El ruinoso negocio de las empresas del Consell Comarcal del Barcelonès

El Parlament pondrá fin al Consell Comarcal del Barcelonès, el organismo supramunicipal creado en el 1988 que aúna los municipios de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet. La disolución se pone en marcha después de que los partidos con representación en el propio ente lo consensuaran al constatar una pérdida progresiva de competencias y al resolver que sus funciones podían ser asumidas por otros órganos en los que ya están representados, como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Las deudas, los impagos y las pérdidas han hecho el resto, sumadas a las presuntas irregularidades que detectó la Sindicatura de Comptes -tras auditar su actividad del 2005 al 2011- y a la investigación de Marina Badalona en el 'caso Pretoria'.

Los grupos parlamentarios quieren apresurar el cierre antes de las próximas elecciones municipales. Reina el consenso aunque entre los flecos que quedan por cerrar está la fórmula de sanear las cuentas. Algunas fuentes apuntan que podría traducirse en un encargo a la Sindicatura para que elabore un informe de liquidación final que no alargue el procedimiento de clausura pero no queda reflejado así en el dictamen de la comisión. Una enmienda de la CUP, que se votará en el hemiciclo, exige el encargo de una auditoría externa tanto del Consell como de sus entidades dependientes. 

Los partidos coinciden también en la necesidad de velar por los derechos de los trabajadores, para que su actividad no quede paralizada y sus condiciones laborales se mantengan en el ente que asuma las competencias. 

Profundo endeudamiento

El Consell maneja un presupuesto de unos 39 millones de euros y atraviesa una mala situación económica. Según los últimos datos publicados en su portal de transparencia con fecha del 2017 tiene una deuda de 56 millones de euros a entidades financieras.

El informe de la Sindicatura, difundido en el 2016, detalla algunas adjudicaciones a dedo, irregularidades en tramitaciones, inflación de costes y hasta transferencias de fondos a cuentas particulares. Dos de las empresas del Consell manchadas por estas actuaciones son Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA y Regesa Aparcaments SA (RASSA), bajo las siglas de Regesa. La primera se dedica a la gestión y promoción inmobiliaria, y guarda la titularidad total de las acciones de la segunda, esta última especializada en la explotación de estacionamientos de vehículos.

Su actividad se ha visto gravemente afectada por la crisis económica y en las cuentas consolidadas de la empresa del 2017 se detectan pérdidas acumuladas de hasta 30 millones de euros desde el 2009 hasta el 2016, con solo dos excepciones: el 2015 y, el último registro certificado, el 2017, que gracias a las subvenciones no terminan con un ejercicio negativo. Y es que la fragilidad se acentúa cuando estas pérdidas han arañado casi la mitad de los recursos propios, que en el 2009 eran de 59 millones de euros y en el 2017 de 29 millones de euros.

El grupo se ve sumido en un profundo endeudamiento. Según los datos, se trataría de hasta 78 millones de euros, y, de estos, 59 millones de euros que deben a entidades de crédito. La deuda es casi tan alta como el resultado del ejercicio en el año 2017, y solo con el resultado de explotación no pueden llegar a devolver la cuantía a los bancos.

El informe reconoce que "se han producido impagos de deudas con entidades bancarias que se han enmendado y renegociado" y destaca que "ya ha llegado a plazo las carencias negociadas inicialmente" con algunos bancos. "Los responsables de tutela financiera de la Generalitat han aprobado las operaciones ajustadas al tipo de interés de prudencia financiera y no al del mercado", admiten.

De igual modo, su tasa de solvencia es muy baja y su liquidez ínfima: 249.015 euros. De hecho, las cuentas revelan que se sustentan por las subvenciones. El pago medio a proveedores en el 2017 es de 903,96 días, cuando según reconocen "el máximo legal es de 30 días, excepto si hay acuerdo entre las partes que como máximo será de 60".

Plan de viabilidad y saneamiento

El grupo asume "tensiones de tesorería" pero su debilidad económica no es nada novedoso. En octubre del 2012, la empresa aprobó un plan de viabilidad y reestructuración de la deuda bancaria que señalaba operaciones de desinversión (como la venta de solares o de párquines). Un plan que tuvo que actualizarse, ya en nomenclatura de saneamiento, en el 2016, con una renovación de parte de las operaciones financieras.

La Generalitat avaló un año después una refinanciación de 22,2 millones de euros, con los que "no prevén incidencias con las entidades financieras ya que los activos aportados como garantía se consideran suficientes". Los auditores del grupo que sellan las cuentas no ven un problema que haya comenzado el proceso de liquidación de Regesa. "El financiamiento recibido se traspasará con los activos afectos o se procederá a su cancelación en el momento de su negociación con distintos ayuntamientos", apuntan en el documento.