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RESPUESTA A LA DECISIÓN JUDICIAL

El fiscal recurre el archivo de las querellas contra los Mossos por espionaje

Un juez de Barcelona dio carpetazo al caso al entender que no se investigó por motivos políticos

La acusación particular reclama que la policía catalana determine qué agente hicieron los seguimientos

J. G. Albalat

La Policía Nacional impide a los Mossos quemar documentos en la incineradora de Sant Adrià, el 26 de octubre del 2017.

La Policía Nacional impide a los Mossos quemar documentos en la incineradora de Sant Adrià, el 26 de octubre del 2017. / RICARD FADRIQUE

La Fiscalía de Barcelona ha presentado un recurso de apelación directo, es decir a la Audiencia de Barcelona, a la decisión del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona de archivar la causa por presunto espionaje político de los Mossos d'Esquadra, según han confirmado a este diario fuentes del ministerio público.  El escrito, que como es habitual en estos trámites no ha sido facilitado por la fiscalía, sostiene que debe reabrirse la causa.

La acusación particular ha solicitado también que continúe las pesquisas, así como la práctica de determinadas pruebas, entre otra la declaración como testigo de un comisario de la Policía Nacional que firmó el documento dónde se analizaba el análisis de los documentos que los Mossos d'Esquadra pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià del Besos. También reclama que los Mossos determine qué agentes realizaron seguimientos y averiguaciones personales de periodistas, miembros de organizaciones constitucionalista, sindicalistas de la misma policía catalana y abogados.   

El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona archivó las querellas presentadas por sindicalistas de Mossos, políticos, periodistas y personalidades por ser víctimas de un presunto espionaje, al rechazar que las investigaciones se hicieran por "motivos de carácter político".

Este juzgado aglutinó varias querellas presentadas por el abogado José María Fuster-Fabra en su propio nombre y en el de otros afectados, después de que se hicieran públicos informes de la Comisaría General de Información de los Mossos que se iban a quemar en la incineradora de Sant Adrià de Besòs, cuando fueron interceptados en una operación de la Policía Nacional.

El juzgado considera que sí se recabaron informaciones y se hicieron investigaciones sobre estas personas para "obtener el máximo de información esencial de toda policía sobre la actuación de personas que por su significación sociopolítica pudieran, en un momento especialmente vulnerable, devenir autores o partícipes en incidentes con afectación del orden público o devenir víctimas de estos incidentes". A la vez, hace mención a que los datos se obtuvieron de forma legal.

La veintena de personas querelladas también han recurrido el archivo de la causa por parte del Instrucción 22 al considerar que el cuerpo investigó "con fines políticos" a personas cuyo único nexo es que son constitucionalistas.