Montero impulsará las reformas pendientes en el Parlamento antes de ir a las urnas

Una vez certificado el hundimiento del proyecto de ley de Presupuestos del Estado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece dispuesta a salvar los restos del naufragio. El Gobierno "culminará" sus tareas pendientes "que no estaban en los Presupuestos" y que actualmente se tramitan en el Congreso de los Diputados, afirmó Montero unos minutos después de la votación en contra del proyecto de ley que ella había defendido con tanta entrega las dos últimas jornadas.

"Los ciudadanos deben tomar buena nota y el Gobierno seguirá trabajando para frenar esta derecha que dice no a la subida del salario mínimo, no al mejor acceso a la vivienda y no a abaratar la factura de la luz", puntualizó al referirse a proyectos de ley y decretos que actualmente se tramitan en el Congreso. La ministra no ha querido entrar en un hipotético adelanto electoral -con el argumento de que esa decisión solo compete el presidente del Gobierno- y ha realizado sus observaciones bajo la hipótesis de continuidad de la Legislatura, al menos durante este año.

Recorte del gasto a la vista

El rechazo del proyecto de ley de Presupuestos implica la prórroga al 2019 de las cuentas del año pasado y la previsión de un mayor nivel de déficit y de deuda para este año. La Comisión Europea estima que el déficit podría derrapar hasta el entorno del 2,2% ó el 2,4% del PIB este año, lejos del objetivo del 1,3% que perseguía el proyecto de Presupuestos y que, por otra parte, no había dado por válido la CE.

De un modo u otro, la prórroga implica un mayor nivel de déficit y deuda, según la ministra Montero, y el Gobierno tendrá que "recomponer" esta situación y ver cómo se puede "controlar el déficit".

Fuentes de Hacienda adelantan que el Gobierno no intentará impulsar vía decreto las subidas de impuestos que había programado en el proyecto de ley. Siendo así, el control del déficit solo podría acometerse a través de recortes del gasto, a no ser que la decisión se deje en manos del futuro Gobierno que salga de las urnas

También queda en el aire el aumento de las entregas a cuenta previstas en el proyecto de Presupuestos del Estado para autonomías y ayuntamientos. El Gobierno podría adoptar un decreto ley en los próximos días para garantizar que este dinero llega sin retraso a las adminstraciones territoriales. 

La ley hipotecaria, en el aire

Uno de estos proyectos que están en su recta final es la reforma de la ley hipotecaria, que ya ha pasado el trámite del Senado y que deber ser aprobada definitivamente por el pleno del Congreso previsto para el día 21 de febrero.

Una hipotética convocatoria relámpago de elecciones generales para el día 18 de abril (una de las fechas que están sobre la mesa) obligaría a disolver Las Cortes el 19 de febrero, con lo cual decaería este proyecto de ley. También decaería por idéntico motivo el proyecto de ley para regular la pensión de orfandad de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

En el caso de la ley hipotecaria, no solo caería en saco roto todas las mejoras para los clientes previstas en el proyecto (que dificulta los desahucios por parte de las entidades financieras y reparte los costes entre clientes y entidades), sino que además España se haría acreedora de una multa millonaria de la Comisión Europea por el retraso en la adopción de la directiva comunitaria.

El carpetazo a este proyecto de ley por una hipotética convocatoria relámpago de elecciones, en todo caso, no afectaría a que sea la banca quien asuma el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) en la suscripción de una hipoteca, pues esta medida fue encauzada por el Gobierno a través de un decreto ley que ya fue convalidado por el Parlamento.