La Audiencia Nacional investiga al BBVA por el 'caso Villarejo'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una nueva pieza en el 'caso Tándem', en el que se investigan las cloacas policiales, en relación con el supuesto espionaje realizado por el BBVA a dirigentes políticos a través de la agencia de detectives Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo. 

Se trata de la novena pieza abierta en la causa que llevó a prisión al expolicía, en noviembre de 2017. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que acaba de asumir el caso, tras el abandono de la Audiencia del magistrado Diego de Egea, ha requerido a los digitales 'moncloa.com' y 'El Confidencial' el material del que dispongan, publicado o no, sobre la operación Trampa por la contratación por el banco de Cenyt en 2005 por el intento de Sacyr de entrar en la entidad.

Ambos medios llevan desde el pasado día 9 publicando informaciones en las que aseguran que el banco, dirigido entonces por Francisco González, habría tenido acceso a más de 15.000 conversaciones telefónicas de altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, políticos, empresarios e incluso periodistas para neutralizar la entrada de la constructora. El requerimiento del juez, que menciona el derecho constitucional que asiste a los medios a proteger la fuente que les proporcionó la información, ha sido trasladado por agentes de paisano a las dos cabeceras.

El actual presidente de la entidad, Carlos Torres, confirmó a través de una carta a los empleados del BBVA que se contrataron los servicios de la empresa Cenyt, y se declaraba "escandalizado" ante la posibilidad de confirmarse el espionaje que le atribuye lo publicado.

Del BBVA a Kitchen

La apertura de una pieza en relación con el BBVA es cómo se ha ido desarrollando la instrucción de esta causa, donde el juez al cargo de las pesquisas ha abierto una a medida que aparecía un nuevo caso de prácticas aparentemente corruptas atribuidas a Villarejo. De la principal, en la que se investigan los presuntos cohechos pagados para permitir la entrada en España de ciudadanos guineanos, hasta llegar a la operación Kitchen, en la que este martes declaró Sergio Ríos, el exchófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, para el que Anticorrupción solicita comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país.

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Se trata de su tercera comparecencia en la Audiencia Nacional, después de que este lunes se negara a declarar, como ya hizo en diciembre. Este martes, en cambio, ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado en relación con los pagos con dinero procedente de los fondos reservados, que el Ministerio del Interior admitió haber utilizado en este operativo en el que también participaron agentes "funcionarios adscritos" entre los años 2013 y 2015 a "la Dirección Adjunta Operativa de la Policía y a la Comisaría General de Información". 

Los responsables en esos años de esos departamenteos, Eugenio Pino y Enrique García Castaño, están citados a declarar como imputados este jueves ante el magistrado. El juez quiere interrogarles después de haber escuchado a Barcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, que ya declararon en relación con estos hechos en la causa en la que se investiga la caja b del PP.