Ana Botella, condenada por la venta de pisos sociales a fondos buitre

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por la venta por el Ayuntamiento de Madrid en 2013 de 18 promociones inmobiliarias, que incluían 1.860 viviendas públicas protegidas, a dos 'fondos buitre' de Blackstone, el mayor casero de España. El órgano fiscalizador condena a Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones por malvender la vivienda social madrileña por debajo del precio contable y de mercado.

Se trata, además de la exalcaldesa, de los miembros de su equipo de Gobierno que tuvieron responsabilidad en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS): Concepción Dancausa (que luego fue delegada del Gobierno en Madrid); Paz González, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito (altos cargos del actual Gobierno regional), Dolores Navarro y Pedro del Corral, que es sigue siendo concejal en Madrid. La sentencia, dictada este jueves, pero dada a conocer este viernes, también condena al consejero delegado de la EMVS en 2013, Fermín Oslé Uranga, a pagar 3.040.000 euros.

La resolución les declara responsables contables de un menoscabo a los fondos públicos provocado por esta operación que se cifra en 25,7 millones de euros, de los que tendrán que abonar de forma solidaria un total de 22,7 millones.

El Tribunal de Cuentas declara probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y lo que todavía es peor, se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, e incluso del del mercado.

El papel de la corporación

Los entonces ediles y la exalcaldesa "no advirtieron ni evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público".

"Sin perjuicio del dolo", añade el tribunal haciendo referencia a la intención de provocar daño, "incurrieron al menos en negligencia grave (...), pues no previeron ni impidieron el perjuicio en el patrimonio público" y no cumplieron "el grado de diligencia que les era exigible en su calidad de administradores públicos".

El procedimiento por responsabilidad contable se inició a instancias del Ejecutivo de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que en noviembre de 2017 denunció que la venta había causado un perjuicio a las arcas municipales que cifraba en 127 millones.

Recursos por ambos lados

Todos los condenados han anunciado en un comunicado que recurrirán la sentencia, que no es firme, y se han escudado en que en su día la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable. En su escrito sostienen que "la anterior Junta de Gobierno", la ahora condenada, "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas", de la que responsabilizan exclusivamente a la empresa municipal.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo de Manuela Carmena también se está planteando recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas, porque considera que perjuicio al erario público municipal es aún mayor que el establecido por el fallo, que asciende a 27,5 millones de euros. En cualquier caso, el Ayuntamiento madrileña celebra la resolución, al destacar que declara problado que la forma en la que se enajenaron las viviendas fue ilegal al no contar con publicidad y hacerse por debajo del valor contable y el precio de mercado.  

Además, el Consistorio estudia ahora la posiblidad de tratar de iniciar un nuevo proceso judicial para pedir la nulidad de la venta. La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado en rueda de prensa que sería la segunda vez que se inicia este proceso, pues el anterior tuvo que archivarse debido a que un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, que era vinculante, se posicionó en contra. Sin embargo, confía en que a la vista del fallo la posición cambie.

Así lo justificó la exalcaldesa

Botella justificó en su día esta operación en la necesidad de garantizar la permanencia de la empresa pública y asegurar "el futuro de la vivienda social". Fue en un pleno celebrado en abril de 2016 por la enajenación de viviendas públicas que ya entonces fue muy criticado por la oposición. El PSOE, entonces liderado por Jaime Lissavetzky, llegó a llevarlo a los tribunales.

A los temores de que algunos de los inquilinos de estas viviendas fueran desahuciados, como después acabó ocurriendo, Botella respondió asegurando que con este tipo de operaciones "sólo cambiaba el casero", de tal modo que los inquilinos mantenían "sus derechos y obligaciones" independientemente de que sus pisos ahora pertenecieran a un fondo buitre.