Vox presidirá la comisión parlamentaria en Andalucía referente a la Memoria Histórica

Vox, el partido de ultraderecha que ha arremetido en numerosas ocasiones contra la Ley de Memoria Histórica por considerarla “ideológica” y “totalitaria”, será la formación que presida la comisión del parlamento andaluz encargada precisamente de estos temas, según el preacuerdo adoptado por los partidos del Parlamento andaluz para el reparto de las comisiones. Asimismo, otro diputado de Vox, el juez Francisco Serrano, uno de los abanderados de la tesis de las denuncias falsas y crítico con la "ideología de género", abandona la portavocía del grupo para incorporarse como miembro de la comisión de Igualdad y de la de Salud y Familia.

Fuentes parlamentarias han confirmado que será una diputada de este partido quien encabece la comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, consejería en la que se enmarcan las competencias memorialistas y cuya titularidad en la nueva legislatura recae en el PP. Así lo ha acordado de manera informal la reunión de los portavoces de los cinco partidos políticos con representación parlamentaria en Andalucía, reunida a principios de semana y que ha repartido las presidencias de las 18 comisiones previstas, según adelantó el diario 'Abc'. Cada presidencia supone un complemento de 500 euros mensuales.

La propuesta de que la presidencia de esta comisión concreta recaiga en Vox –la única presidencia que tendrá- ha partido del bloque formado por la coalición de gobierno entre el PP y Ciudadanos y Vox, según han asegurado los socialistas, que hablan de “imposición”. Frente a ellos, desde PP y Ciudadanos hablan de "consenso", el mismo que ha permitido por ejemplo que los socialistas ostenten la presidencia de hasta cuatro comisiones. Aunque ha sido un reparto no oficial, previsiblemente saldrá adelante el lunes cuando se constituyan formalmente las comisiones y se vote su composición, dado que el bloque de derechas y la ultraderecha tiene mayoría.

La función de la presidencia en estas comisiones parlamentarias, de carácter permanente y legislativo, pasa por ordenar los debates y preparar el órden del día de un órgano en el que es habitual que el consejero del ramo dé a conocer las líneas políticas de su departamento. Por tanto, el papel de la presidencia es limitado y cualquier decisión que adopte para vetar el debate sobre un tema concreto debe estar "fundamentada". Según el acuerdo entre las fuerzas políticas, el PSOE-A tendrá la vicepresidencia y el PP la secretaría de esta comisión.

Según ha trascendido, la formación ultraderechista había reclamado presidir la comisión referida al área de Familias, en una suerte de premio de consolación por no haberse creado finalmente una consejería específica para este aspecto, algo que no ha sido posible dada la complejidad de separar competencias de varias consejerías en una sola comisión. Fuentes parlamentarias explicaron no obstante que Vox no había solicitado expresamente esta comisión, sino que se le concedió al ser una de las últimas en el organigrama, e incluso deslizaron que ninguna formación “peleó” por hacerse con el mando de esta comisión de Cultura, ya que el interés suele estar en las comisiones vinculadas a áreas legislativas que manejan más dinero, como Hacienda o Salud. Pese a que este acuerdo previo tiene que ser ratificado el lunes, y que las formaciones de izquierda podrían "intercambiar" la presidencia de otra comisión por la de Cultura, desde las filas socialistas han salido en tromba contra lo que consideran una "auténtica provocación". "Es una vergüenza, otra más, del tripartito de derecha y extrema derecha", afirmó en redes sociales el exconsejero de Medio Ambiente y actual coordinador de la secretaría general del PSOE-A, José Fiscal. Más contundente fue el senador y exconsejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, para quien colocar a Vox al frente de esta comisión es "como poner al zorro a cuidar el gallinero".

La formación de ultraderecha ya ha expresado en varias ocasiones su intención de derogar las políticas memorialistas, y de hecho fue una de las condiciones incluidas en el acuerdo de investidura con el PP, apuntando a que la actual ley “impone de forma totalitaria una visión sesgada de la historia”. Los populares también la tildan de “revanchista” y apelando al “espíritu de la Transición” han señalado su intención de modificarla por una Ley de Concordia.

También en la comisión de Igualdad

Igual de llamativa es la presencia del candidato a la presidencia de Vox, el juez Francisco Serrano, en la comisión de Igualdad. Serrano fue apartado de la carrera judicial por modificar el régimen de visitas de un menor para permitirle estar con su padre dos días más a fin de poder salir en una procesión, aunque luego fue rehabilitado por el Tribunal Supremo. Desde entonces, ha arremetido contra lo que denomina "ideología de género", abanderando la tesis de las denuncias falsas y cargando contra las asociaciones feministas, a las que acusa de ser un "lobby" en busca de subvenciones públicas. De hecho, en su intervención durante el debate de investidura, se mostró contrario a "un sistema que favorece de forma fraudulenta el abuso y el oportunismo de quienes no combaten el maltrato ni la violencia". La derogación de la ley andaluza contra la violencia de género fue otra de las condiciones incluidas en su pacto de investidura con el PP, lo que motivó pronunciamientos públicos de numerosos cargos conservadores en defensa de la lucha contra la violencia machista y reprochando lo que consideraban cesiones. Ahora, Serrano será el diputado de Vox en las comisiones de Igualdad y de Salud y Familia, la otra de sus banderas.