La propuesta regresiva de Casado sobre el aborto, cuestionada dentro y fuera del PP

Pablo Casado ha entrado en tierras políticas movedizas con su propuesta de derogar la actual ley del aborto de plazos para volver a la de supuestos de 1985. La de Felipe González. Le han llovido las críticas desde fuera del partido; se puede augurar una importante respuesta social a su posición en vísperas del 8-M y,  dato relevante, ha sido cuestionada también dentro del PP. Porque hay una parte de los populares, donde destacan las mujeres, que no comparten la necesidad de retroceder 33 años con un tema que, además, está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional y causó ya problemas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, costándole el puesto a Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro que lideró un intento de reforma.

La idea que el actual presidente del PP defiende personalmente desde hace años sobre el aborto tomó forma de iniciativa política el pasado jueves. Al fin y al cabo ahora no es un simple diputado, sino el líder de la oposición con posibilidades de gobernar en coalición en el medio plazo, según todos los sondeos. Sin embargo, el asunto no ha sido discutido en ningún reciente foro popular relevante; no ha formado parte de ningún programa electoral que se haya elaborado bajo mandato de Casado o, lo más paradójico,  no se ha tocado en la reciente Convención ideológica que los conservadores celebraron en Madrid. Así las cosas, no es de extrañar que hayan salido a la palestra ya algunas dirigentes y cargos del PP a intentar frenar el asunto. 

Casado aboga por derogar la ley del aborto para volver a la de supuestos

Esa posición la representa expresamente una alfil del presidente gallego Alberto Núñez Feijoo, la secretaria general de Igualdade de la Xunta, Susana López Abella, que antes de ostentar el cargo fue portavoz popular en el Parlamento de Galicia para temas de mujer y empleo y cuenta con ascendencia en ‘el rural’ gallego, inagotable reserva de votos populares. López Abella ha salido al paso de la propuesta de Casado con un tajante "la situación legal actual es adecuada", para añadir que "cada persona tiene que tomar su decisión, es dueña de su cuerpo; y también hay que respetar a las personas, tomen la decisión que tomen".

Casado, que como otros dirigentes del PP nunca ha considerado el aborto un derecho de la mujer -Esperanza Aguirre lo repetía hasta la saciedad cuando estaba en primera línea- justificó su postura aludiendo al invierno demográfico de España. "Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en como los abortamos", dijo a la agencia Efe. Pero la gallega López Abella no encuentra relación entre la escasa natalidad española y la interrupción voluntaria del embarazo: "Nada tiene que ver una cosa con la otra", sentenció este viernes.

Esperar sentencia judicial

Menos frontalmente, en Génova la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, evitó secundar la opinión de su jefe. Preguntada por los periodistas sobre el tema, apuntó que "lo sensato" es esperar a ver qué resuelve el Constitucional ante el recurso que presentó el PP a la ley de Zapatero. La posición de Levy es la mayoritaria en el partido. O, al menos, es la que se manfiestaba cuando la batalla política estaba en el centro-derecha con un Ciudadanos recién llegado a la política nacional y no en el campo de la derecha pura y dura, con Vox amenazando.

La ley de 1985 despenalizó el aborto en los supuestos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la

madre y malformación del feto. La ley de 2010, aprobada por el PSOE permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación, y no en la 22, como llegó a sostener Casado en una intervención pública.

El precedente Gallardón

La polémica causa división en el PP, donde no ha desaparecido el recuerdo del pulso que acabó haciendo dimitir a Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia (23 de septiembre de 2014), al verse incapaz de llevar adelante una reforma de la ley del aborto que obtuvo otra franca oposición en parte del partido y una mayoría de la sociedad. De nuevo hay cargos populares que creen inoportuno el discurso de Casado, sobre todo en vísperas de un 8-M que puede insuflar ánimos a una izquierda debilitada, depende de su enfoque.

Desde la izquierda, Irene Montero, portavoz de Unidos- Podemos, no tardó en recuperar el recuerdo de Gallardón: "Todos los políticos que han puesto en cuestión los derechos de las mujeres han tenido la misma salida". En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, contestó al líder del PP de que hay que ir "avanzando y no ir hacia atrás".

Desde la sociedad civil, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, que tiene también asiento en el Consejo de Estado, subrayó que no le ve "ningún sentido" a la propuesta de Casado.