El Consell per la República se propone ser el auténtico proyecto unitario del soberanismo

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Fidel Masreal / Barcelona

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Es un tres en uno: ejercer como el verdadero Diplocat catalán, convertirse en el estado mayor del 'procés' y ser el Govern real en el exilio si se reactiva el artículo 155 de la Constitución en el futuro y se suspende el autogobierno catalán. Así resumen los impulsores del Consell per a la República en Bruselas los objetivos de este organismo que lidera el 'expresident' Carles Puigdemont y sobre el que se han generado muchas espectativas y cuenta con algo más de 55.000 inscritos, pese a que Puigdemont se ha fijado como meta alcanzar el millón de apoyos.

Los planes son ambiciosos, y los impulsores del Consell sostienen que con la presencia de ciudadanos anónimos, de la ANC, de partidos como Demòcrates, de Toni Castellà, así como el PDECat y los miembros del anterior Govern desplazados al extranjero, así como la posible incorporación de Poble Lliure, vinculada a la CUP, y quizás de Òmnium Cultural, se configura lo más cercano a la unidad que existe hoy por hoy en el independentismo.

El núcleo duro, en el que la dirección ejecutiva la ocupa el 'exconseller' Toni Comín, -que será nombrado con toda probabilidad vicepresidente- incorpora a la alcaldesa de la Garriga, Meritxell Budó, los 'exconsellers' desplazados al extranjero, el líder de Demòcrates, Toni Castellà, la líder de la ANC, Elisenda Paluzie, y Neus Torbisco, experta en Derecho, entre otros. Se encuentra actualmente en "fase fundacional".

A medio plazo, y siempre antes de octubre, se celebrarán unas elecciones internas para perfilar el equipo que acompañará a la actual dirección, una asamblea con representantes del Parlament, de los ayuntamientos, entidades y ciudadanos residentes en el extranjero. Los siguientes pasos serán el despliegue de la estructura institucional -el reglamento- y la estructura técnica. Y cinco ámbitos de actuación: político, jurídico, internacional, conocimiento y cultura.

Proyectos cara al juicio del 1-O

De cara al juicio del 1-O, el Consell trabaja en "una misión de expertos en Derecho Penal a nivel técnico que hagan un seguimento integral de la vista", según explican fuentes del organismo. "Esto nos ha de permitir disponer posteriormente de informes consistentes e integrales, sólidos, para cuando vayamos a instancias internacionales", argumentan.

Por otra parte, se intenta llevar a cabo la activación del artículo del tratado de la UE que permite una iniciativa ciudadana europea. Es necesario un millón de firmas y procedencia de siete estados diferentes. El Consell intenta vehicularlo junto a la ANC para llevar la denuncia de los hechos del pasado año a instancias comunitarias. En paralelo, se trabaja en la creación de un 'think tank' que lleve a cabo un observatorio del apoyo a la causa de la autodeterminación de Catalunya en los países de la UE. Y que elabore materiales favorables al derecho de autodeterminación, en base a teorías de la secesión justa en derecho internacional, según explican las fuentes consultadas en Bélgica.

El desmarque de Maragall

En todo caso, el Govern ha descartado la vinculación orgánica con el Consell, al que asegura que no financia ni financiará. Los impulsores del Consell corroboran que sólo se nutre de las aportaciones de los ciudadanos que se adhieren al mismo. En un claro gesto de distanciamiento, el entonces 'conseller' de Acció Exterior del Govern, Ernest Maragall, ya dejó claro que la Generalitat no tendría vinculación económica con esta plataforma.