El Parlament prepara la disolución del Consell Comarcal del Barcelonès

En marcha la disolución del Consell Comarcal del Barcelonès. El Parlament ya ha constituido la ponencia y ha redactado el predictamen de la proposición de ley que suprimiría formalmente este organismo supramunicipal que aúna los municipios de Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet. El mismo ente ya aprobó su autodisolución en un pleno celebrado el pasado 15 de marzo a raíz de una moción de ERC, transaccionada con otra del PSC y CiU, y que logró el aval por unanimidad.

En el predictamen de la proposición de ley no se hace mención a la necesidad de encargar una auditoría externa que sanee sus cuentas, después de las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes, aunque una enmienda de la CUP reclama que se elabore antes de liquidar el Consell Comarcal del Barcelonès.

La pretensión es que recoja los datos hasta día de hoy para "reflejar fielmente la situación económica y de servicios, bienes, derechos, acciones, obligaciones y personal" tanto del Consell como de sus entidades vinculadas o dependientes, entre ellas las empresas Regesa y su filial Rassa. Una adición que, según fuentes conocedoras del estado de estos trámites, está pendiente de una propuesta técnica que se consultará con los servicios jurídicos del Consell, el Govern y el Parlament para indicar quién la pide, quién la supervisa y finalmente quién debe aplicar sus efectos.

Traspaso de competencias

Los republicanos ya lograron añadir un punto en el texto votado en el pleno del Consell en el que pedían poner en conocimiento de la fiscalía las irregularidades diagnosticadas por la Sindicatura. Una petición que, en el texto base, tampoco se recogía. Eso sí, el presidente del consejo comarcal, Francesc Josep Bellver prometió "aportar toda la información y documentación" que se requiera a la Fiscalía, la Sindicatura y a toda la población.

Las competencias de este órgano se deberán traspasar, "por decreto del Govern", de acuerdo con el "principio de autonomía local" y se creará una comisión mixta, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación de esta ley, formada por miembros de la Generalitat, de los municipios afectados y del propio Consell, para que "elaboren una propuesta de distribución de competencias, actividades y servicios".

Unos encuentros en el reclaman que se sume a los representantes del Área Metropolitana de Barcelona, ya que este ente absorberá previsiblemente la mayoría de sus funciones. Asimismo, exigen que los sindicatos avalen la propuesta de la comisión antes de presentar la propuesta definitiva, aunque una enmienda de los ‘comuns’ y otra de los anticapitalistas pide que formen también parte de la comisión mixta.

Garantizar las condiciones de los empelados

Los encontronazos principales entre los partidos de la Cámara catalana han sido la representación de los empleados en la comisión mixta y su alcance, es decir, si pueden participar en el conjunto del debate o si solo en las cuestiones que atañen específicamente a sus condiciones laborales. 

Para no perjudicar a los trabajadores, reclaman que se garantice "el mantenimiento sin interrupción de las actividades y servicios" y que los empleados sean ubicados en sus nuevas funciones en el ente que los asuma. Desde JxCat, Catalunya En Comú-Podem y la CUP piden, además, que se mantengan los "derechos y las condiciones laborales", aunque los posconvergentes indican que los funcionarios de habilitación estatal deberán obtener una nueva destinación según la ley.

Ciutadans, por su parte, quiere dejar la puerta abierta a la posibilidad de "ampliar en otros territorios de Catalunya que lo soliciten" la misma supresión, en su defensa de la racionalización de la instituciones.