La CUP fuerza al Parlament a votar una moción para romper el diálogo y avanzar en la unilateralidad

La CUP vuelve forzar a JxCat y ERC a que muevan ficha hacia la unilateralidad a las puertas del juicio por el 1-O. En una moción registrada en el Parlament, que será discutida en el pleno del 6 y 7 de febrero si finalmente se mantiene pese a la convocatoria de huelga general que apoya el soberanismo, los anticapitalistas piden romper la vía del diálogo entre administraciones y desarrollar "soberanías" en todos los aspectos de las políticas públicas. 

En el texto, que ha avanzado RAC-1 y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los 'cupaires' instan a "avanzar unilateralmente en el ejercicio de la autodeterminación" y reclaman "parar todo diálogo político con el Estado español que no tenga como condición previa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión, la liberación de los presos y presas y el libre retorno de exiliados y exiliadas". 

Asimismo, llaman a no acatar el marco jurídico del Estado ni las "imposiciones" de sus instituciones, así como "desobedecer" el techo de gasto que marca la ley de presupuestos generales y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que "someten las autonomías y su necesidad de financiación al estado central y, a la vez, al pago impuesto por la Troika".

El documento de la CUP se convierte en el resto de puntos en un decálogo de "reivindicaciones sociales" al Govern. Exigen que se garantice el derecho a la vivienda "expropiando las viviendas vacías en manos de 'grandes tenedores'" en favor de un parque de vivienda social y frenando los desahucios, reclaman un salario mínimo de 1.200 euros en todas las contrataciones que dependan de la Generalitat, apuestan por la reducción de 30% de las tasas universitarias, piden crear una banca pública y "recuperar la soberanía pública" de las infraestructuras y recursos energéticos. 

Como ya avanzó la diputada Maria Sirvent en la pasada sesión de control al 'president' de la Generalitat, instan al Govern a elaborar una "cartografía de la represión", que recoja todos los casos desde el 1-O, que la Generalitat se persone como acusación particular y que "deje de reprimir los movimientos sociales con violencia policial" y de generar "desmovilización social".