El juez concluye la investigación del pelotazo de Arganda de la Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sigue avanzando en la investigación del 'caso Gürtel'. Este miércoles ha dado por concluida la instrucción de la última pieza aún abierta por las prácticas corruptas de la trama en municipios madrileños. Se trata de la relativa a Arganda del Rey, donde entre 1998 y 2009 quienes eran sus responsables municipales, constructores y Francisco Correa crearon un complejo entramado societario para obtener adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio de valiosos regalos.

En su auto el magistrado propone juzgar por ello a Correa, su número dos, Pablo Crespo, y otras 19 personas, entre los que están los constructores Alfonso García Pozuelo y Fenando Martín, por los delitos continuados de prevaricación, fraude a las administraciones públicos, cohecho pasivo y activo, falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

La resolución afirma que de forma ininterrumpida el grupo de Correa logró "enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales" de Arganda. Para ello fue contando progresivamente con autoridades y funcionarios públicos de la localidad, como quien era su alcalde, Ginés López, Benjamín Martín Vasco y Juan Fernández Caballero, y "llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey".

Según el juez, López recibió 545.328 euros en efectivo y regalos de la trama corrupta; Martín Vasco, 363.295, y Fernández, 13.7000. Añade que al menos los dos primeros convinieron con Correa y Crespo cobrar una comisión de 25 millones de euros por la adjudicación de 124 parcelas pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda.

Con esta resolución prácticamente solo quedan ya dos piezas en instrucción: la relativa a la financiación irregular del PP a través de su caja b, descubierta gracias a los papeles de su extesorero Luis Bárcenas, y la de los contratos menores firmados por la Generalitat Valenciana, en la que recientemente el magistrado ha imputado a Francisco Camps.