueda tener en cuenta la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein que dejó libre a Puigdemont. A su juicio, incumplió palmariamente el marco europeo sobre la euroorden de detención, puesto que en su opinión sí que existía un delito parejo al de rebelión en Alemania. "El tribunal alemán lo convertió en un instrumento nuevo, una orden de enjuiciamiento, creyó que podía enjuiciar los hechos, entró a examinar cuestiones sobre el fondo de la cuestión que solo pueden ser valoradas tras ver las pruebas. Se produjo una indebida intromisión", considera

El fiscal niega que se hayan registrado domicilios de los aforados ni se hayan intervenido sus correos electrónicos ni sus comunicaciones telefónicas. "Solo hace falta ver el sumario", exclama.

Sobre la petición de declarar del Rey, recalca que el Monarca está exento por ley y que, en todo caso, está en la causa el vídeo con su discurso del día 3 de octubre. Respecto de la petición de que declaren por videoconferencia los "procesados rebeldes", en alusión a los huidos, alega que "eso quebrantaría todas las normas procesales que regulan la práctica de la prueba en el juicio".

El fiscal señala, además, que las investigaciones sobre el supuesto uso de la violencia policial no son objeto de esta causa, pues hay otros procesos abiertos para ello.

El fiscal censura los "gruesos reproches" de la defensa de Cuixart en su referencia a que este es un "juicio contra la tortura". Señala que solo hubo dos heridos graves y rechaza equiparar el uso legítimo y proporcional de la violencia por parte de la policía con la tortura o tratos humanos degradantes. A su juicio, los políticos independentistas utilizaron a miles de ciudadanos como "muros humanos" para impedir que se evitara la celebración del referéndum del 1-O.

Sobre la expresión de "la estrategia que sufrimos" que escribió un instructor de la causa, Zaragoza asegura que se han sacado de contexto. "Esas expresiones lo único que quieren decir es que en la investigación se habían acreditado una situaciones claras y manifiestas de ilegalidad, y que se dictaban una medidas cautelares para restaurar la legalidad", considera.

Sobre la acusación de imparcialidad del tribunal que realizaron ayer las defensas, Zaragoza señala que este tema también ha sido resuelto ya en las recusaciones presentadas anteriormente. Todas ellas han sido rechazadas.

El fiscal recuerda, por otra parte, que el Supremo está legitimado para enjuiciar estos hechos a través de una decisión firme.

El representante del ministerio público reprocha el cuestionamiento al fiscal superior de Catalunya José María Romero de Tejada, sobre las medidas para evitar el referéndum. "Las defensas consideran que el fiscal superior no tiene facultades para coordinar a los diferentes cuerpos policiales, quien dice esto ni sabe lo que es el fiscal ni sabe su función y papel institucional. Cuando el fiscal abre diligencias o el juez abre una investigación, los únicos facultados para dar órdenes son el ministerio público y el juez y no puede haber interferencia de las autoridades políticas o gubernativas", señala.

Zaragoza ve justificado que hayan diferentes procesos judiciales en marcha en diferentes instancias. A su juicio, el alcance del "plan criminal" lo permite.

El fiscal considera que la actividad política no justifica utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de la ley. Tampoco utilizar a los Mossos d'Esquadra, secuestrar la acción judicial, ni convocar un referéndum suspendido, ni imponer un modelo de organización política, ni destinar fondos públicos para financiar un proceso ilega, ninguna de esta acciones son amparables por el legítimo derecho de las libertades fundamentales.

"Aquí no se juzga al independentismo. Son los gravísimos hechos que cometieron los que se juzgan", argumenta el fiscal, que califica de "falacia de colosales dimensiones" que se persiga a los acusados por sus ideas, sino por sus acciones. "Los acusados llevan años proclamando, defendiendo este proyecto independentista, se han manifestado y que yo sepa no se les ha perseguido ni enjuiciado por ello. Solo se ha puesto en marcha la justicia cuando han realizado acciones que han quebrantado nuestra Constitución. El ejercicio de la política no es patente de corso para poder hacer lo que quieran", señala.

"Este es un juicio en defensa de la democracia española, del orden constitucional que consagró la Cosntitución de 1978, en defensa de un sistema político democrático que garantiza los derechos más elementales de los que formamos parte de este país", continúa el fiscal, que señala que las leyes obligan a todos los ciudadanos, especialmente a los poderes públicos. Y cuando estos violan las leyes fundamentales, la Constitución y el Estatut, continúa, "nadie debe extrañarle que la justicia penal actúe para restaurar la legalidad que ha intentado ser quebrada". "Nadie está por encima de la ley, actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune".

"Conviene recordar la reciente sentencia del Supremo dictada a propósito de la condena de TSJC por desobediencia a Mas, Ortega y Rigau. Se decía que cuando se pretenden ejercer los derechos políticos sobre las leyes, no se vulneran los derechos políticos sino los de los ciudadanos", los "derechos de esa mayoría silenciosa de Catalunya, de ese 60% de ciudadanos que no participó en esa votación", añade Zaragoza.

El fiscal ha anunciado que teniendo en cuenta la variedad y el número de supuestas violaciones de derechos fundamentales, la impugnación se articulará en dos bloques. Uno sobre las supuestas vulneraciones de naturaleza procesal, juicio justo y contestación al principio de legalidad penal, y el derecho a la autodeterminación. El segundo bloque será de vulneraciones de derechos fundamentales, de reunión, de ideas, de manifestación.

Zaragoza destaca que algunos escritos de las defensas parecen "auténticos libelos acusatorios basados en relatos alternativos que presentan una visión distorsionada de la realidad con el último propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de derecho".

Empieza la sesión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le da la palabra al ministerio público. Interviene el fiscal Javier Zaragoza.

Entre el público hoy está la diputada de la izquierda abertzale y abogada de miembros de ETA Jone Goirizelaia.

En la sala de vistas del Supremo está ya todo listo para empezar la segunda sesión del juicio. Los abogados y los acusados en libertad provisional ya se encuentran dentro, y en breve pasarán los presos.

En una entrevista en Onda Cero, el 'president' Quim Torra ha quitado hierro a la foto captada ayer en el Supremo en la que se ve todo el banquillo de los acusados y Oriol Junqueras es el único que no se gira: "Quizás en ese momento no se dio cuenta. La interpretación de esta foto me parece valleinclanesca. Yo tenía a Neus, la mujer de Oriol Junqueras a mi lado, pasó Oriol, saludé a su ujer, nos abrazamos, le deseé mucha suerte y él a mí. De 15 millones de foto cogen esa foto y montan una película que me sorprende".

El 'exconseller' Toni Comín ha considerado, en declaraciones a TV-3, que el juicio a los líderes independentistas debe abordarse "preparando el recurso ante Estrasburgo". Sobre la negativa a que declaren en el juicio políticos en el extranjero como el expresidente Carles Puigdemont, ha considerado "inaudito" que se le vete, por considerar que su relato es necesario y no contar con él genera indefensión. Comín ha dicho que mientras seguía el inicio del juicio sintió un "orgullo inmenso por ver la dignidad" de los encausados, pero también indignación ante una causa que ha tachado de barbaridad.

Los 'exconsellers' Jordi Turull y Joaquim Forn han explicado que no tienen despertador y que pican la pared de la celda para avisarse y no dormirse. En un dietario publicado en 'ElNacional.cat', Turull relata que los pantalones le van grandes porque ha perdido peso y que espera que no se note. Ambos cuentan que no les pusieron esposas para hacer el traslado en furgoneta de 50 minutos desde la cárcel al Supremo. Pero sí que se las pusieron a Junqueras, Forn, Rull y Romeva en el traslado de 5 minutos entre la Audiencia Nacional y el Supremo.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha defendido en RNE la independencia de los jueces. "Poner en duda la fortaleza de un poder judicial en un Estado es poner en duda la fortaleza de la democracia", ha dicho.

Una de las intervenciones más destacadas de ayer por parte de los abogados defensores fue la del exdiputado de la CUP y letrado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, quien reprochó a la fiscalía la "criminalización" de la expresión "¡No pasarán!". La gritó el presidente de Òmnium el 20 de septiembre del 2017 frente a la Conselleria de Economia, pero Salellas señaló que con ella "emuló a los españoles demócratas que lucharon por la República".

En la sesión de ayer, las defensas acusaron al tribunal de "criminalizar la disidencia" y denunciaron la violación de derechos fundamentales. "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento", les dijo Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, a los magistrados. Lea aquí la crónica de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat.

Cuando pasaban pocos minutos de las 08.00 horas, los líderes independentistas acusados han llegado, procedentes de las cárceles de Soto del Real y Alcalá Meco, a los calabozos de la Audiencia Nacional, donde esperarán hasta ser trasladados a las dependencias del Supremo, donde a las 10.00 empezará la segunda sesión del juicio.

"A pesar del discurso independentista, el veredicto del proceso judicial no está escrito todavía". El editorial de EL PERIÓDICO tras el primer día del juicio.

En la primera sesión del juicio, los abogados de los dirigentes independentistas cargaron contra la justicia española y acusaron al Supremo de vulneración de derechos y de criminalizar la disidencia política. Esta es la crónica de este primer día de juicio, por Daniel G. Sastre.

Buenos días. Este martes a las 10.00 de la mañana se retoma el juicio a los líderes independentistas por el 1-O. En esta segunda sesión intervendrán las acusaciones: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. Se espera con especial interés la intervención del partido de extrema derecha, que ejerce la acusación particular y estará representado por su secretario general, Javier Ortega Smith.

Unas 50 personas cortan el tráfico en Diagonal con Passeig de Sant Joan delante del monumento de Verdaguer desde las 20.30h. Cantaban 'els segadors' y gritaban consignas como las de la concentración de Plaça Catalunya. 

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este martes a dos personas por atentado a agentes de la autoridad, tras haber causado disturbios en Rambla Catalunya con Roselló, cerca de la plaza Catalunya, donde se ha llevado a cabo la concentración contra el juicio del "procés".

Unas 3.000 personas, según la Policía Local, participan en la plaza 1 de Octubre de Girona, antigua Constitución, en la concentración convocada contra el juicio del "procés", después de un acto de protesta previo de los CDR ante la Subdelegación del Gobierno.

La actriz Cristina Cervià ha leído un manifiesto unitario acompañada de uno de los abogados del grupo de voluntarios que atiende a los presuntos afectados por los sucesos del 1 de Octubre, Albert Carreras.

"Volvemos a pedir que el Gobierno español vuelva la mesa del diálogo (...) y pedimos a la comunidad internacional que medie para que este diálogo se celebre", ha acabado.

"Pedimos la puesta en libertad inmediata de los presos para que se puedan defender con garantías", ha dicho Torra para pedir acto seguido vigilancia internacional durante el "juicio-farsa". 

"En el día de hoy se ha desnudado el Estado y se ha hecho evidente lo que hace tiempo denunciamos, que esta macrocausa es una persecución política", ha añadido. 

"Hemos asistido hoy a la primera jornada de un juicio que no debería haberse celebrado en un país democrático", ha empezado el president de la Generalitat. 

Quim Torra, valora la primera jornada del juicio del 'procés' desde Madrid. 

Los representantes de las entidades convocantes llaman a secundar la huelga del 21-F y a movilizarse de manera "masiva y sostenida". 

En el transcurso de la concentración, los portavoces de la plataforma convocante, Estel Solé, David Fernàndez, Martí Anglada y Anna Sallés, leerán un manifiesto a favor de la autodeterminación.

La concentración contra el juicio del "procés" transcurre ya por la plaza Catalunya de Barcelona con el lema "la autodeterminación es un derecho, no un delito".

Elisenda Paluzie, de la ANC ha asegurado que vivimos una represión "igual a la del franquismo" y ha aseguradoq eu la única respuesta es "seguir nuestra lucha para lograr la independencia".

Por su parte, Marcel Mauri de Òmnium ha asegurado que hoy se ha vivido "el primer día de un juicio que no debería haber empezado nunca" y ha dicho que "en nombre de la unidad de España el Estado español vulnera los derechos de la ciudadanía del país".

En la misma línea, Sergi Sabria, de ERC ha asegurado que "hemos visto finalmente la imagen de la vergüenza. Buenas personas sentadas en el banco de los acusados".

En la manifestación, cientos de personas se dirigen desde Jardinets de Gràcia hacia Plaça Catalunya. Carles Riera, de la CUP ha asegurado a los medios que "ha comenzado un juicio político, con un tribunal politico" que se pondrá a juicio un "derecho fundamental". 

Riera ha calificado de "excepcional deosbedicia civil continuada y creciente" la respuesta popular al juicio y ha llamado a continuar "la lucha en al calle".

La Guàrdia Urbana de Barcelona alerta en twitter del desvío de tráfico de Passeig de Gràcia a causa de una concentración a la altura de la calle Rosselló. 

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los miembros del Govern que le han acompañado acaban de abandonar el Supremo por la puerta principal. Como autoridad le ha acompañado el responsable de protocolo del alto tribunal.

Termina la breve intervención del abogado de Santi Vila y se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Se reanudará mañana con los informes de la fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación que ejerce Vox oponiéndose a las alegaciones de la defensa.

"El señor Santi Vila había dimitido de su cargo de conseller porque no estaba de acuerdo con la DUI", explica Molins, que será el último en intervenir hoy. 

Termina la intervención del abogado de Carles Mundó e interveine ahora el de Santi Vila, Pau Molins. 

Al igual que el resto de defensas, Riba ha asegurado que su cliente no ha tenido derecho a la defensa yq ue algunos de sus derechos en este procedimiento han sido vulnerados. 

Riba ha denunciado la vulneración del derecho fundamental a la defensa por la negación de las pruebas que als defensas han solicitado.

Termina la intervención de Judit Gené e interviene ahora el abogado de Carles Mundó, Josep Riba. 

Gené ha asegurado que "la acusación particular se ha extralimitado". 

"La acusación popular pretende tipificar unos hechos que el auto de procesamiento no recoge en relación a la señora Borràs", ha asegurado Gené. 

"Consideramos que se produciría una vulneración al aceptar una acusación que efectúa la acusación particular hacia mi acusada", ha asegurado.

La abogada de Borràs pide a los magistrados que reconsideren algunos documentos que fueron aportados en catalán y ahora constan en castellano. 

"La instrucción del delito de malversación no se ha producido en el seno de esta causa, sino en otra", ha defendido Gené. 

Termina la intervención de Mariano Bergés e interviene ahora la abogada de Meritxell Borràs, Judit Gené.

"Cuando Dolors Bassa fue llamada a declarar estaba en Bélgica y vino", ha explicado Bergés que ha añadido que su defendida no tendría que haber ingresado en prisión.  

El abogado de Bassas: "No fue rebelión lo que sucedió en Catalunya". En ese sentido ha defendido que lo que sucedió en Catalunya no fue en ningún momento ilegal. 

"Se ha vulnerado el derecho a la defensa al no darnos tiempo para prepararla", ha indicado el abogado de Bassa. 

"La policía judicial debe limitarse exclusivamente al acopio de pruebas, pero en la providencia se indicó a la policía que hiciera acopio de las pruebas de cargo, cosa que no se hizo con las de descargo", ha apuntado Bergés. 

"A las defensas se nos ha privado de la visión de conjunto, y eso vulnera el prinicpio de igualdad de armas", ha asegurado Bergés. 

Turno ahora para Mariano Bergés, el abogado de Dolors Bassa. 

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, recuerda a la abogada de Carme Forcadell, que para no vulnerar el principio de igualdad con sus compañeros vaya terminando, porque muchos de los aspectos que está planteando ya están "en su escrito de 263 páginas".

"Se la está juzgando por quien es, por su persona", ha asegurado Arderiu. 

"La Mesa será juzgada en Barcelona y su presidenta aquí, en el Tribunal Supremo", explica Arderiu, que asegura que a pesar de haber actuado de la misma forma, se les está juzgando diferente.

"Entendemos que la señora Forcadell fue puesta injustamente en prisión provisional puesto que había depositado la fianza, firmaba cada semana y cumplía con todas las medidas que se le habían impuesto", ha asegurado Arderiu. 

"Mi representada no organizó ese referéndum", añade. 

"Hay tuits y declaraciones de la señora Forcadell que han sido mutilados", ha alegado Arderiu. 

La abogada de Forcadell recrimina que hay documentos en catalán que no se han traducido al castellano. En ese sentido ha asegurado que "o bien el tribunal los entiende perfectamente o existe indefensión". 

Interviene ahora Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. 

“Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española”, termina Salellas su intervención. 

"No es un derecho fundamental la unidad territorial y si la reunión pacífica", ha asegurado Salellas.

"Todos los ciudadanos debemos defender los derechos fundamentales y esto es lo que hizo Cuixart", ha asegurado Salellas para después recriminar a la Fiscalía que no detalle los ciudadanos heridos durante el 1-0 y sí a los agentes que sufrieron lesiones.

Salellas también se refirió al lema "No pasarán", que utilizó Cuixart en la concentración de Economía. Según el letrado, "emuló a los españoles demócratas que lucharon por la república", al tratarse de un lema "utilizado como paradigma de derechos democráticos", que incluso ha sido utilizado por el grupo ruso, Pussy Riot. "En cambio, la fiscalía y Vox nos quieren recriminar ese lema", afirmó Salellas para advertir que si no se remedia a quien "condenará Estrasburgo no será Rusia ni a Turquía, si no al estado español".

"No lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. (...) Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a convocar manifestaciones pacíficas", ha asegurado Salellas. "50 páginas del escrito de acusación del fiscal se dedican a hablar de actos de manifestaciones pacíficas", ha reprochado.

"Los hechos que son objeto de acusación a Jordi Cuixart son de ejercicio de derechos fundamentales”, ha defendido Benet Salellas. "¿Buscar la adhesión a una demanda de referéndum puede ser un hecho delictivo? Nosotros creemos que no", ha zanjado.

Benet Salellas pide al tribunal que reconsidere su negativa a citar a declarar al síndic de Ggreuges, Rafael Ribó.

Benet Salellas, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, impugnó la acusación de la Abogacía del Estado por sedición contra su cliente, al que no se acusa de malversación, que es el delito por el que los Servicios Jurídicos del Estado se personaron. El letrado pidió al tribunal que restrinja esa acusación "estrictamente a los delitos por los que es perjudicada o víctima", es decir, la malversación.

Turno ahora para Benet Salellas, el abogado de Jordi Cuixart, que empieza impugnando la presencia de la abogacía del Estado como "acusación indebida".

Se reanuda el juicio del 'procés' pocos minutos después de las 16h.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime declarar inconstitucionales y nulas las resoluciones del Parlament de enero de 2018 que proponían investir presidente al huido Carles Puigdemont.

En otra resolución dada a conocer este martes el TC inadmite por prematuro el recurso de amparo presentado por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell contra el auto por el que Tribunal Supremo que rechazó en su día apartar de la instrucción del caso del 'procés' independentista en Cataluña al magistrado Pablo Llarena.

El tribunal de garantías ha hecho coincidir la información sobre el fallo de ambas resoluciones con la fecha de inicio del juicio contra los líderes independentistas en el Supremo, si bien el texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

Mientras se desarrollaba la primera sesión en el Supremo (suspendida hasta las 16 horas), en el Tribunal Constitucional el pleno ha decidido hoy por unanimidad inadmitir "por prematuro" el recurso de amparo presentado por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra el auto del Tribunal Supremo que rechazó al recusación del magistrado instructor de la causa Pablo Llarena. Asimismo, el TC ha acordado declarar anticonstitucionales y nulas las resoluciones de la Cámara catalana que proponían investir a Puidemont como 'president'.

El 'conseller' de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, se ha referido de este modo al inicio del juicio en el Tribunal Supremo: "Si los acusan a ellos, nos acusan a todos y a mí también me acusan". En la inauguración de la exposición fotográfica 'BCN DOL. L'atemptat 17.08.2017' sobre el atentado del 17-A en Barcelona, en el Palau Robert, el 'conseller' ha considerado que se juzga a unas personas que "lo único que hicieron fue cumplir lo que el pueblo, lo que la gente, lo que los ciudadanos, les exigimos".

La 'consellera' de Presidència y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha calificado el juicio del Tribunal Supremo como "el juicio de la ignominia y el odio contra la disidencia política". Durante la concentración que ha tenido lugar en la plaza de Sant Jaume de Barcelona a las 12 horas, Artadi ha hecho también referencia a la campaña 'This is the real Spain' promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha manifestado: "The real Spain es no dejar entrar a observadores internacionales (a la sala del juicio), es vulnerar derechos y es la represión".

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspende la sesión y anuncia que el juicio se retomará a las 16 horas.

En rueda de prensa, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha anunciado que enviará una carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, exigiéndole su dimisión "de inmediato" y que intentará que el pleno se pronuncie sobre la continuidad del republicano al frente de la Cámara. Arrimadas ha criticado que la Junta de Portavoces decidiera el lunes que el pleno previsto para la semana que viene se aplace hasta la semana siguiente por la huelga convocada por la Intersindical-CSC contra el juicio al referéndum del 1 de octubre de 2017. La líder naranja ha apuntado a Torrent como principal responsable de esa decisión y ha acusado al independentismo de querer callar al constitucionalismo: "El separatismo se cree que el Parlament es su cortijo y que Catalunya es suya".

La abogada de Turull pide que se suspenda la vista hasta que tengan todas las pruebas de la causa. 

Mientras se celebra el juicio, en el Congreso tiene lugar el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Puede seguir aquí, en directo, su desarrollo.

Bernaola recuerda que ni Turull, ni Rull ni Sànchez fueron llamados por el juzgado número 13 de Barcelona en sus diligencias. "Las acusaciones se basan única y exclusivamente en los atestados policiales", subraya. "Es incuestionable que esta causa se ha nutrido de atestados policiales que provienen del juzgado 13", insiste.

La letrada denuncia los problemas técnicos y que no pueden acceder de un modo completo a las actuaciones.

Turno para Ana Bernaola, en nombre de Jordi Turull. Se adhiere a lo manifestado por Jordi Pina. "Mis compañeros ya han tocado todos los palos de la baraja", afirma, antes de anunciar que será breve. Junto a Bernaola está Francesc Homs, condenado por la consulta del 9-N.

El 'president' Quim Torra ha podido saludar a alguno de los presos en la sala donde han permanecido durante el receso.

Se retoma el juicio en el Supremo.

Según fuentes judiciales, la retransmisión en 'streaming' de la ivsta oral ha través de la web del CGPJ ha sufrido "algunas incidencias a causa del envío de peticiones maliciosas (más de 40 por segundo) que han llegado a saturar puntualmente la infraestructura". Según las citadas fuentes, el problema ha quedado solucionado antes de las 11 horas y la retransmisión ha podido realizarse con normalidad.

En declaraciones a los medios en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha insistido en que la "única salida" al conflicto en Catalunya es "desandar en camino de la judicialización", que los presos independentistas "salgan de la cárcel" y que se pueda "rehacer el camino del diálogo y la negociación".

En la salida de los acusados de la sala durante el receso, los funcionarios del Supremo han vuelto a repetir la operación del biombo y a impedir el movimiento en los pasillos del tribunal para evitar el contacto con los presos.

Durante el juicio, ha comparecido ante los medios el 'expresident' Carles Puigdemont desde Berlín para decir que el Estado tiene la oportunidad de "rectificar" y que el único fallo "justo" es la "absolución". A su juicio, este proceso es de "carácter político" y un "test para todo el sistema judicial español", una "prueba de resistencia" para el "estado de derecho" porque es unjuicio instruido contra personas "inocentes, honorables y elegidas democráticamente" que tan solo han cumplido con las decisiones del Parlament.

Durante el receso, los acusados han podido abrazar a sus familias, informa Carles Cols.

Adriana Roca (Arran) a las puertas de la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya, donde los CDR han llamado a concentrarse en protesta por el juicio: "Estamos aquí en señal de protesta en contra de este juicio político contra todo el pueblo y contra el derecho a la autodeterminación y para decir que lo volveríamos a hacer". "Si ellos son culpables todos nosotros lo somos", ha añadido. La idea inicial, explica, era intentar entrar en la sede pero un cordón policial custodia las puertas y se concentran enfrente, cortando la calle.

Marchena decreta un receso de poco más de media hora. El juicio se retomará a las 13.45 horas.

Por último, Pina pide que declare como testigo el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para que explique quién es Jordi Sànchez.

"Tampoco no entiende nadie que no comparezca el señor Puigdemont", añade Pina. "Entiendo la incomodidad que puede suponer que Puigdemont comparezca por vídeoconferencia en esta sala, pero pido que le escuchen", insiste.

Pina insiste en pedir la declaración de Felipe VI como testigo. Considera que no está prohibida por la ley, sino exento. "El que uno esté exento no quiere decir que esté prohibido. El presidente del tribunal tendría que decirle que unos señores está acusados de rebelión y que la acusación incluye en su escrito el discurso que el Rey dio el 3 de octubre, es legítimo que los acusados puedan interrogarle. Pedírselo no debe importunar al Monarca", señala el letrado.

El abogado de Sànchez, Turull y Rull muestra su preplejidada ante la no aceptación de testigos que han propuesto "que son en buena parte responsables de que los acusados estén encarcelados".

El TSJC da cuenta de la recepción de la causa del Supremo para el enjuiciamiento de los seis procesados por un delito de desobediencia, es decir, los acusados que serán juzgados en Barcelona: Mireia Boya, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Corominas y Lluís Guinó.

Por último, Pina hace referencia a una diligencia de prueba sobre un pendrive con imágenes del 1-O para que la sala pudiese ver si hubo o no violencia en Catalunya. El letrado destaca que no está ni entre las admitidas ni entre las inadmitidas, así que considera que es un olvido.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho que el juicio del 'procés' "no tiene ningún sentido" y ha criticado la prisión provisional dictada contra los dirigentes independentistas. "Esperamos que los acusados sean puestos en libertad sin ningún tipo de cargos", ha afirmado el dirigente vasco. Esteban ha acudido a las puertas del Tribunal Supremo para mostrar su apoyo a los procesados.

Pina censura ahora la decisión, por un "criterio caprichoso", del director de Soto del Real de no permitir a los acusados que pudieran tener consigo los ordenadores. Destaca que Forcadell y Bassa no tuvieron el mismo problema. Ahora ya los tienen, pero estuvieron cuatro días sin ellos. "No es un ordenador para ver películas, sino para poder preparar su defensa con las máximas garantías. El ministerio fiscal debería ser el primer en preservar los derechos de estos señores y decir que es una vergüenza lo que ha pasado en Soto del Real", añade.

Pina también rechaza que se intente acabar el juicio antes de las elecciones municipales de mayo y que se vaya a correr para que sea así.

Pina censura que se haya rechazado la traducción simultánea del catalán ante la voluntad de los acusados de expresarse en catalán, "su lengua materna". "Es muy importante que los acusados puedan expresarse. El tribunal puede garantizar ese derecho con una traducción consecutiva, pero con eso se pierde la espontaneidad. Se hace difícil tener una exposición razonada espontánea si se tiene que ir parando cada dos o tres minutos para que una persona tenga que ir traduciendo", alega.

"Yo les pido que hagan de jueces, no de salvadores de la patria", añade.

"Ante todo esto hay una muestra evidente de falta de imparcialidad en todo este proceso", subraya Pina.

En el Supremo, el abogado de Sànchez, Turull y Rull recuerda las afirmaciones de Cosidó sobre su intención de colocar a un presidente del Supremo que controlara desde la "puerta de atrás" la sala que debía juzgar a los políticos independentistas.

De vuelta al Parlament, el diputado del PPC, Alejandro Fernández, ha insistido en que "hoy no se celebra un juicio contra Catalunya" ni tampoco "contra unas ideas", "sino que se juzga a personas concretas que decidieron sus acciones de forma plenamente consciente". "No es un juicio contra unas ideas porque no paran de hablar de la independencia y lo hacen con toda la libertad y no tienen ningún problema", ha asegurado. Asimismo, ha espetado que lo que se celebra es "una democracia plena", por lo que será "un juicio justo". Sobre la huelga general convocada el próximo 21 de febrero, ha afirmado que se trata de un "insulto" a los trabajadores. "Me pregunto, ¿qué problemas tiene (Quim) Torra? ¿Laborales, de horarios, con el chófer?", ha ironizado, informa Júlia Regué.

El abogado recuerda también la expresión del juez Juna Antonio Ramírez, en un auto judicial redactado en los incios de este caso, en el que aseguraba sentirse víctima del proceso ("La estrategia que sufrimos", escribió). "Cuando un magistrado utiliza la primera persona del plural es razonable que aquellos que reciben esa manifestación duden de su imparcialidad, de que esté en condiciones de poder instruir con la necesaria objetividad el asunto".

Pina pide al tribunal que reconsidere su decisión de no aceptar que el TSJC sea la instancia que juzgue el proceso. Alega ahora vulneración del derecho a un juez imparcial. "Lo digo con respeto y con pena", sostiene.

Pina se muestra perplejo por la afirmación del fiscal Rovira ante la Audiencia Nacional cuando expuso "sin rubor" que la fiscalía no confiaba en la independencia y serenidad de los jueces catalanes. "Eso motivó un contundente y duro comunicado del TSJC censurando esa actuación. Aunque esto no forma parte del debate propiamente dicho, me puede dar ayuda y apoyos argumentales a lo que es un torcimiento del derecho y es que el ministerio fiscal ha cambiado el criterio generalizado sobre la ubicuidad donde debe celebrarse un procedimiento", afirma.

En el Tribunal Supremo toma la palabra el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina.

Desde el Parlament habla Natàlia Sànchez, diputada de la CUP: "Desde la CUP, nos sumamos al paro de centros de trabajo en el inicio del juicio que nos juzga a todas y que forma parte del ciclo de movilizaciones que iniciamos hoy. Que nadie sienta que queda al margen de este juicio, que nos juzga a todos porque se juzgan derechos fundamentales. Salgamos todos a la calle. Fuerza y solidaridad a todos los juzgados y que se convierta en un boomerang contra el Estado español", informa Júlia Regué.

Una decena de personas a las que se había concedido acreditación para acceder a la sala de vistas no ha podido hacerlo, por haber entrado al Tribunal Supremo después de comenzado el juicio y ya no se les ha dejado acceder a la sala.

El abogado de Forn vuelve a pedir que se cite como testigo el ministro del Interior de Rajoy, Juan Ignacio Zoido.

Melero considera que acumular los dos procedimientos no provocaría demasiado problema, puesto que testigos y acusados están relacionados y duplicados en ambos casos.

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha asegurado que el juicio contra los líderes del 'procés' es contra aquellos que "intentaron romper España", que "han roto familias" y "han roto una sociedad por la mitad". Por ello, Rivera ha defendido que se debe hacer justicia y que el resultado no puede ser la "impunidad" o que "se indulte" a los políticos catalanes. Además el líder liberal ha pedido que todas las fuerzas se "respete a los jueces y que no haya presiones", informa Miguel Ángel Rodríguez.

"Forn no está aquí por ser un miembro más del Gobierno, tampoco por firmar un acuerdo de gobierno, entendemos que si se habla de él es porque como consejero de Interior tenía capacidad de dominio sobre la fuerza policial. Esta ha sido la posición del fiscal durante la instrucción judicial", considera su abogado.

Melero rechaza que se haya dividido la causa entre el Supremo y la Audiencia Nacional. "Eliminados los atestados policiales, los informes, los resúmenes de prensa, poca cosa más nos queda", señala.

Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, toma ahora la palabra. Empieza citando a Jefferson: "Democracia es que el otro tenga razón, en al menos, la mitad de las veces.  y creo que mi clientes se le tiene que creer, al menos, en la mitad de las veces".

"Que tengamos a unos inocentes en prisión más de un año, esto no lo entiende nadie, cuando acudieron al llamamiento del tribunal", alega Van den Eynde. Recuerda que tras comparecer la primera vez ante Llarena, el juez les dijo que fueran a preparar su defensa una semana y nadie aprovechó para fugarse. "Mañana podríamos tener otro juicio, pero diferente, pero sin la prisión provisional. Valórenlo y piensen si podemos tener un juicio distinto mañana, para ver si los derechos fundamentales son cartas de triunfo o estamos jugando con otras reglas", concluye Van den Eynde su turno.

"El tribunal tendrá que explicar por qué se han restrigido todos los derechos de la Constitución en este proceso". "Es que hasta la libertad de culto se ha restringido, porque al señor Junqueras no le dejaban ir a mesa en prisión", añade. 

"El tribunal tendrá que dirimir si esta campaña de despretigio no está contaminando este procesoy valorar qué contramedidas toma", añade el abogado.

"Señores, la culpabilidad es después del juicio", insiste el abogado, que censura que Ciudadanos haya paseado un autobús por España pidiendo que "ni se les indulte", cuando todavía no han sido condenados. "Estas declaraciones atentan contra la presunción de inocencia".

El letrado recuerda ahora que Irene Lozano habló en un vídeo de "convictos" refiriéndose a los acusados. "El juez instructor se ponía dentro de la resolución judicial como víctima de los hechos", señala, en referencia al magistrado Pablo Llarena.

"La presunción de inocencia es un derecho constitucional, lo conoce todo el mundo, hasta que no te han juzgado no eres culpable, el súmum del derecho", continúa ahora el abogado de Junqueras y Romeva. Según señala, Estrasburgo señala que se debe demostrar que el tribunal no está contaminado por la, a su juicio, "campaña de criminalización de los acusados". "Aunque el juez diga que es completamente neutral no puede juzgar a unos acusados en una jaula. Se tiene que respetar el derecho porque estamos en una sociedad democrática. El juez tiene ideología y sesgo, todo el mundo lo tiene, el tema está en el grado de ese sesgo. Este tribunal tiene que valorar que de estos señores se haya dicho que "su caída será muy dura" en la querella de la fiscalía, se habla de golpistas, se les compara con nazis, (...)".

"Lo que ha hecho siempre el juzgado 13 es investigar un proyecto político, están investigando antes del 20 de septiembre, antes del 1 de octubre", insiste.

Los conservadores exigen al Gobierno que garantice "el normal funcionamiento del juicio" para que la sociedad española "no sea víctima del chantaje al que los independentistas quieren someterla" y pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no interfiera" en las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo "negociando pactos o acuerdos secretos que desnaturalicen las actuaciones de la justicia". La declaración asegura que se va a juzgar "el mayor ataque" a la democracia española desde el 23-F que "ha pretendido romper el marco de convivencia de los españoles" y dejar "a 7 millones de catalanes a merced de la arbitrariedad de unas instituciones que desbordaron sus funciones constitucionales". Los conservadores subrayan su rechazo a "cualquier tipo de presión sobre el poder judicial que se pretenda ejercer" y asegura que velará en todas las instituciones en las que está presente por que los jueces "puedan trabajar con todas las garantías e independencia".

El PP ha emitido una 'Declaración institucional al inicio del juicio a los presos independentistas' en la que recuerda que si hoy empieza es porque el Gobierno conservador de Mariano Rajoy "lo denunció en septiembre de 2017". "Sin aquello no estaríamos hoy aquí", afirma el documento, en un intento de marcar perfil ante un proceso que va a ser un escaparate para Vox, que ejerce la acusación particular, informa Pilar Santos.

Van den Eynde señala que la causa abierta contra las declaraciones del juez Santiago Vidal se amplió a todo el Govern "sin tener competencia". "Estableció un secreto de actuaciones para mantener el buen nombre de los investigados.. ¿El buen nombre? Pero si cuando los interrogó lo hicieron esposados. Lo que hace es una maniobra de monitorización sin informar de los hechos...", añade sobre el juez que arrancó la instrucción en el juzgado número 13 de Barcelona y cuyas diligencias luego pasaron a la Audiencia Nacional y después, al Supremo.

La web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) poderjudicial.es ha dejado de prestar servicio en plena retransmisión en directo de la primera sesión del juicio a los líderes independentistas catalanes por el 'procés', aunque pasados unos minutos se ha restablecido la emisión.

Van den Eynde considera que la investigación de la causa empezó mucho antes del referéndum. La fiscalía inició, según su opinión, unas diligencias secretas en el año 2016 mucho antes de que se judicializara la causa en el juzgado de instrucción número 13. La investigación de la fiscalía, continúa, fue instada por el teniente Baena de la Guardia Civil, por la que se monitorizó toda la actividad de los acusados.

"La obsesión por mantener en secreto partes de los procesos iniciados vulnera la ley internacional de protección de derechos fundamentales", añade. "La totalidad de la prueba proviene de una causa general contra el independentismo que proviene de la causa madre, la del juzgado 13 de Barcelona. Esa prueba vulnera cualquier acto que toda, la causa general es nula de raíz por lo que anula todo el proceso. Es una investigación general porque no justifica su objeto, no explica por qué investiga estos hechos, la querella de Vox no se explicó en ningún momento", prosigue.

"El problema es que no nos dejan conocer el contenido de estos procesos. Esto es una vulneración de los derechos fundamentales que avergüenza", insiste el letrado.

De vuelta al Supremo. "Todo esto es un vodevil procesal. Hay hasta siete jurisdicciones que llevan el proceso, todas lideradas por una misma persona", subraya Van den Eyde.

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado que hoy es un "día muy triste para la inmensa mayoría de los catalanes y demócratas" debido al comienzo del juicio contra los líderes del 'procés'. A su entender, este juicio supone un "fracaso político" provocado por la mala gestión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "La política va a quedar muy condicionada por este juicio", ha señalado antes de mostrar su "confianza" en que se imponga el Código Penal y los políticos catalanes "sean absueltos de los delitos", informa Miguel Ángel Rodríguez.

Van den Eynde se detiene en la "proporcionalidad". "Cada vez que la acusación se nos presenta desproporcionada tiene que tender que pierde credibilidad. En esa proporcionalidad algo tendrá que decir el tribunal sobre el vacío legal sobre la convocatoria de referéndums (ya no está castigado en el Código Penal)".

"La causa no puede impedir que se debata en un Parlament sobre la independencia", continúa el abogado de Junqueras y Romeva. Recuerda la sentencia de Schleswig Holstein, que dejó en libertad a Carles Puigdemont tras ser detenidos en Alemania. "Lo que tenemos que saber es si la interpretación del delito de rebelión era previsible para un ciudadano. Es más, si era previsible para un abogado penalista", destaca.

La acción penal contra el Govern produjo el "descabezamiento" del Ejecutivo catalán. "Cuando te quitan los derechos políticos, te excluyen de la sociedad", señala tras destacar que a Junqueras "le han quitado de la arena política". Van den Eynde considera que las acusaciones han cogido el diccionario militar para redactar sus escritos, han asimilado a los acusados con terroristas. "La causa ha supuesto una derogación absoluta de los derechos políticos", insiste.

Van del Eynde cita al Tribunal de Estrasburgo y sostiene que el Estado debe "proteger" las protestas.

Sobre el derecho a la protesta, Van den Eynde considera que se manifiesta a través del ejercicio de otros derechos. "Los catalanes protestamos porque estamos políticamente excluidos de determinadas decisiones. Cuando una determinada comunidad dice que no tenemos derecho a opinar, sí que tenemos derecho a protestar", apunta. "Por decencia, la acusación tendría que sacar de la causa las caceroladas, el lanzamiento de aviones de papel, y los cánticos, eso es un atentado al derecho a la protesta. Esto ofende. El 20 de septiembre era una protesta y así lo dejó escrito la Guardia Civil en su atestado, que luego cambió", añade.

"Estamos ante la reacción más dura del Estado: el derecho penal", subraya el letrado.

Van den Eynde pasa ahora a hablar de la libertad de expresión, que considera el debate es si esta causa atenta contra este y otros derechos fundamentales. "La libertad de expresión protege las ideas chocantes o que sorprenden. En los escritos de acusación se criminalizan palabras, expresiones, canciones, símbolos...".

"Esta causa es la defensa del derecho a la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos es la fórmula para que no existan conflictos en el mundo", señala el abogado de Junqueras y Romeva.Mis defendidos tienen el derecho a defender esa idea. "No hay ninguna ley internacional ni europea que impida la secesión. La autodeterminación es sinónimo de paz y no de guerra", señala.

"Lo que impide criminalizar la disidencia es la Constitución española", continúa el letrado, que se centra ahora en la libertad ideológica. "El formalismo no vale, no vale decir esto no tiene que ver con la actividad política, se tiene que demostrar", y recuerda cuando Joan Josep Nuet se quejó cuándo la fiscalía no se querelló contra él porque no era independentista. Considera que "va a ser difícil" demostrar que el proceso no tiene que ver con la actividad política.

"La causa atenta contra la disidencia política", abunda Van del Eynde. "Tenemos derecho a vivir en democracia, pero frente al derecho penal democrático está el derecho penal del enemigo, la corrupción del derecho penal democrático, el lado oscuro, es la negación del derecho penal democrático", añade.

El abogado de Junqueras se centra ahora en la supuesta vulneración de derechos fundamentales que denuncian las defensas que ha habido durante la instrucción del proceso. "Estamos ante un juicio excepcional, pero no entendemos por qué se han producido determinadas vulneraciones (...) Hasta en la guerra debe haber reglas", sostiene.

Van den Eynde insiste de nuevo en conocer la identidad del testigo protegido de la causa. Y la entrada de observadores internacionales como tal, no como público.

El letrado considera que se han rechazado muchas pruebas sobre la "regularidad, transparencia e ilicitud de la investigación". Solicita de nuevo la citación de Carles Puigdemont, Marta Rovira e Ignacio Cosidó. También reclama que testifique el periodista Carlos Enrique Bayo, en relación con el guardia civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil que atacó a través de un perfil anónimo de Twitter para atacar a los políticos catalanes que investigaba.

Van den Eynde también es el abogado de Romeva. Pide el doble de tiempo puesto que defiende a dos acusados, esto es, una hora y media. Marchena se lo concede.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da la palabra al abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde.

Entre los acusados, Jordi Sànchez lleva un lazo amarillo en la solapa, mientras que los que fueron 'consellers' llevan el pin del cargo.

Estas son las penas que piden la fiscalía y la Abogacía del Estado para los acusados por el 1-O.

Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn ocupan el primer banco de los acusados. Tras ellos están Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull; Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa; y Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs.

Los acusado se inclinan finalmente por declarar en castellano.

Arranca el juicio en el Tribunal Supremo.

Miembros del Govern, del Parlament y una de las acusadas, la 'exconsellera' Meritxell Borràs, se han reunido durante unos minutos en una sala del Supremo antes del inicio de la sesión, que estaba previsto que arrancara a las 10 horas. En el encuentro estaba el 'president' Quim Torra, el 'conseller' Damià Calvet, y los protavoces parlamentarios de JxCat y ERC, Albert Batet y Anna Caula, además de Borràs. En los pasillos del tribunal, otro de los acusados en libertad provisional, Carles Mundó, ha explicado que ha pedido poder comer con los nueve presos durante el juicio y que todavía no le han respondido, informa la ACN.

Finalmente han dejado entrar a la mujer de Junqueras en el tribunal, gracias a la intervención de un asesor de Carlos Lesmes, informa ERC. Entre los otros familiares que asistirán como público estarán la hermana de Carme Forcadell, la esposa de Jordi Cuixart, el hijo de Jordi Sànchez, la hija de Joaquim Forn y la de Jordi Turul.

A su llegada al Supremo, Torra ha sido increpado por algunos de los manifestantes que se concentraban frente al alto tribunal.

Una decena de ultras también se manifiestan en las inmediaciones del Supremo. "Golpistas a prisión", gritan entre otros lemas.

Además de Vila, ya han llegado al Supremo los otros dos procesados que se encuentran en libertad provisional: los 'exconsellers' Carles Mundó y Meritxell Borràs.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido que se respete la sentencia y no se indulte a los políticos independentistas. "Hoy comienza el juicio a los golpistas que intentaron destruir nuestra democracia. Deseo que se haga justicia y, sobre todo, que se respete la sentencia", ha añadido en un apunte en su perfil de Twitter.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desplazado hasta las puertas del Supremo. "Estamos aquí por la inacción del Gobierno de Rajoy", ha asegurado. Abascal ha llegado junto al secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que también es uno de los abogados de la acusación popular que ejerce la formación ultraderechista.

Según denuncia ERC, el cordón policial no deja pasar a la mujer de Oriol Junqueras, que intenta acceder por la calle General Castaños.

Los observadores que han acudido a la primera sesión del juicio son Dominique Nogueres (Francia, Federación Intarnacional de Derechos Humanos), Alexandre Faro (Francia, Federación Internacional de Derechos Humanos), Fabio Marcelli (Italia, European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights), Frederic Ureel (Bélgica, Abogados Europeos Demócratas), Bill Mozdizierz (Estados Unidos, American Bar Association) y Javier Pérez Royo (España, Grupo de Académicos). Una vez en el interior, les han dado una acreditación de público para que puedan acceder a la vista oral. Lo que no podrán hacer es hacerlo como letrados, que es como han accedido al alto tribunal.

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol: "Es el juicio contemporáneo más importante de la historia. No ha habido rebelión. Hoy nos juzgan a todos, porque el 1-0 fue una conquista de todos. Es el mejor momento para reafirmar nuestro compromiso con los valores de la democracia. El país está hoy triste, dolorido".

Más declaraciones. Ernest Maragall, candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona y hasta hace poco 'conseller' de Acció Exterior: "Es un día triste para la democracia y la libertad. Estaremos firmes, ganaremos la libertad. Los catalanes aguantaremos con la misma firmeza de los últimos 10 años. Queremos vivir en paz".

La portavoz de ERC, MartaVilalta, ha calificado el juicio como el "más importante de la historia contemporánea". "Plantaremos cara en todas partes para denunciar que no hay delito, no hay rebelión ni sedición. Es un juicio a la democracia", ha añadido a las puertas del tribunal.

En el interior del Supremo, ha tenido lugar el saludo protocolario entre Torra y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como suele ser habitual con las autoridades que acuden al palacio de justicia en visita no institucional, según han informado fuentes judiciales. El saludo ha sido en el despacho oficial de Lesmes y además de Torra han estado presentes el 'conseller' Calvet y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell.

Varios abogados de distintas organizaciones españolas y extranjeras (Francia, Bélgica, América) han entrado en el interior del Tribunal Supremo con intención de acceder a la sala donde se celebrará el juicio. De momento ignoran si podrán hacerlo.

El 'president' Quim Torra y el 'conseller' Damià Calvet ya han entrado en el Supremo para asistir a la primera sesión del juicio. Junto a ellos también estará la titular de Justícia de la Generalitat, Ester Capella.

Coincidiendo con el inicio del juicio al 'procés', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a acusar a "las derechas y el independentismo" de quere lo mismo: "una Catalunya enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma". En un hilo en Twitter, ha insistido en que el independentismo vive "mejor en la confrontación. Tiene miedo al diálogo".

Siguen las declaraciones políticas ante las puertas del Supremo. El presidente del Parlament, Roger Torrent: "Hoy veremos a la dignidad sentada en el banco de los acusados. También la vergüenza de un Estado demofóbico que persigue a demócratas. Apelamos al conjunto de los demócratas españoles: ¿Hasta cuándo? No nos rendiremos, no nos cansaremos".

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, sostiene que "la causa está llena de vulneraciones de derechos". "Aprovecharemos el juicio como un altavoz internacional para denunciarlo", añade.

Llega al Tribunal Supremo el 'exconseller' Santi Vila, primer acusado en acceder a la sede judicial.

También ante el alto tribunal, Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC: "Es un juicio político; se convierte un derecho, el de autodeterminación, en un delito. Los presos políticos defenderán ese derecho. Usaremos el juicio como una herramienta de denuncia en una campaña internacional". Igual que Aragonés, Paluzie ha llamado a manifestarse en los próximos días.

El diputado de la CUP Vidal Aragonés, a las puertas del Supremo: "Trasladamos toda nuestra solidaridad a los encausados. Hacemos un llamamiento a movilizarse. Nuestra sentencia debe ser hacer efectivo el derecho de autodeterminación"

En una entrevista que publica este martes el diario alemán 'Süddeutsch Zeitung', Torra ha declarado que la meta del movimiento independentista sigue siendo crear una república independiente y el regreso de Carles Puigdemont. "Nuestro plan B es el plan A. España puede cambiar su Constitución. La república independiente sigue siendo nuestra meta", afirma Torra al ser preguntado sobre la posición del Gobierno español que ve la Carta Magna como una línea roja que no puede ser traspasada en el diálogo.

Los políticos presos no han pasado finalmente por los calabozos de la Audiencia Nacional como se especuló en un principio. Simplemente se ha realizado un cambio de custodia policial en el parking. Desde dependencias de la Audiencia, la Policía Nacional ha completado el traslado hasta el Supremo utilizando vehículos más pequeños. El primer vehículo que trasladaba a los presos ha entrado en el edificio a las 8.30 horas, y el último, cuando faltaban pocos minutos para las 9. Hasta que empiece el juicio, los encausados esperarán en una sala donde pueden estar con sus abogados.

Dos personas con una bandera española han empezado a gritar lemas como 'Torra y Puigdemont, a prisión' y 'Visca Catalunya sempre espanyola'. Han sido respondidos con gritos de "llibertat presos polítics". La policía los ha apartado.

Entre los participantes en ese acto político están el 'president' Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. Junto a familiares de los encausados llevan una pancarta con el lema 'Decidir no es delito'.

Empieza el acto político unitario convocado por entidades y partidos independentistas a las puertas del Supremo. Está previsto que además de atender a los periodistas se hagan una fotografía coral entre todos los participantes, entre los que hay representantes de JxCat, ERC, CUP, ANC, Òmnium Cultural, así como familiares de los políticos presos.

"Espero que los que han intentado vulnerar, por acción o por omisión, los derechos y libertades de todos los españoles empiecen a pensar que el proceso independentista está en vía muerta y abandonen sus aspiraciones", ha manifestado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a los micrófonos de RNE. "El juicio que arranca hoy marcará para siempre que nadie está por encima de la Constitución y nadie puede romper la convivencia que nos hemos dado entre todos", ha añadido.

El 'expresident' Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista en 'El Punt Avui' que afronta el juicio "como un acto de venganza orquestado por los poderes del Estado español".

Otra de las movilizaciones convocadas este martes por el inicio del juicio al 'procés' tendrá lugar este mediodía, cuando se ha convocado un paro de 10 minutos, así como concentraciones a las 19 horas en las capitales de las veguerías. En Barcelona, la concentración será en la plaza de Catalunya.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, en declaraciones a RNE: "Pensamos que este no será un juicio con todas las garantías".

A la sesión de hoy en el alto tribunal asistirán los fiscales de sala Fidel Cadena y Javier Zaragoza.

En los alrededores del Tribunal Supremo hay desplegado un fuerte dispositivo de la Policía Nacional horas antes de que arrranque el juicio.

Reabierto el tráfico en la Gran Via y la Diagonal de Barcelona.

Recordamos las afectaciones de tráfico:  la AP-7 entre Hostalric y Sant Celoni , la Diagonal a la altura de Palau Reial, en Gran Via a la altura de Glòries y Rocafort, la C-35 en Santa Maria d’Oló (Manresa) .

Muchos se han identificado como simpatizantes del partido de Santiago Abascal, mientras que otros que estudian Derecho querían ser testigos de un juicio histórico. En realidad solo hay 55 plazas para el público para seguir la sesión por lo que los interesados se agolpaban a primera hora para poder entrar en el Supremo.

En torno a un centenar de estudiantes de Derecho y simpatizantes de Vox se encuentran a la espera de poder acceder como público al Tribunal Supremo para vivir en primera persona la primera sesión del juicio contra los líderes separatistas catalanes.

Otro corte en Barcelona: Gran Via con la Rambla de Poble Nou.

Los presos ya han llegado a la Audiencia Nacional, donde permanecerán en los calabozos hasta que sea el momento de ser trasladados al Tribunal Supremo para asistir al juicio, que está previsto que arranque a las 10 horas.

Una protesta a primera hora de este martes ha proyectado imágenes de las cargas policiales en Catalunya durante la jornada del referéndum separatista del 1 de octubre en la fachada del Tribunal Supremo en Madrid, donde este martes se inicia el juicio a los líderes del 'procés'. En el video proyectado se suceden cargas policiales vividas en dicha jornada en Cataluña, bajo el eslogan 'Spanish Democracy' (democracia española, en inglés). La acción la ha dado a conocer los Comités de Defensa de la República (CDR) en su Twitter, aunque no se atribuyen la autoría. "Damos gracias a todos los que han hecho esta acción", señala el colectivo en su perfil en la red social.

Volvemos a Barcelona. Cortada la Diagonal.

Más cortes. También está afectada la C-35 a la altura de Santa Maria d'Oló, dirección Manresa, informan los CDR  a través de Twitter.

Tráfico complicado en Barcelona. Los CDR también han cortado la circulación en la Gran Via de Barcelona a la altura de la plaza Glòries. Han señalado que están "rompiendo con la normalidad en la búsqueda de la libertad", con motivo del juicio al 1-O que comienza en Madrid.

También Jordi Cuixart: "Hora de levantarse en la celda 12 de Soto. Empieza el #JuicioALaDemocracia en el Supremo: 16 meses después, con el orgullo de presidir Òmnium y la dignidad colectiva intacta".

Los dirigentes independentistas han utilizado en las últimas horas las redes sociales para lanzar mensajes antes del juicio.  Uno de ellos, Raül Romeva: "Las 7 de la mañana, en pie y hacia el Supremo. Hoy empieza un juicio que no durará meses, sino anños. Y que ganaremos, sea donde sea, sea cuando sea. Venga".

Pocas horas antes del inicio del juicio Jordi Sànchez ha publicado en EL PERIÓDICO el artículo 'Hemiciclo impropio' en el que, entre otras cosas, destaca que "el juicio del Supremo es la herencia de la cobardía del Gobierno de Rajoy para abordar una solución desde la política, una herencia que ha resultado ser envenenada para todos".

Los CDR acaban de cortar la AP-7 entre Hostalric y Sant Celoni en dirección a Barcelona en protesta por el juicio a los líderes independentistas, un juicio que los CDR califican de "farsa".

A las 07.20 han salido de la prisión de Soto del Real a bordo de vehículos de la Guardia Civil los líderes independentistas.  Carme Forcadell y Dolors Bassas han salido prácticamente a la misma hora de Alcalá-Meco.

Buenos días. A falta de menos de tres horas para que se inicie en el Tribunal Supremo el juicio a los líderes independentistas por el 1-O retomamos el hilo informativo muy pendientes de las prisiones en las que se encuentran los políticos presos. A las  07.30 está previsto que salgan de las cárceles rumbo al tribunal.

Esta es la crónica con las últimas incógnitas sobre el juicio que está a punto de empezar en el Tribunal Supremo este martes, coincidiendo con la semana más convulsa en la arena política. El mismo día se empiezan a debatir en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, que el independentismo insiste en tumbar, pese a la amenaza de adelanto electoral, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planea para primavera.

Pocas horas antes del inicio del juicio, se ha proyectado un vídeo de cargas policiales del 1-O en la fachada del Tribunal Supremo. La acción, que no ha reivindicado ningún colectivo, se ha llevado a cabo por la noche y ha durado solo unos minutos.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas sugier, en una entrevista en el canal 3/24, que el Parlament y el Congreso de los Diputados "hagan una propuesta" cara a una solución política al conflicto catalán cara a un referéndum definitivo. 

También el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, difunde un tuit en que se dice "preparado" para "defender la legitimidad de desobedecer las leyes injustas y "acusar al Estado de la vulneración de derechos humanos".

Rufian ha anunciado que para que ERC facilitara la tramitación de los Presupuestos el Ejecutivo debería "alejarse de la deriva represiva del Estado" y abrir una mesa de negociación "con todos los partidos posibles", PP y Ciudadanos incluidos, y otra bilateral con el Gobierno catalán.

Gabriel Rufián, ha despreciado este lunes la amenaza de un posible adelanto de elecciones generales lanzada desde Moncloa y lo ha hecho asegurando que el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la segunda República española, es "un buen día" para ir a las urnas y dejando claro que "a ERC no se le chantajea".

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la recusación que hizo el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont al presidente del tribunal que estudiará el recurso contra el cese de su gobierno a raíz del artículo 155, Jorge Rodríguez-Zapata, alegando que este magistrado no era imparcial, ya que había previamente expuesto su criterio jurídico sobre la aplicación de dicho artículo aplicado al caso de Cayalunya.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su hoja de ruta y esperará hasta el miércoles para ver cómo se desarrolla el debate sobre las enmiendas de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para decidir sobre la fecha de las elecciones generales.

Si como todo indica el Congreso rechaza las cuentas que presentará el Ejecutivo, fuentes gubernamentales y socialistas indicaron a Servimedia que el presidente decidirá este miércoles cuándo serán las generales. No obstante, desde el Gabinete que dirige Pedro Sánchez han apuntado que de momento no hay elecciones para el 14 de abril.

El expresident catalán Carles Pugidemont ha querido aprovechar su presencia este lunes en la gala de la fundación Cinema for Peace (Cine por la paz), para "dar voz" a sus compañeros que tendrán que responder mañana ante la justicia española por su participación en el ilegal proceso independentista en Catalunya y para denunciar esta situación.

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha reclamado este lunes al Gobierno del Estado que "tome las medidas necesarias" para garantizar la seguridad de los familiares de los acusados en sus "entradas y salidas" del Tribunal Supremo (TS) durante el juicio del 1-O. La consellera ha recordado que el pasado 23 de marzo hubo "empujones" y "tensión" a las puertas del Supremo, donde estaban citados Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raúl Romeva y Carme Forcadell.

"Esperemos que la situación no se repita, las familias no se lo merecen. Esperemos que el Gobierno tome las medidas necesarias que en ese momento no tomó", ha recalcado.

Los portavoces de JxCat y ERC en el Parlament, Albert Batet y Anna Caula, respectivamente, representarán al Parlament en el Tribunal Supremo, donde la Cámara tiene garantizados dos asientos entre el público, han informado este lunes fuentes parlamentarias.

El candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PP, Josep Bou, ha animado este lunes a participar en la manifestación del domingo en la ciudad: "Tenemos que alzar nuestra voz para decir 'no' al separatismo y sus cómplices, y 'sí' a la unidad de España".

La portavoz de la Generalitat y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha considerado este lunes que la manifestación del domingo en Madrid contra el Gobierno central impulsada por PP, Cs y Vox fue un "fracaso evidente". La portavoz ha criticado que la marcha "dice mucho de la calidad democrática de algunos" y ha interpretado que fue una protesta contra el diálogo entre Generalitat y Estado. Artadi ha reivindicado el diálogo político para encontrar una solución política para Catalunya.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "muy grave" que los partidos y las miles de personas que se concentraron en Colón digan que Sánchez es un presidente ilegítimo, porque "es mentira". En una entrevista en la SER, la primera edil madrileña ha afirmado que los españoles tienen que sentirse orgullosos de la democracia que hay en España: "Estoy orgullosa de España y de nuestra democracia, una democracia en la que cabemos todos y no hay buenos ni malos y no hay unos de bien y otros de mal".

El presidente del Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que este lunes registrarán una petición al Congreso de los Diputados para que el presidente español, Pedro Sánchez, convoque el debate sobre el estado de la nación. Rivera ha lamentado que hace cuatro años que no se celebra este debate y ha considerado que tras la manifestación de ayer en Madrid y de la crisis abierta por la negociación entre el Gobierno y la Generalitat es el momento de que el presidente vaya al Congreso "a dar la cara". "Los españoles merecen respeto y dignidad y Sánchez debe dar explicaciones aunque no le guste lo que ve en la calle", ha insistido. "España no aguanta más", ha añadido en declaraciones a Tele 5.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, acusa a PP y Ciudadanos de no haber "querido participar nunca" en la búsqueda de soluciones al conflicto catalán. "La responsabilidad del Gobierno ha sido la de tender puentes en una crisis de Estado", ha dicho en Antena 3.

Borrell aprovecha el hilo para cargar también contra los independentistas, a quienes reprocha sus "cansinas" y "patéticas invocaciones" a que el Gobierno pierda el "miedo" a la derecha y acepte reconocer el derecho a la autodeterminación de Catalunya. "Son cuestiones que no están amparadas por la Constitución ni por el derecho internacional", zanja el ministro antes de acusar a los secesionistas de dividir y enfrentar a la sociedad. Igualmente, les reprocha sus denuncias sobre la "represión" del EStado. "España no es Yemen del Sur, ni Bosnia, ni Kosovo ni Eslovenia en sus peores momentos, y ni la UE ni ningún gobierno del mundo acepta ese falso relato", remacha.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha hablado sobre la manifestación de ayer, aunque para acusar a PP, Ciudadanos y Vox de no aceptar la Constitución con sus ataques al Gobierno y su insistencia en que convoque elecciones. "Estamos delante de una derecha que tiene tres partidos pero que es una, que todavía no acepta la Constitución", ha dicho en RNE. "Estamos en una involución de 40 años de cultura política democrática, donde este país había avanzado mucho en convivencia. Hay algunos asuntos que están traspasando unos límites inquietantes", ha añadido.