El Gobierno aprueba los proyectos de 'tasa Google' y 'tasa Tobin' para ayudar a pagar las pensiones

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes en el Consejo de Ministros los dos proyectos de ley para la creación de los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y sobre servicios digitales después de haber cumplido el trámite de información pública a lo largo de los tres últimos meses, desde el pasado 19 de octubre.

Ambos proyectos de ley , que a partir de ahora deberán ser tramitados en la Cámara Baja y el Senado, no entrarán en vigor hasta tres meses después de su su aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados, un proceso que puede llevar varios meses y que podría no llegar a culminar si el Gobierno no logra la mayoría parlamentaria para sacarlos adelante. Como muy pronto, pues, los nuevos impuestos podrían no entrar en vigor hasta septiembre y, en todo caso, no antes del verano.

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El Gobierno enmarca la creación de estos dos nuevos tributos en el objetivo de lograr un sistema tributario "más moderno y redistributivo", que abarque las nuevas actividades digitales y el auge de los movimientos de capitales y que acabe con determinadas prácticas de competencia desleal en detrimento de los negocios tradicionales. 

Recaudación incierta

El Ministerio de Hacienda prevé que estos impuestos pueden aportar una recaudación añadida del 1.200 millones en el caso de la llamada 'tasa Google' y de otros 850 millones, en el del impuesto financiero. El objetivo es destinar la recaudaciónde este último a la finaciación del sistema de pensiones. Sin embargo, el retraso en la aprobación de las leyes -que, en el mejor de los casos ocupará un mínimo de cuatro o cinco meses a partir de ahora- impedirá lograr estos objetivos de recaudación, incorporados al proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 que ingresó este lunes en el Congreso de los Diputados para su tramitación prioritaria

Tomando en cuenta este condicionante, el proyecto de Presupuestos prevé una transferencia directa del Estado a la Seguridad Social por 850 millones para compensar los posibles avatares en la tramitación del impuesto financiero.

Más allá de por razón del retraso, desde la Comisión Europea, hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), pasando por numerosos expertos, el colectivo de técnicos de la Agencia Tributaria y los grupos políticos de la oposición, todos ellos, tomando en cuenta referencias internacionales, consideran excesiva la capacidad recaudatoria que el Ministerio de Hacienda asigna a estos tributos.

'Tasa Google'

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se ha diseñado en línea con la directiva comunitaria propuesta en marzo del año pasado para gravar este tipo de actividades, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por la Comisión Europea. Francia ha anunciado su intención de secundar el ejemplo español. En otros países, como Italia y Hungría, existen otras formas de gravámenes sobre servicios digitales.

Este impuesto, de carácter indirecto, prevé gravar con una tasa del 3% la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea, a través de plataformas como Uber o Amazon; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Para  aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios debe estar en territorio español.

Quedan excluidas del impuesto la venta de bienes o servicios entre usuarios (tipo Wallapop), así como las ventas en las que el cliente compra directamente en la tienda online del proveedor. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros, como las plataformas de pago seguro tipo paypal o la concesión de préstamos 'online'. 

Las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. El impuesto se liquidará trimestralmente.

Según el análisis que hace el Ministerio de Hacienda, estos umbrales garantizan que sólo se gravará a las grandes empresas y que ni las pymes ni las ‘startups’ verán incrementada su fiscalidad.

Tras el trámite de audiencia pública, se ha incluido en el anteproyecto que las prestaciones digitales que sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100% quedarán fuera del impuesto

'Tasa Tobin'

Por su parte, el Impuesto sobre Transacciones Financieras se presenta como una fórmula de la conocida a nivel internacional como 'tasa Tobin' cuya implantación se debate desde hace muchos años en la Comisión Europea. Desde el 2013, diez países de la UE, entre ellos España, Alemania o Francia, están trabajando para la armonización de este impuesto a nivel comunitario, aunque aún no se ha aprobado la directiva. A la espera de lograr esta armonización, un impuesto sobre transacciones financieras ya está vigente en Francia, Italia e Bélgica.

En el Reino Unido funciona desde hace décadas el denominado "stamp duty", que grava con un 0,5 % la compra de acciones, el ejercicio de opciones sobre acciones o contratos de futuros.

En España, el proyecto de ley sigue el modelo instalado en Francia. Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen destacan operaciones del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. También queda fuera del ámbito de la 'tasa Tobin' la deuda, tanto pública como privada