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Consejo de Ministros

El Gobierno ordena la exhumación de Franco y da 15 días a la familia para comunicar dónde llevan sus restos

Un recurso ante el Tribunal Supremo retrasaría el traslado del dictador

Moncloa descarta que los frailes puedan impedir el paso a los albañiles

Juan José Fernández

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha intervenido en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros para explicar la decisión de la exhumación de Franco.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha intervenido en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros para explicar la decisión de la exhumación de Franco. / JOSÉ LUIS ROCA

Ciento setenta y cinco días después de publicar el real decreto ley que puso en marcha el proceso, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo motivado dando por concluido el trámite administrativo y ordenando la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El acuerdo da a la familia un plazo de 15 días para que señale un lugar de reinhumación que no podrá ser la catedral madrileña de La Almudena.

El Gobierno se reserva la decisión del nuevo lugar de enterramiento de los restos del general si la familia no contesta en el plazo que le han dado. En el actual acuerdo no figura un lugar de destino para Franco. Pasados 15 días sin respuesta, el Ejecutivo debería reunirse en consejo otra vez para emitir un acuerdo final de traslado de los restos, ya mencionando un emplazamiento al que enviar el féretro desde el risco escurialense de Cuelgamuros.

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha presentado este viernes la decisión como una "responsabilidad histórica de este Ejecutivo" y como una "deuda con la historia". Pero es probable que al actual Gabinete no le dé tiempo a saldarla. El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, confirma a EL PERIÓDICO: "Vamos a recurrir este y cualquier otro acto de ejecución ulterior".

Las leyes en materia de procedimiento contencioso administrativo dan dos meses al abogado para presentar su recurso ante el Tribunal Supremo (dado que es un acuerdo del Consejo de Ministros), pero el letrado podría no agotar el plazo. El alto tribunal podría estar decidiendo la admisión a trámite del recurso, o incluso de una petición de suspensión cautelar, en plena campaña electoral de las generales.

"Definitivo y ejecutivo"

El acuerdo del Gobierno "es definitivo y ejecutivo", comentan fuentes de la Moncloa para indicar que la exhumación podría llevarse a cabo en dos semanas, aun sin esperar al recurso judicial de la familia. La ministra no ha querido hacer "justicia ficción" con la respuesta de los Franco. Dijo que a día de hoy no pueden "determinar si entra o no el Supremo a admitir el recurso". Y ha explicado que la presentación de un recurso por los descendientes del dictador "no tiene efectos suspensivos", salvo si lo así lo decide expresamente el alto tribunal.

Pero si el Ejecutivo quisiera aprovechar algún hueco temporal entre acuerdo y recurso para mover a Franco, los nietos interpondrían denuncia por prevaricación, advierte su abogado.

La tumba de Franco en el Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

La ministra Delgado ha basado la decisión gubernamental de vetar a la catedral de La Almudena, en cuya cripta la familia Franco posee sepulturas a perpetuidad, en la necesidad de "no convertir un lugar público en un lugar de exaltación del dictador".

Durante la fase de adquisición de licencias de obra municipales y permisos funerarios autonómicos, el Ministerio de Justicia se ha guarnecido con un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre razones de seguridad y orden público que impiden llevar los restos de Franco al templo de granito que abre sus puertas enfrente del Palacio Real de Madrid. La familia Franco no considera legalmente motivado ese informe.

Los albañiles sí pasarán

Cuidándose esta vez de más complicaciones, y ya concluida la fase administrativa, el Ejecutivo restringe la posibilidad de personarse como "parte interesada" solo a los nietos del dictador. O sea, no a frailes ni a fundaciones o entidades franquistas.

El Gobierno considera, de hecho, que podrá hacer los trabajos que crea oportunos en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos pese a la oposición que muestra la comunidad de benedictinos encargados de su custodia, a los que encabeza el prior exfalangista Santiago Cantera.

Desde el Ejecutivo no ven posible que, cuando dé la orden final, los monjes puedan impedir la entrada a los cuatro albañiles que fuentes de Patrimonio Nacional prevén necesarios –como adelantó este diario– para realizar la exhumación en tres horas y, en dos días más, reponer el suelo de la basílica:  "La actividad de culto de un lugar no impide en él la acción de la autoridad civil", ha explicado la ministra, reiterándolo un par de veces durante su comparecencia.

Delgado calificó de "verdadero obstáculo" las demandas y recusaciones (hasta 14) presentadas por las partes interesadas, –todas ellas orbitando a la familia Franco– pero las considera "normales en este proceso".

La ministra cree que este proyecto administrativo para la exhumación del dictador es "una cuestión de memoria democrática", que mana de "una decisión de Estado", y que ha necesitado de la "escrupulosidad del procedimiento".