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POR REBELIÓN Y SEDICIÓN

La vista previa al juicio de Trapero se celebrará el 5 de febrero

El artículo de previo pronunciamiento por vulneración de derechos solo ha sido planteada por Puig

Tanto ambos como el exdirector de la policía autonómica se enfrentan a una petición fiscal de 11 años de cárcel

Ángeles Vázquez

Josep Lluís Trapero en una imagen de archivo.

Josep Lluís Trapero en una imagen de archivo. / DAVID CASTRO

La causa por rebelión contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la excúpula policial del cuerpo sigue de cerca la abierta contra los líderes del 'procés' en el Tribunal Supremo. Este martes se ha sabido que el próximo 5 de febrero se celebrará la vista del artículo de previo pronunciamiento con el que el exsecretario de Interior César Puig alegará diversas vulneraciones de derechos fundamentales.

En la vista, similar a la celebrada en la causa por rebelión seguida en el alto tribunal, también se argumenta fundamentalmente la falta de competencia de la Sala para juzgar lo ocurrido en Catalunya. Este mismo martes, el Tribunal Supremo se ha ratificado en su competencia al rechazar los recursos de súplica, apelación o de nulidad presentados contra su decisión por las defensas y la acusación que ejerce Vox. 

Aunque el juicio contra Trapero y la excúpula de los Mossos no se celebrará antes de concluya el del Supremo, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado la fecha para la vista del artículo de previo pronunciamiento un día que tiene muchas papeletas de ser el que comience la vista oral contra los 18 acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación en el alto tribunal. O, si se cumplen las previsiones más halagüeñas y el juicio comienza la última semana de enero, algo que ya parece muy improbable, cuando afronte su segunda semana, ya después de las cuestiones previas que inaugurarán las sesiones. 

Será el 5 de febrero a las 10 de la mañana cuando la defensa de Puig defienda ante el tribunal sus alegaciones. A diferencia de en el Tribunal Supremo, esa ha sido la única defensa que las ha planteado. 

La fiscalía reclama 11 años de prisión e inhabilitación por un delito de rebelión para él, el exjefe de los Mossos y el que fuera director de la policía autonómica Pere Soler. Para la intendente Teresa Laplana pide cuatro años de prisión por sedición.