Planeaban atentados

Propaganda yihadista entre el trapicheo de vídeos porno en la cárcel de Valdemoro

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Juan José Fernández

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El funcionario de prisiones Miguel A.S. se ganaba un sobresueldo ilegal pasando prendrives a presos de la cárcel madrileña de Valdemoro. Suponía que el contenido de esos pendrives eran meras películas, sobre todo del género porno, pero llevaban en su interior, entre film y film, vídeos de propaganda del terrorismo islámico. Y esa equivocación le ha costado su detención este lunes por la Policía Nacional en su domicilio de Pinto (Madrid), en el marco de la operación Kafig.

Es la versión de su proceder que dan algunos de sus compañeros, consternados desde anoche por el descubrimiento de una red de radicalización yihadista en el interior de la prisión madrileña. La operación, de la que Interior dio noticia anoche, ha pasado este martes por un capítulo importante de la investigación con la toma de declaración a Fátima L., mujer marroquí que le daba los pendrives y le pagaba por introducirlos en la prisión.

La Brigada Provincial de Información de la Policía en Madrid, bajo coordinación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, ha detenido a cuatro reclusos de las cárceles de Valdemoro y a uno de Mansilla de las Mulas (León) por radicalizar intramuros a otros presos y para que atentasen en nombre del Daesh. Fátima L. y su pareja también fueron detenidos ayer en Alcorcón por supuesta integración en banda armada.

La célula guardaba también varios móviles que escondía en calcetines, zapatillas y útiles de limpieza. La estructura obedecía las órdenes de uno de los presos, Suleimán de nombre, ‘El Sheik’ (jefe) de apodo. Suleimán prometía a sus acólitos que, si tras salir de la cárcel atentaban en España, sus familias recibirían ayuda financiera de unos supuestos contactos suyos del Daesh. 

Entregas

Vídeos exaltando el martirio de los yihadistas y la guerra santa contra "los cruzados"  se mezclaban con películas porno y de acción en los pendrives que entraban en Valdemoro.

El menudeo de estos pequeños dispositivos tentó al funcionario Miguel A.S. Es un tráfico ilegal. Lo prohibe una extensa instrucción interna emitida por Instituciones Penitenciarias en 2010 y titulada 'Protocolo de Actuación en Materia de Seguridad'. La instrucción proscribe taxativamente "la tenencia de pendrives" o cualquier otro material informático que sirva "para meter o sacar información". Un interno solo puede utilizar lápices de memoria bajo alguna excepcional autorización judicial, como es el caso de los políticos catalanes presos.

El trapicheo en la prisión de Valdemoro se realizaba favorecido por el hecho de que las nuevas televisiones que pueden comprar los presos intramuros tienen un puerto USB en su parte trasera, apto para la lectura de pendrives. 

Después de traficar con los primeros lápices de memoria, el funcionario dejó de visar lo que llevaban los lápices de memoria y siguió metiendo dispositivos que intramuros se trafican a entre 50 y 100 euros la pieza, según fuentes penitenciarias no oficiales.

Miguel A.S. no era un veterano experto en el cuerpo de funcionarios penitenciarios. Antes de aprobar la oposición, había trabajado como técnico de mantenimiento en la misma prisión. Ante sus compañeros, solía alardear de patriotismo y de compromiso con el Cuerpo penitenciario. Pero, a la vez, se confió con Fátima. La mujer, natural de la localidad marroquí de Erezane, al sur del Atlas no tenía raíces en España, como el resto de los detenidos marroquíes.

Vigilancia interna de Prisiones

Ha sido clave para la operación policial la vigilancia de los Grupos de Seguimiento y Control que Instituciones Penitenciarias organiza en las cárceles. Una parte de su trabajo es, precisamente, la observación del proselitismo integrista islámico de unos presos con capacidad de liderazgo sobre otros más débiles o en situación de necesidad.

Este era el caso de la operación desarrollada por la Policía. Se da la circunstancia de que todos los internos implicados -de entre 25 y 68 años- habían entrado en prisión por delitos contra la salud pública, tráfico de hachís en su mayoría. Ninguno de ellos llevaba más de cinco años preso, y ninguno era un integrista antes de atravesar la puerta de Navalcarenro y Mansilla de las Mulas.

Suleimán y dos de sus ayudantes detectaban a los reclusos que veían más abordables, por desamparados. Se enteraban de sus carencias y de las deudas y necesidades económicas que habían dejado fuera de la cárcel al entrar y les prometían ayuda si colaboraban con la yihad.

A cambio, un estricto control sobre sus costumbres: oración intensa y radicalización diaria, y obligación de extender el mensaje islamista radical entre otros presos de confianza. A alguno que, hace tres meses, quiso apartarse del culto rigorista le agredieron, como también abroncaban a otros musulmanes presos si no les gustaba su conducta.

Las formas de coacción que ejercía el grupo sobre los prosélitos y el mecanismo utilizado para financiar el pago de los servicios del funcionario forman parte de los datos que reúne el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que investiga este caso. Este miércoles pasarán los detenidos a disposición del juez instructor, José de la Mata.