DECISIÓN JUDICIAL

El fiscal requiere que los Mossos expliquen por qué seguían a políticos y periodistas

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Luis Rendueles / J. G. Albalat

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La fiscalía reclama a la Audiencia de Barcelona que reabra la investigación por el seguimiento por parte de los Mossos de sindicalistas del mismo cuerpo, políticos, periodistas y abogados, a la vez que requiere que se identifique a los agentes que participaron en cada operación de vigilancia para que expliquen las razones de su intervención y el delito estaban persiguiendo. Así lo expone la acusación pública en el recurso presentado contra el archivo que dictó la semana pasada el juez instructor.

El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona archivó las 17 querellas presentadas por las víctimas de un presunto espionaje, al rechazar que las investigaciones se hicieran por "motivos de carácter político", como sostienen los afectados. En su auto, el magistrado subraya que toda la información requisada a la policía catalana en la incineradora de Sant Adrià del Besós y que iba a ser destruida se había obtenido "con medios legales" y que "no existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio".

El fiscal recuerda en su escrito que la destrucción de documentos de organismos públicos no se pueden destruir así como así, sino que esta labor está sometida a un proceso administrativo de autorización escrita, que en el caso de la planta de Sant Adrià “no ha sido aportada aún” al proceso judicial. Por eso, resulta "imposible" pronunciarse sobre si la quema de documentos era “regular y controlada” o, por el contrario, se estaba realizando “al margen” de cualquier procedimiento legal.

Sobre el presunto espionaje, la fiscalía considera que la declaración del comisario jefe de información de los Mossos versó sobre aspectos que él tenía conocimiento por su cargo, pero no aportó datos que solo pueden ser explicados por los agentes que "materialmente" recopilaron información. Por ejemplo, se desconoce cómo los policías supieron el contenido de una conversación en un bar o cómo a partir de la vigilancia de una moto aparcada llegaron a conocer la existencia de una reunión y la identidad de los que participaron. Estos datos tienen, relata la acusación, una importancia a la hora de determinar "si la forma, intensidad o duración de la inferencia policial en la esfera íntima" podría haber "sobrepasado los límites de lo tolerables".

No a las explicaciones genéricas

El fiscal quiere que los agentes también aclaren los delitos concretos que pudieran cometer las personas a las que controlaban, “los indicios” que les llevó a investigarlos y por qué ellos y no otros “podrían convertirse en autores o víctimas de ese delito nunca especificado”. No basta, según su recurso, que la policía alegue de “forma genérica” que la invasión de la intimidad se realizó en el curso de una investigación y, por lo tanto, estaba justificada.  “Resulta imprescindible”, incide, que los agentes que participaron en esas vigilancias “aporten” datos para poder valorar si su actuación era legítima o no.

 “No se ha acreditado la necesidad de la invasión de la intimidad, ni se ha excluido que la finalidad de las investigaciones no tuvieran fines espúreos”, recalca el recurso. La injerencia en la esfera privada, recuerda, debe estar justificada y en los casos denunciados se desconoce desde las sospechas que existían, hasta la forma en que se hizo la vigilancia. Y concluye que no es posible valorar la proporcionalidad  y necesidad de esta medida.