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El 10% de los afectados son menores

Interior impulsa un plan de acción contra los delitos de odio con taxistas y vigilantes como "testigos prioritarios"

Este tipo de infracciones se incrementaron un 11,6% en 2017, especialmente en internet y redes sociales

Vanesa Lozano

El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska.

El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. / DAVID CASTRO

El Ministerio del Interior presentó este martes un plan de acción contra los delitos de odio en los que, según se ha constatado, un 10% de las víctimas son menores de edad. Se trata de una amplia batería de medidas entre las que destaca la creación de una nueva figura, la de los"testigos prioritarios" (agentes de seguridad privada, porteros de locales de ocio, taxistas, etc.), que ayuden a detectar este tipo de agresiones, que se incrementaron un 11,6% en 2017 y en muchos casos nunca llegan a denunciarse.

Se pretende así que porteros de discoteca y otros profesionales contribuyan "aportando datos o informaciones relevantes sobre los espacios, situaciones y franjas horarias en las que determinados colectivos pueden verse especialmente inseguros".

El Plan, que se pondrá en marcha de forma inmediata, se articula en cuatro líneas de acción y cuenta con una financiación de 472.500 euros para este año. Interior pretende la mejora de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la prevención de este tipo de delitos y la mejora de la atención a las víctimas. Todo ello con el objetivo de dar "una respuesta firme y con rigor" desde las instituciones. El plan también incluye crear una base de datos de simbologías radicales, hacer una "encuesta de inseguridad" a víctimas de odio.

Religión, ideología, raza y nacionalidad

De acuerdo a los datos oficiales ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el año 2017 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 1.419 delitos de odio, lo que supone un 11,6% más en el 2016. Según ha precisado, los delitos que más se han incrementado son los relacionados con las creencias religiosas (un 119%), por motivos de ideología (un 72%), y racistas y xenóbobos (un 26%), un repunte que se genera sobre todo a través de internet y redes sociales.

"En los últimos años estamos viendo cómo avances en derechos que creíamos consolidados se están poniendo en cuestión y prolifera el discurso del odio hacia quienes no encajan en un modelo de sociedad monocolor y sectario que algunos pretenden imponer", afirmó Grande-Marlaska, que insistió en que "los derechos nunca se dan por adquiridos y hay que estar vigilantes".

Por ese motivo, uno de los propósitos del plan es generar vínculos de confianza entre los miembros de colectivos vulnerables y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acercando la figura policial a los ciudadanos más proclives a sufrir delitos de odio o discriminación y perfeccionando los sistemas de protección de datos.

El plan, que ha sido articulado por la Secretaría de Estado de Seguridad y coordinado por la Oficina Nacional de delitos de odios, ha contado con la colaboración de distintas ONG que representan a colectivos vulnerables o en situación de riesgo. Precisamente los representantes de las entidades sociales llevaban años reclamando este plan, al igual que una Ley Integral sobre Delitos de Odio, una norma en la que el ministro se ha comprometido a "dar cuerpo" y "trabajar".