MEDIOS PÚBLICOS

El Parlament tramita una reforma de ley que modifica la elección de cargos de la CCMA y el CAC

Los altos cargos de los medios públicos deberán ser elegidos por dos tercios de la Cámara catalana

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Júlia Regué / Xabi Barrena

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El pleno del Parlament ha dado luz verde a la tramitación de una reforma de la ley que regula la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Un trabajo conjunto de todos los grupos que ha sido avalado por unanimidad. Este quórum se ha contrapuesto a otro texto firmado únicamente por Ciutadans, que se centraba en la "despolitización de los órganos de gobierno" de los medios de comunicación públicos que ha sido finalmente retirado.

La reforma recupera algunos criterios de la normativa del 2007 -la vigente es del 2010-, entre los más destacados, la necesidad de que los miembros del Consell -de cinco a siete- reciban un apoyo de dos tercios de la Cámara catalana, sin opción a una elección por mayoría absoluta en segunda votación, y sean propuestos por un mínimo de tres grupos parlamentarios.

Los postulantes deberán acogerse a "garantías de plena independencia" y acreditar una amplia experiencia profesional y concurrir en un concurso público convocado por el CAC para ser elegidos. Además, como altos cargos estarán sometidos a la presentación de su declaración de bienes y al régimen de incompatibilidades de la Generalitat.

El pleno del Consell podrá ser convocado, si no lo impulsa el presidente, por la mitad de los miembros. Además, se requerirá mayoría absoluta para tomar acuerdos sobre la modificar el reglamento, el funcionamiento del órgano, el anteproyecto de presupuesto, las licencias o habilitaciones para operar, la imposición de sanciones muy graves, o la firma del informe anual.

"Politización"

Pero el consenso en la normativa no ha escapado de las disputas en el atril. Ciutadans ha criticado que TV-3 esté "al servicio del separatismo" y sea un "aparato de agitación y propaganda independentista", un argumento que ha calcado del PPC, definiendo a la cadena como "teleprocés". Por contra, tanto ERC como JxCat han salido en defensa de la televisión, han acusado a los constitucionalistas de "politizar" los medios de comunicación públicos y han subrayado que "hay un discurso de falsa neutralidad que quiere desinformar". 

Desde el PSC, han pedido elaborar un contrato-programa, al tiempo que los 'comuns' han defendido que los cargos sean elegidos por consenso y con amplias mayorías y no a través de "pactos en los despachos". Los anticapitalistas, por su parte, han ido en la misma línea y han reprochado el "reparto de sillas".