Madrid quiere recuperar las viviendas vendidas a los 'fondos buitres'

El Ayuntamiento de Madrid estudia denunciar la venta de 1.860 viviendas públicas en 2013 y pedir su nulidad, a la vista de la sentencia en la que el Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis ediles a pagar 22,7 millones por esa enajenación.La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, explicó que iniciarían este proceso por segunda vez, pues tuvieron que archivarlo en abril cuando un informe del consejo a

El gobierno de Manuela Carmena espera que la postura autonómica cambie a la vista del fallo. Además, se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas al considerar que el perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo, de 27,5 millones de euros, aunque celebra que el Tribunal concluya que la venta fue ilegal por no contar con publicidad y concurrencia y cerrarse por debajo del valor contable.

El consistorio cifró el menoscabo en 127 millones de euros y, en un cálculo subsidiario que solo analizaba el valor catastral, en más de 50 millones de euros. Higueras ha recordado que el consistorio está personado en el procedimiento penal iniciado por el PSOE en 2013 y reabierto en 2017 tras ser archivado, en el que se exigen responsabilidades penales por la venta de las viviendas.

Además de esperar que el Ejecutivo autonómico varíe su posición, Higueras ha pedido lo propio a Ciudadanos, que tras apoyar la comisión de investigación sobre esta venta se abstuvo en la votación del dictamen que concluyó que había sido ilegal y lesiva.

El gobierno de Carmena ha subrayado que "el problema de las 1.800 familias no está resuelto". "Disfrutaban de un alquiler social que lo único que iba a cambiar según Botella era el casero" y a día de hoy "hay familias que no pueden pagar el nuevo recibo" del alquiler pedido por los nuevos propietarios y otras que "han sido desahuciadas", ha señalado Higueras.

El actual consistorio modificó el estatuto de la empresa municipal de la vivienda para vetar la venta de pisos públicos, además de limitar el precio del alquiler en función de la renta del inquilino, por lo que este caso no podría volver a ocurrir.

Tras conocer el fallo, el presidente regional, Ángel Garrido, ha considerado que no deben formalizarse ventas de vivienda pública a fondos de inversión, como hizo el gobierno de Ana Botella, y ha recordado que en este mandato se ha vetado esa posibilidad en el acuerdo regional entre PP y Ciudadanos. Garrido, quien en 2013 era uno de los ediles de Botella pero no formaba parte de su Junta de Gobierno, ha añadido que el Ejecutivo regional esperará a que el fallo sea firme para emitir una opinión.