El CGPJ aparta al informático imputado en el 'caso Villarejo'

Los tentáculos del excomisario José Manuel Villarejo para sus espionajes se extendían a la policía, pero también a la Agencia Tributaria y hasta al Consejo General del Poder Judicial. Entre las últimas imputaciones acordadas por el juez Manuel García-Castellón figura la del jefe de la Sección de Informática Judicial del órgano de gobierno de los jueces, Juan Carlos Garcés, que ha sido apartado de sus funciones hasta que se aclare su situación procesal.

Está imputado por revelación de secretos y/o cohecho en el 'caso Tándem'. El secretario general del CGPJ ha abierto diligencias informativas para recabar del director del Centro de Documentación Judicial informe sobre el funcionamiento, sistema de trabajo, accesos, control y seguridad del Punto Neutro Judicial, a cuyo cargo está Garcés desde 2006. 

Su situación se ha conocido el mismo día que el el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño ha defendido ante el juez la legalidad de la operación Kitchen que, dice, encargó Eugenio Pino, número dos de la Policía durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior, por la alarma social que generó conocerse la fortuna en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Otros imputados

Además de a Garcés, el juez también ha imputado a otras tres personas, una de ellos, el expolicía de la Comisaría General de Información Juan José Díez Álvarez, también imputado en la pieza Iron, en la que se investiga el espionaje que se hizo a abogados que abandonaron el bufete Herrero y Asociados. Las otras dos son Juan Navas e Isabel González Cabezas.

En su auto, el magistrado les acusa de haber facilitado datos de varias personas en la pieza Land, sobre la contratación de Villarejo por parte de Susana García Cereceda para espiar, usando datos confidenciales a los que accedía ilegalmente, a su hermana Yolanda, en relación a la millonaria herencia del padre de ambas, Luis García Cereceda, fundador de la urbanización La Finca, de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Alarma social por Bárcenas

El también imputado García Castaño, conocido como 'el Gordo', defendió este viernes ante el magistrado la legalidad de la operación Kitchen, encargada por Pino para apoyar a la policía judicial debido a la alarma social que generaba en 20013 el extesorero del PP Luis Bárcenas. El exnúmero dos policial negó su existencia este jueves ante los medios.

García Castaño, que llegó a calificar de "mentiroso" y "canalla" a Villarejo, al final solo declaró en relación con esta pieza y no sobre Iron y Land, pero su defensa pasó pero defender la legalidad del operativo para el que se usaron fondos reservados para pagar a confidentes era seguir el rastro de la fortuna de Bárcenas. No obstante, ninguna de sus gestiones debió dar resultado porque nunca informaron a la Audiencia Nacional. 

Podemos quiso pedir prisión para este responsable policial, que ya debe cumplir con comparecencias quincenales por su imputación en este caso, pero el juez García-Castellón pospuso la celebración de la vistilla a cuando el imputado declare en relación con las piezas Iron y Land, en las que sí está personado el partido como acusación. En la operación Kitchen se investigan los delitos de malversación, cohecho, robo de documentos y allanamiento de morada, por el asalto al domicilio de Bárcenas que protagonizó un falso cura que llegó a encañonar a su esposa e hijo.

12 años en el puesto

Desde hace 12 años Garcés, que tiene acceso a los datos de todos los jueces, está al frente de la sección de Informática Judicial, encargada de la compatibilidad de los distintos sistemas de las comunidades autónomas y también del Punto Neutro Judicial, la red que usan los juzgados para consultar datos de ciudadanos en bases de entidades financieras, registros y organismos públicos, desde la Agencia Tributaria a la Seguridad Social.

En declaraciones al medio digital Confilegal, Garcés se ha desvinculado del caso Tándem y ha especulado con la posibilidad de que su nombre haya aparecido en la documentación de la causa porque, como responsable de informática judicial, firma todos los certificados de seguridad de las consultas que se realizan en el Punto Neutro Judicial, informa Efe.