votos del PP, el PSOE y Ciudadanos

Compromís lleva al TC la negativa de la Mesa del Congreso a tramitar su ley para que el Rey declare sus bienes

El rechazo se debe a que la Constitución dice que la Monarquía no es objeto de control parlamentario

Hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Hemiciclo del Congreso de los Diputados. / periodico

El Periódico / Agencias

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Compromís ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar la tramitación de una proposición de ley que registró en julio la formación valenciana para incrementar la transparencia de la Casa del Rey, de manera que la Cámara baja pueda fiscalizar las cuentas del Ejecutivo y que tanto el Rey como los miembros de la Familia Real tengan que hacer una declaración de bienes y otra de actividades similares a las que publican los diputados y senadores.

La coalición valencianista decidió presentar esta proposición de ley tras el "escándalo" que en su opinión supusieron las revelaciones de Corinna Zu Sayn WittgensteinCorinna Zu Sayn Wittgenstein sobre lo que consideran "presuntas actividades de corrupción y blanqueo de capitales" del Rey emérito.

Pero la Mesa del Congreso, con los votos del PP, el PSOE y Ciudadanos, vetó su tramitación acogiéndose a su doctrina tradicional de que la Constitución protege la inviolabilidad del Rey y que la Monarquía no es objeto de control parlamentario. Compromís recurrió y el órgano de gobierno de la Cámara mantuvo su criterio, y ahora, cuando acaba el plazo de seis meses, la formación valenciana va a llevar el caso al TC.

El recurso de amparo ha sido presentado en la sede del Constitucional por los cuatro diputados de Compromís, adscritos al Grupo Mixto del Congreso: Joan Baldoví, Ignasi Candela, Marta Sorlí y Enric Bataller, quien ha remarcado ante los periodistas que la Mesa del Congreso no puede interferir en la capacidad de los diputados para presentar iniciativas.

Proposición de ley

La proposición de ley de Compromís, recogida por Europa Press, plantea desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución, que establece que el Rey "distribuye libremente" la asignación que todos los años recibe vía Presupuestos Generales del Estado para "el mantenimiento de su familia y casa".

Este artículo se esgrime habitualmente para defender que las cuentas de la Casa Real no pueden ser fiscalizadas, pero en Compromís refutan esa tesis alegando que, aunque el Rey distribuye esa cuantía total como considere, ello no implica que ese reparto no pueda ser objeto de análisis por parte del Congreso. Y, partiendo de esa base, su ley abre la puerta a esa fiscalización parlamentaria.

Así, propone comparecencias en el Congreso para dar cuenta de cómo se gasta ese dinero que el Rey recibe de los Presupuestos varios cargos de la Casa del Rey: por un lado, la persona responsable de la Oficina de Intervención deberá dar cuenta de sus informes anuales, mientras que quien esté al frente de la Secretaría General deberá explicar el Presupuesto de la Casa y su distribución.

Declaraciones de actividades y bienes

Además, Compromís quiere que el Rey y demás miembros de la Familia Real estén obligados a publicar en su página web la declaración de actividades que le proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como sus bienes patrimoniales. Como los parlamentarios altos cargos tendrán que hacer sendas declaraciones cuando ingresen en la familia, cuando la abandonen o cuando modifiquen su situación en la misma.

Por último, la iniciativa recoge una modificación de la Ley General Presupuestaria para que el Gobierno tenga que añadir anexos a los Presupuestos para clarificar exactamente cuánto dinero de distintas partidas acaban siendo destinados de forma indirecta a la Jefatura el Estado. "Es muy importante que no haya ninguna zona de sombra" en la jefatura del Estado, ha resumido Bataller.

La iniciativa de Compromis no es la única sobre la Casa del Rey que ha sido bloqueada en el Congreso. Recientemente la Mesa de la Cámara rechazó dos peticiones de IU y Podemos para crear una comisión de investigación sobre las actividades del Rey Juan Carlos, también provocadas por aquellas conversaciones de Corinna que grabó el excomisario José Villarejo.