A sueldo del Gobierno regional

Granados y Prada testifican en el juicio del espionaje de la Comunidad de Madrid

Francisco Granados durante su comparecencia.

Francisco Granados durante su comparecencia. / periodico

El Periódico / Agencias

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El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha testificado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio por el presunto espionaje político a ex altos cargos 'populares' "rivales" para "aclarar algunas de las payasadas" que ha "tenido que escuchar los últimos días"..

También ha intervenido ante los magistrados de la Sección Quinta el exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y exdiputado Alfredo Prada, uno de los denunciantes de las supuestas vigilancias, quien ha relatado el "enorme" daño familiar y personal que sufrió al ver su vida privada reflejada en los partes de vigilancia, admitiendo que tras el archivo de la causa acordó apartarse para no dañar "a su partido" al ser para él preferente "los intereses de España".

Granados ha señalado a los periodistas en la entrada de la Audiencia Provincial que su asistencia, en calidad de testigo, sirve para "poner un poco de luz y a aclarar algunas de las payasadas que he tenido que escuchar en los últimos días".

El exsecretario del PP madrileño ha afirmado que va a colaborar con la Justicia. "Estamos aquí porque se trata de asuntos relacionados con el PP, si no esto no habría llegado al Juzgado", ha apostillado.

Testimonio de Prada

El exconsejero y exdiputado Prada, que ahora forma parte de la Ejecutiva del PP, ha comparecido también como testigo en la vista oral. Durante el interrogatorio, Prada ha narrado que cuando conoció los partes acudió a la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para interponer una denuncia al coincidir los documentos con su vida privada. Por ejemplo, había notas sobre una comida familiar a la que había asistido una de sus hijas.

"No supe nada de esto hasta que lo vi publicado. Una de las cosas que me pareció terrible fue ver una cena familiar", ha recalcado el político 'popular', quien durante 10 años llevó escolta a instancias de la Secretaría de Estado de Seguridad al haber estado amenazado por la banda terrorista ETA. "Este servicio no detectó nada", ha dicho.

Las notas manuscritas que publicó el diario 'El País' y que dieron origen a la causa daban constancia del supuesto espionaje en el que se vio envuelto en los meses previos al Congreso Nacional que celebraron los 'populares' en junio del 2008 tras perder Mariano Rajoy las elecciones.

Sobre lo publicado, Prada ha recalcado que entiende que la prensa pueda escribir sobre la agenda pública de un cargo, pero no de su vida privada. "El problema es que había acontecimientos estrictamente privados y familiares. Mis hijos eran menores. Eso sí me parece preocupante", ha recalcado.

"Es un tema que hace mucho daño. No tienes por qué asumir eso y más cuando mis hijos eran menores. Hicieron daño. No tengo nada que ocultar. El daño personal y familiar fue enorme", ha confesado señalando que no sabe quién estaba detrás de los partes. "No tengo ni la más remota idea de quién lo hizo", ha dicho.

Asimismo, ha admitido que decidió no seguir en el procedimiento ante los constantes archivos y por el interés de su partido, ya que este tipo de temas le podrían hacer daño. "Son preferentes los intereses de España a los de las personas. Es una decisión fundamentada", ha recalcado.

"Órdenes ilegales"

En los interrogatorios, los acusados José Oreja y Antonio Coronado manifestaron que el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón Serrano les dio "órdenes ilegales" en febrero del 2008 para seguir a políticos del PP de Madrid por interés de Ignacio González.

Según su relato, debían espiar a Prada, Manuel Cobo y Cristina Cifuentes. En cambio, se negaron y lo denunciaron ante Granados. Pero Gamón niega tales mandatos y sostiene que los exasesores solo seguían órdenes de Granados.

En la Comisión de Investigación, el exsecretario de los 'populares' madrileños negó haber ordenado ningún tipo de espionaje a cargos públicos pero sí "contravigilancias y servicios de escoltas" realizadas "a petición de Ignacio González", entonces vicepresidente regional.

Según su versión, algunos imputados en el caso del espionajes, "orgánicamente dependían" de él por el tipo de contrato que tenían, pero que reportaban a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad.