REUNIÓN EN MADRID

Gobierno y Generalitat acuerdan crear dos mesas de diálogo sobre Catalunya

Aragonès, Artadi, Calvo y Batet, durante la reunión que mantuvieron en el Palau de Pedralbes el pasado 20 de diciembre.

Aragonès, Artadi, Calvo y Batet, durante la reunión que mantuvieron en el Palau de Pedralbes el pasado 20 de diciembre. / JORDI COTRINA

Juan Ruiz / Fidel Masreal / Madrid / Barcelona

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Cada pequeño avance en el camino del diálogo entre el Gobierno del PSOE y el Govern independentista de Quim Torra viene precedido de complicados ejercicios de equilibrismo en ambas partes. Y tras el avance, los desmentidos, los matices y los malentendidos acaban por echar agua al vino una y otra vez. Este jueves, tras tres horas de reunión en Madrid entre la vicepresidenta Carmen Calvo, su homólogo Pere Aragonès y la titular de Presidència Elsa Artadi, se emitía un comunicado breve pero esperanzador, en términos de negociación. Pocos minutos después, una y otra parte hacían interpretaciones distintas de una de las dos mesas a desarrollar, la de partidos políticos, y la desconfianza volvía a instalarse en el clima, a la espera de una nueva cita la semana que viene en Barcelona.

El contexto inmediato que precedía la cita de este jueves no era positivo. Este miércolas las dieciséis detenciones de  independentistas -entre ellos dos alcaldes- sin orden judicial, según el TSJC, habían enrarecido el ambiente. No en vano, dos horas y media antes de entrar a la reunión el Madrid, el Govern emitía un comunicado anunciando la interposición de una denuncia por detención ilegal contra el Cuerpo Nacional de Policía. Los mensajes del independentismo más pactista, entre ellos el del diputado en Madrid Carles Campuzano, eran claros: la actuación policial -desproporcionada según el criterio de diversos juristas- perjudicaba las aspiraciones de un acuerdo entre el independentismo y el Gobierno para tramitar inicialmente los presupuestos generales del Estado. Durante todo el miércoles, los mensajes del 'president' Torra -un sobrino del cual estuvo entre los detenidos- y de todos los dirigentes del soberanismo, habían sido contundentes. A primear hora de la mañana, en TV-3, el presidente del Parlament, Roger Torrent, denunciaba una "vulneración flagrante de derechos y libertades" y pedía "perseguir" la actuación judicial. "Hubiera hecho lo mismo", sostuvo respecto al plante de los grupos independentistas a las sesiones parlamentarias del miércoles.

Así daba inicio la reuniónen Madrid, que llegaba 72 horas después de que el 'expresident' Carles Puigdemont pusiera una condición clara para una posible tramitación de las cuentas del Estado: una mesa de negociación sobre el conflicto catalán con la presencia de algún observador "neutral". Ello, acompañado de una mesa de verificación de las promesas del texto presupuestario.

Sin embargo, tras tres horas de reunión, llegaba un comunicado conjunto, en el que se habla de mecanismos para vehicular "una proropuesta política sobre el futuro de Catalunya" y para ello "se valora la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo diferenciados: uno, entre Gobiernos a partir de la comisión bilateral Estado-Generalitat y, otro entre partidos, todavía por concretar".

Inmediatamente después, la versión del Gobierno es que la mesa de partidos es la que se inauguró en el palau de la Generalitat, a instancias del PSC, con el Govern, los independentistas -salvo la CUP-, los socialistas catalanes y los 'comuns'. Pero el Govern no disimuló su enojo por esta interpretación del comunicado y sostuvo que la mesa de partidos consiste en todo caso en una plataforma en la que esté el PSOE, los independentistas y los partidos estatales que quieran participar en la misma. Por ejemplo, Podemos. Es más, la formación de Pablo Iglesias podría jugar el papel de intermediario "neutral" que reclamaba Puigdemont. En todo caso, insistían en la Generalitat que durante la reunión había quedado claro que al hablar de partidos se referían al PSOE, al nivel estatal. En cambio, fuentes del Gobierno sostenían que la mesa la formarían partidos catalanes, que así ha quedado claro en la reunión y que esto va en la linea con lo que ha planteado reiteradamente Pedro Sánchez en favor de un diálogo entre catalanes.

En paralelo, al Gobierno tampoco le hacía gracia que al margen del comunicado conjunto, el Govern explicara que una parte inicial del encuentro de este jueves se dedicara a la cuestión de los detenidos el miércoles en Girona. No gustò que se informara al respecto, según el Govern, y que se detallara que Calvo había alegado que la actuación de la policía tenía que ver con el Consejo General del Poder Judicial y no con el ministerio del Interior. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostenía que los agentes policials habían actuado por mandato judicial. El Govern sostenía que estas justificaciones no eran aceptables a insistía en pedir más explicaciones y la comparecencia en el Parlament de la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

"Wait and see" y Barcelona será clave

Así las cosas, el mensaje desde presidencia de la Generalitat era de "wait and see" (esperar y ver), recordando que la condición básica para eventualmente tramitar los presupuestos del Estado es, sí, una mesa de diálogo, pero que incluya específicamente la cuestión del derecho de autodeterminación.

Fuentes del Govern apuntaban este jueves que la próxima reunión a alto nivel fijada para la próxima semana en Barcelona ha de ser ya deteterminante cara a la posición sobre los presupuestos del Estado. Todo ello en un contexto de tensión interna y externa. Interna, porque es conocido que en la posconvergencia existen opiniones claramente partidarias de propiciar la tramitación de los presupuestos. En este sentido, según fuentes conocedoras de la reunión de este lunes en Waterloo, el 'expresident' Carles Puigdemont fue muy receptivo a todas las sensibilidades existentes en el seno del partido. Y externa porque al PP y a Ciudadaons les faltó este jueves tiempo para atacar al Gobierno. Ciudadanos atacó la reunión en si misma. Y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, comparó lo qeu a su juicio ha sido la transparencia de los pactos con Vox en Andalucía, con el "acuerdo oculto" del Ejecutivo con Catalunya, que sería "una coberadía y una traición a España". "Que tenga la valentía de ponerlo por escrito. Nosotros hemos sido valientes y lo hemos puesto por escrito", sostuvo Egea.