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EL AÑO QUE VIENE

Catalunya en el 2019: Doble juicio al 'procés'

Los tribunales y las urnas sentenciarán a los líderes del 1-O y al Govern de Quim Torra a mediados de año

El cisma independentista enfría la opción de convocar elecciones tras las previsibles condenas del Supremo

Jose Rico

El magistrado Manuel Marchena, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, en el Tribunal Supremo.

El magistrado Manuel Marchena, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, en el Tribunal Supremo. / EFE / BALLESTEROS

Igual que la energía, el 'procés' ni se crea ni se destruye; se transforma. Con su demostrada capacidad resiliente, el independentismo se propone hegemonizar también el debate político en Catalunya durante este 2019 en que la andadura hacia Ítaca alcanzará ya un septenio de tortuosa travesía. Pero pronto habrá que hacerle hueco a alguna otra imagen de trascendencia. En pocos días, Oriol Pujol se puede convertir en el primer miembro del multiimputado clan que ingresa en prisión para cumplir una condena firme, la que pactó con la fiscalía tras confesar sus corruptelas con las ITV.

Y con un periódico estado de alerta como telón de fondo, la justicia también deberá aclarar este año cómo se fraguó el zarpazo yihadista del 2017 en Barcelona y Cambrils, cuáles eran los (aún más) siniestros planes de la célula sepultados bajo los escombros en Alcanar, qué papel jugaron los tres únicos procesados, y el extremo más oscuro de la investigación: qué conexiones tenía el imán de Ripoll, cerebro de la masacre, con el CNI.

El gran punto de inflexión político del neonato año lo marcarán también los tribunales en plena canícula. La judicialización del 'procés' emprendida por el extinto Gobierno del PP culmina con el juicio a los 'fets d’octubre' del 2017, que se iniciará en pocas semanas y cuyo veredicto no se espera antes de junio. El Tribunal Supremo, minado por el descrédito general del poder judicial, tendrá la papeleta de demostrar la verosimilitud de la controvertida obcecación del juez instructor y de la fiscalía: que los líderes del 1-O y la DUI cometieron el mismo delito que Antonio Tejero el 23-F pese a no haber llamado ni una sola vez a la violencia.

Elecciones no tan claras

Las abultadas penas a las que se enfrentan parecen el preludio de unas condenas que determinarán el futuro no solo de los políticos que llevan 14 meses en prisión preventiva, sino también del frágil Govern de Quim Torra y de la yerma legislatura parlamentaria, que aún no ha visto alumbrar ni una sola ley. Hace unos meses era más predecible que ahora que la respuesta a esa sentencia judicial serían unas elecciones autonómicas.

Unas hipotéticas condenas a prisión podrían ser el único ungüento eficaz para unir de nuevo las piezas del rompecabezas independentista, malherido por el disenso entre el pragmatismo que ruegan ERC y Òmnium y el rupturismo que alientan JxCat en Palau y la ANC y los CDR en la calle. Disenso que, entre otras consecuencias, ha dejado a los socios del Ejecutivo sin mayoría estable en el Parlament y, presumiblemente, sin presupuestos para el 2019.

Pero incluso en un escenario electoral favorable como serían unas severas condenas judiciales, ninguno de los actores del secesionismo tiene la certeza de que las urnas les otorgasen el tan anhelado 50% de los votos, máxime cuando el tablero por el que zigzaguea sin estrategia unitaria el Govern de Torra está plagado, de aquí al veredicto del Supremo, de otras turbulencias que pueden ahondar la fractura interna.

La más importante tiene desde hace tiempo fecha fijada: 26 de mayo. Las elecciones municipales y europeas serán el primer examen de la 'era Torra' y otra oportunidad de exhibir músculo para el conjunto del soberanismo, que pondrá en juego 700 alcaldías, 6.000 concejales, la reválida del simbólico triunfo europeo y la conquista de Barcelona como gran meta. Al otro lado del tablero, esos comicios supondrán la prueba de fuego para comprobar si el bloque constitucionalista es capaz de aplacar en Catalunya los vientos ultraderechistas que han empezado a soplar con fuerza por el sur de España.

Diálogo vs. CDR

Resulta sencillo aventurar otra campaña electoral dicotómica entre adeptos y desafectos a la república catalana, pero el terreno será igual de propicio para nuevos choques entre las distintas almas que conviven en el bloque independentista, que para entonces ya habrá decidido si, a través de los Presupuestos del Estado, brinda suficiente oxígeno al presidente Pedro Sánchez para poder agotar su también endeble legislatura.

El poderoso influjo de Waterloo y de Lledoners, con sus pulsiones unilaterales, y la presión radical de los CDR se dan de bruces con la idoneidad de no romper la baraja mientras el jugador de enfrente, el Gobierno del PSOE, mantiene tendida la mano, y más cuando las derechas esperan agazapadas su turno con el 155 en la mano. De ahí que algunos sectores soberanistas hayan sonreído y otros hayan fruncido el ceño tras el último movimiento contemporizador de Torra: el compromiso escrito de anclarse al diálogo con el Ejecutivo central dentro de las costuras legales.

La jugada apenas deja margen al presidente de la Generalitat para veleidades rupturistas, más allá de las continuas soflamas verbales que a buen seguro seguirán elevándose en octanos en los próximos meses. Pero el 'pacto de Pedralbes' también empuja a Sánchez a pasar de las palabras a los hechos y modelar una tercera vía convincente, algo que tras el bofetón andaluz a las izquierdas entraña gigantescos riesgos para el socialismo. Así que, pese al deshielo, en el horizonte se otean más nubes que claros.

Si escampa o arrecia la mar arbolada dependerá en buena medida del rumbo que tome la abigarrada madeja en que se ha convertido la posconvergencia tras el motín de Carles Puigdemont en el PDECat. La Crida prevé nacer el 26 de enero sin haber exorcizado el peligro de escisión en la formación heredera de CDC, aunque la eclosión de la nueva marca se cuece a fuego más lento del que sus obradores anhelaban.