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FIGURA CONTROVERTIDA

El PP rechaza un "coordinador" en el diálogo con Catalunya porque es ceder al "chantaje"

El partido de Pablo Casado tilda la iniciativa de "traición a España"y "puñalada por la espalda a la Justicia"

El Periódico

El líder del PP, Pablo Casado, en un acto de partido en diciembre.

El líder del PP, Pablo Casado, en un acto de partido en diciembre. / CRISTÓBAL OSETE (EFE)

El PP ha rechazado este martes la posibilidad de establecer lo que denomina como "coordinadores" o "mediadores" para abrir una diálogo en una mesa de partidos sobre la situación en Catalunya porque, en su opinión, ello supondría una cesión del Gobierno de Pedro Sánchez al "chantaje de los independentistas" en una negociación que sería una "traición a España".

Mediante un comunicado de prensa, el partido asegura que esta iniciativa del Gobierno, de aceptar la utilización de relatores para "abrir una negociación" con los independentistas de Catalunya, a pocos días del inicio del juicio del 'procés' significa "una puñalada por la espalda a la Justicia".

Además, reafirma la vigencia la unidad nacional, la Constitución y del imperio de la Ley, por encima de quienes pretenden romperlas mediante actos de rebelión, o mediante una negociación que para el PP equivale "a una traición a España y a todos los españoles".

Por eso, advierte de que bajo ninguna circunstancia, el PP "va a admitir o consentir que el Gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho constitucional y el golpismo independentista" porque, según afirma, ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, "sino que se defienden".

Carta de Torra

Para los populares, sea cual sea el nombre que le atribuyan a esta iniciativa del Gobierno, responde a lo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, solicitó el pasado 26 de septiembre en una carta en la que reclamaba el "inicio de una mediación sin pre-condiciones", a la que seguirían los "términos del referéndum".

El PP considera que si se usaran "mediadores" se colocaría "en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo" y legitimaría como admisibles las demandas separatistas, además de asumir la demanda de bilateralidad para situar a España y Cataluña como entidades políticas al mismo nivel.